Periodista y editora internacional.
El reciente anuncio del gobierno estadounidense sobre un posible despliegue militar en América del Sur plantea interrogantes profundas para la región. Ya que, lejos de ser una medida aislada, podría alterar el equilibrio estratégico que Chile ha cultivado por décadas. Ante este escenario, nuestra respuesta debe combinar principios inquebrantables con pragmatismo diplomático.
La grandeza de la política exterior chilena se mide en momentos como este. Frente a la tentación de la fuerza, respondamos con la fortaleza de las instituciones, el diálogo y una visión compartida de prosperidad. América Latina merece soluciones, no soldados.
La soberanía no es negociable
Primero. El derecho internacional es claro: la intervención militar unilateral no está permitido y contradice la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.
Segundo. El anuncio de Donald Trump de enviar tropas a combatir el narcotráfico en América Latina no es sólo una bravata política. Es la resurrección de la “guerra contra el terrorismo” post 11-S, con otro nombre: “guerra contra las drogas”. Y Chile, aunque lejos del mapa mental de Washington, sufrirá el impacto como un organismo sano en un barrio infectado: la enfermedad ajena termina en su puerta.
La soberanía latinoamericana ha sido reducida a un obstáculo logístico. Si México grita «¡Jamás!» y pequeños estados centroamericanos ceden bajo presión, se fractura el principio sagrado de no intervención.
¿Trump persigue sólo cárteles de droga? ¿Busca terroristas? O más bien, ¿ejerce un músculo imperial olvidado? ¿Somos culpables del ingreso de drogas a territorio norteamericano? ¿Eso justifica violación de soberanía y la incursion militar a países de la región? El argumento que ha expuesto el presidente de Estados Unidos es que se trata de un tema de seguridad nacional: “Es nuestro problema si afecta nuestras fronteras”.
Un mundo peor
Imaginen el escenario: operaciones militares en Perú o Colombia desplazan cárteles hacia rutas menos vigiladas. El Cono Sur, con su relativa estabilidad, se convierte en refugio. Ya vemos narcoviolencia en Antofagasta o Arica; esto sería gasolina al fuego. Las fronteras que antaño eran pasos comerciales y turísticos, hoy exigen muros y radares. Para nadie es un secreto que los recursos destinados a salud o educación ahora serán destinados a blindar las fronteras, especialmente en puntos críticos y de presión migratoria.
La economía chilena pagará otro precio invisible. ¿Qué inversionista arriesga capital en una región donde drones estadounidenses bombardean a grupos humanos y los carteles responden con terror urbano? Los TLCs no sobreviven a Estados fallidos. Y cuando Bolivia o Perú se sumen a la crisis migratoria y económica —como ya ocurrió con Venezuela—, Chile asumirá los costos humanitarios y consecuencias a su tejido social.
Mientras EE.UU. impone su narrativa bélica, América Latina se divide. Chile queda atrapado en la encrucijada: ¿condena la violación a la soberanía y arriesga represalias comerciales, o calla y traiciona su tradición de respeto al derecho internacional? El silencio sería cómplice. La oportunidad para China y Rusia —ofreciendo «cooperación sin marines»— asomaría como una alternativa para la paz y el crecimiento.
La solución no está en más fusiles
El 90% de las armas de los cárteles vienen de EE.UU. Su epidemia de opioides es el motor del negocio. Mientras no atajen lavado de dinero en Miami o ventas de armas en Texas, esta «guerra» es teatro, un simple show.
Ante este escenario, Chile podría liderar la resistencia diplomática. Unir a México y Brasil en un frente común en la OEA. Exigir a EE.UU. corresponsabilidad: que su «lucha» comience por desmantelar bancos que blanquean dinero narco y farmacéuticas que inundan barrios con fentanilo. Nuestra región no necesita soldados extranjeros, sino alianzas contra un enemigo real: la hipocresía que exporta violencia mientras niega su culpa y responsabilidad.
La estabilidad de Chile comienza en Arica, pero se defiende en Bogotá, Lima y Ciudad de México. Si aceptamos que América Latina sea el campo de batalla de Trump, mañana los misiles —reales o geopolíticos— caerán más al sur.
Chile, con su tradición de respeto al derecho internacional, tiene la responsabilidad de alzar una voz serena pero inequívoca: la cooperación en seguridad se basa en el respeto mutuo y nunca (más) debe vulnerar la autodeterminación, la soberanía, ni los derechos humanos. Este es Chile, no Estados Unidos ni Venezuela, ni China ni la UE. La seguridad no puede violar nuestra libertad e independencia.
La “guerra contra el terrorismo” de inicios de siglo XXI demostró que las tropas extranjeras y los mercenarios sólo llevan destrucción, saqueo de recursos y pobreza a los países. La efectividad sólo se logra con instituciones fortalecidas y colaboración internacional. La guerra sólo trae más guerra, no la paz.
Hacia una seguridad compartida
Este anuncio no debe leerse como una derrota, sino como una llamada a la acción diplomática. Chile posee el capital político para articular una respuesta latinoamericana constructiva. Nuestro interés nacional exige defender la soberanía sin ambigüedades; ofrecer alternativas viables de cooperación; y, especialmente, recordar a EE.UU. que su seguridad – al igual que la nuestra- depende de la estabilidad regional, no de operaciones contraproducentes que podrían dañar profundamente lo que hemos avanzado hasta ahora.
La complejidad de la transnacionalización del crimen organizado exige soluciones multilaterales. El modelo de «guerra» militarizada fracasó en Colombia y sólo profundizó la violencia. Chile podría abogar, por ejemplo, por un enfoque alternativo junto a México y Brasil para crear un «eje de contención diplomática” para articular soluciones a nivel continental.
