Doctrina Monroe del siglo XXI : un desafío a la soberanía latinoamericana

Cyntia Otey

Periodista y editora internacional.

La cumbre «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas) convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su resort privado y club de golf de Doral, Florida, con la participación de 12 mandatarios regionales, expone una serie de preguntas y desafíos en materia de relaciones hemisféricas.

Este encuentro marca la revitalización explícita de la Doctrina Monroe bajo una nueva retórica de seguridad, buscando establecer una alianza militar para combatir el narcotráfico que en la práctica margina a actores tan importantes a nivel regional como Brasil, México y Colombia, y sustituye de facto a las Cumbres de las Américas y a la OEA como foros de diálogo regional.

Recordemos que la Organización de Estados Americanos (OEA) -creada el 30 de abril de 1948– es el principal foro político regional, establecido para fortalecer la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Está compuesta por los 35 estados independientes de las Américas, establecidos tras la firma de la Carta de la OEAy, en conjunto, albergan casi 1.000 millones de personas.

La declaración de Trump frente a mandatarios latinoamericanos sobre el control de México por los cárteles y su amenaza de «desatar el poderío militar» evidencian una concepción intervencionista que reduce la soberanía de nuestros Estados a meras concesiones operativas dentro de una estrategia diseñada por Estados Unidos y para Estados Unidos.

¿Esta nueva arquitectura de seguridad hemisférica, inaugurada en Florida, busca opacar instituciones multilaterales que, aunque debilitadas, están activas y vigentes? Esto establece un precedente peligroso de coaliciones ad hoc que operan al margen del derecho internacional. ¿Por qué optan por ese camino? ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Son acaso incompatibles con el DDII público?

Al identificar a los cárteles como amenazas que requieren respuesta militar y excluir precisamente a los países más afectados por su accionar, la administración Trump exporta su doctrina de seguridad nacional sin considerar las complejidades políticas, sociales e institucionales de cada país.

Para América Latina, el desafío inmediato es doble: resistir la presión de integrar alianzas que comprometan su soberanía, mientras se construyen mecanismos regionales autónomos para abordar problemas comunes. La interrogante fundamental que surge es cómo preservar la capacidad de decisión nacional frente a un poder hegemónico que ya no disimula sus intenciones intervencionistas y que encuentra en algunos gobiernos de la región aliados dispuestos a subordinar sus intereses estratégicos a los designios de Washington.

La decisión de Chile de integrar esta coalición militar, de concretarse, implicaría un viraje profundo en su política exterior y plantea interrogantes sobre la coherencia entre los compromisos adquiridos en Doral y las atribuciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, cuya misión institucional no incluye el combate al narcotráfico en los términos planteados por la alianza.

La ausencia de claridad sobre si el futuro gobierno suscribirá acciones que podrían implicar operaciones militares en territorio soberano de países como México —socio histórico de Chile— genera una preocupación que trasciende las diferencias partidarias. El Congreso Nacional enfrenta el desafío de pronunciarse sobre las implicancias constitucionales de un acuerdo que podría comprometer la autonomía de la política exterior chilena y subordinar decisiones de seguridad nacional a una estrategia definida unilateralmente desde Washington.