A continuación, damos a conocer la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de Chile sobre el conflicto palestino-israelí:
“En relación al conflicto palestino-israelí, la Comisión Chilena de Derechos Humanos quiere expresar su preocupación por la falta de eficacia de Naciones Unidas en su deber de hacer cumplir las resoluciones que sus propios órganos han emitido desde la partición de Palestina decretada por la Asamblea General, en 1947.
En efecto, del análisis de las más importantes Resoluciones emanadas tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad de la ONU, se puede constatar que el Estado de Israel, al violar flagrantemente cada una de ellas, ha impedido el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, a través de la comisión de crímenes de guerra sancionados por el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario, generando de paso un serio obstáculo para la paz en la región.
Es así como, desde el incumplimiento de la Resolución 194, de 1948, que estableció el derecho al retorno a sus territorios y a una compensación económica a los más de 800.000 refugiados palestinos que fueron expulsados de sus territorios a raíz de la partición de Palestina en 1947, el Estado de Israel ha seguido incumpliendo los mandatos de la comunidad internacional, especialmente la Resolución 242, adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, con fecha 22 de noviembre de 1967, la que luego de insistir en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra, afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio, la cual incluya el retiro de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto;
Además, de la lectura de las demás Resoluciones, se puede constatar que Naciones Unidas denomina al Estado de Israel como Estado ocupante ilegal de los territorios palestinos, al recordar la obligación de Israel, “la potencia ocupante”, de cumplir la Cuarta Convención de Ginebra en los territorios ocupados, especialmente su artículo 27, por el que debe garantizar la protección de los civiles.
Asimismo, luego de establecer con claridad que la Franja de Gaza “constituye una parte integral del territorio ocupado desde 1967 y formará parte del Estado palestino”, condena las medidas que “alteran la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967”: la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos.
Afirma que los asentamientos israelíes en territorio Palestino no tienen validez legal y “constituyen una flagrante violación del derecho internacional”.
A lo señalado precedentemente, debe agregarse el cerco inhumano a que está siendo sometida la Franja de Gaza, un territorio de sólo 360.000 metros cuadrados, en los que viven más de dos millones de palestinos, bajo el asedio del ejército ocupante israelí, bajo un sistema de apartheid constitutivo de un crimen internacional que se comete a diario bajo la mirada impávida de la comunidad internacional y una inaceptable impunidad.
Ese es el contexto que debe considerarse al momento de analizar los lamentables hechos ocurridos el pasado 6 de octubre pasado, a propósito de la incursión armada realizada por el grupo Hamas.
Reiteramos que la matanza de civiles está sancionada como crimen de guerra por el Derecho Internacional, y la normalización de esta conducta ilícita no puede ser aceptada por parte de la comunidad internacional luego de 75 años de la ilegal ocupación por parte del Estado de Israel, que ha traído como consecuencia la muerte de miles de civiles inocentes palestinos.
Por último, las declaraciones emitidas por varios Ministros del Gobierno israelí, denotan que lo que está en curso actualmente no es una operación de rescate de rehenes, ó un acto de justicia retributiva, sino una condenable operación de “limpieza étnica”, constitutiva del crimen de genocidio, dirigida en contra del pueblo palestino.
Junto con lamentar que los medios de comunicación chilenos no tengan una cobertura objetiva y apegada a los hechos con el fin de informar debidamente, hacemos un llamado al Gobierno chileno a asumir una posición firme de exigencia del cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas y el respeto al Derecho Internacional, y por tanto, junto con demandar el término de la ocupación israelí de los territorios palestinos, hacer todos los esfuerzos por activar todos los medios que provee el sistema de Naciones Unidas, a objeto de detener la escalada de violencia en curso e impedir que la operación militar terrestre anunciada por el Gobierno israelí desencadene una nueva violación del Derecho Internacional y una consecuente grave crisis humanitaria, con alto costo en vidas humanas, particularmente de civiles palestinos que viven en la franja de Gaza”.
