Periodista y editora internacional.
La política migratoria de la administración Trump está produciendo un cambio estructural profundo en los flujos poblacionales regionales. México deja de ser un país de tránsito para convertirse en un destino final para miles de migrantes; este fenómeno es una consecuencia directa y previsible de la agenda de «securitización» de la migración impulsada por Washington, que incluye presiones a terceros países y restricciones extremas en la frontera norte.
Sin embargo, el efecto es doble: por un lado, internaliza y regionaliza la crisis humanitaria, trasladando la presión de Estados Unidos hacia las ciudades latinoamericanas; por otro, complejiza la gestión interna para países como México, que deberá absorber desafíos de integración social, laboral y de servicios sin los recursos o marcos de cooperación regional adecuados, más aún tras la eliminación del USAID. Esta tendencia consolidará durante 2026 un panorama donde la movilidad humana será manejada principalmente como un problema de seguridad y contención, en detrimento de enfoques basados en derechos y desarrollo.
En paralelo, la crisis regresa a Bolivia tras la brevísima luna de miel del nuevo gobierno que puso fin a 20 años del MAS. El decreto que eliminó el subsidio a los combustibles se consolida como una confrontación abierta entre el gobierno y los actores sociales organizados. La Central Obrera Boliviana (COB) ha fijado una posición inflexible de cara al diálogo del primer lunes del año 2026, exigiendo no sólo modificaciones al mismo sino la abrogación total del decreto 5503 y una nueva norma consensuada.
Así, el conflicto se traslada desde el ámbito de las protestas callejeras dando legitimidad política y afectando la gobernabilidad; Paz carece de margen de maniobra fiscal para ceder. El resultado es la institucionalización del conflicto, con paros, movilizaciones recurrentes y un desgaste acelerado de la autoridad presidencial. Este escenario confirma la prospectiva de análisis anteriores en que los ajustes económicos rápidos en la región generarían inestabilidad social severa y prolongada durante 2026, consumiendo la capacidad de gobierno y generando nuevos focos de tensión interna.
Finalmente, Nicolás Maduro no ha confirmado la veracidad del ataque con drones confirmado por EE.UU y Colombia contra una instalaciones en suelo venezolano, limitándose sólo a anunciar públicamente su disposición a alcanzar un acuerdo antinarcótico con Washington.
Esta declaración, transmitida por el canal estatal VTV, podría ser un intento para desactivar el principal casus belli esgrimido por la administración Trump para justificar su despliegue militar y acciones unilaterales llevadas a cabo hasta hoy y que alcanzan más de un centenar de muertos.
¿Evalúa Caracas que la escalada militar directa es insostenible? Todo parece indicar que busca reencauzar el conflicto hacia un marco diplomático, donde podría negociar algún alivio a la presión a cambio de concesiones en materia de seguridad. Sin embargo, la efectividad y resultados de esta oferta es bastante limitada, dado que EE.UU designa al propio gobierno venezolano como parte de una «red de narcotráfico».
La propuesta de Maduro prueba la voluntad de Washington: si la prioridad es el cambio de régimen, la oferta será rechazada; si existe espacio para un quid pro quo operativo, podría abrirse una fase de negociación tensa e incierta.
