Periodista y editora internacional.
A una semana de las elecciones generales, Costa Rica vive un momento histórico que podría redefinir una democracia que tradicionalmente ha sido comparada con la suiza por su estabilidad institucional. El país que fue modelo democrático regional vota con la sombra del narcotráfico y la polarización sobre las urnas, en lo que podría ser su elección más determinante en décadas.
Los costarricenses elegirán este 1 de febrero además de presidente, elegirán a sus vicepresidentes y 57 diputados, en una campaña atípica, marcada por el silencio de las calles porque la batalla electoral cambió de escenario: la innovación de esta elección está en lo digital. En las oficinas del oficialismo, jóvenes analistas monitorean redes sociales, donde la batalla es feroz. “La televisión ya no importa”, afirman. Los mensajes son simples y repetitivos: seguridad, orden, cambio. Y funcionan. Mientras la oposición debate complejidades institucionales, el oficialismo ofrece soluciones simples a problemas complejos, creando un clima de «fanatismo» donde predominan las emociones sobre los programas de gobierno. Además, esta polarización con eco digital se ha intensificado con los fallidos intentos de retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, quien denunció un «golpe de Estado judicial».
Las encuestas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y OPol Consultores colocan a la candidata oficialista Laura Fernández al borde de una victoria en primera vuelta, con entre el 40% y 43.2% de la intención de voto. Sin embargo, este panorama está lejos de ser claro. Un estudio anterior del CIEP/UCR (diciembre) mostraba que su ventaja inicial del 30% entre votantes decididos se diluía ante un 45% de indecisos, cifra que, si bien ha bajado al 32%, mantiene la contienda en vilo.
La incertidumbre es el elemento característico de esta contienda, tal como ocurrió en 2025 y esperamos ocurra durante este decisivo 2026. Su posibilidad de victoria en primera vuelta depende crucialmente de un factor: la transferencia de apoyo del presidente saliente Rodrigo Chaves.
El “chavismo” oficialista mantiene un alto apoyo cercano al 60%, y si logra traspasar a Fernández aproximadamente la mitad de ese respaldo (un 30%), la ubicaría en posición de competir por una victoria en primera ronda. Sin embargo, el escenario es complejo e incierto aún, con 20 candidatos en contienda, es matemáticamente difícil que alguien alcance el 40% necesario para evitar una segunda vuelta. Esto convierte la lucha por el segundo lugar en la verdadera incógnita del proceso, ya que quien lo obtenga disputaría la presidencia con Fernández en una eventual segunda vuelta, en un país altamente polarizado.
Un dato interesante a atender será que el padrón electoral incluye a más de 600.000 personas mayores de 65 años (16.1% del total), un grupo con memoria histórica de la estabilidad democrática y necesidades urgentes de protección social. Su voto podría ser decisivo para inclinar la balanza entre el miedo a la violencia y la preservación de la tradición institucional en un país que según el índice de The Economist ubica a Costa Rica como la segunda democracia más sólida de América Latina.
El narcotráfico: un miedo común
La inseguridad es el factor determinante para el 42.4% de los votantes, según el CIEP/UCR. Con una tasa de homicidios que se duplicó en una década (16.7 por cada 100,000 habitantes en 2025), el narcotráfico ha transformado la realidad del país.
La candidata oficialista se ha posicionado con un discurso de «mano dura» contra la creciente violencia ligada al narcotráfico, inspirada en la guerra contra las pandillas del también centroamericano, Nayib Bukele, cuya reciente visita para inaugurar los planos de una cárcel de alta seguridad fue interpretada como un endoso político.
A una semana de las elecciones, el Tribunal Supremo (TSE) ya inició la distribución del material electoral para las más de 7.150 juntas receptoras de votos, en un operativo logístico de alta complejidad custodiado por la Fuerza Pública. Mientras, la Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por el uruguayo Ope Pasquet e integrada por 27 expertos de 15 nacionalidades, monitorea el proceso, con el apoyo financiero de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Perú y Suiza.
