Periodista y editora internacional.
La dramática escena de una fila de 27 hombres arrestados, sin camisa y con la cabeza gacha, en el complejo de la Penha, es una imagen que difícilmente se olvida. Es un símbolo de fuerza, pero también de sometimiento. Esta instantánea encapsula el dilema central que plantea la megaoperación del 28 de octubre en Río de Janeiro: ¿Hasta dónde puede y debe llegar el Estado para proteger a sus ciudadanos de una amenaza criminal tan consolidada y violenta como el Comando Vermelho?
Para entender la magnitud de la respuesta estatal, es crucial conocer la naturaleza del enemigo.
El Comando Vermelho (CV) no nació ayer. Sus raíces se remontan a la década de 1970, en las cárceles de la dictadura militar brasileña, donde presos políticos de izquierda y delincuentes comunes se mezclaron, dando forma a una organización con una estructura jerárquica y un código de conducta. Tras su consolidación, el CV se expandió desde las prisiones a las favelas de Río, estableciendo un control territorial basado en el narcotráfico y la imposición de su ley mediante la violencia extrema.
Hoy, al igual que otras organizaciones regionales que bien conocemos en Chile, como el Tren de Aragua, Rio de Janeiro combate de manera directa a un conglomerado criminal altamente violento; una empresa transnacional del crimen que mantiene un férreo control territorial. Es un poder paralelo que secuestra la soberanía del Estado y somete a los ciudadanos a una vida de miedo y extorsión. Y sólo en Brasil, se estima que 28.5 millones de personas viven en áreas bajo la influencia de estos grupos.
El crimen organizado: un negocio rentable
Hace muchos años que su negocio ya no es sólo la cocaína: se ha diversificado hacia el tráfico de armas, la minería ilegal en el Amazonas, el control de servicios públicos en las favelas y el lavado de dinero a una escala industrial, tal como lo demostró la operación “Carbono Oculto” que reveló flujos financieros sospechosos por 52 mil millones de reales, demostrando que el crimen organizado es hoy una de las mayores empresas de Brasil.
Frente a esta realidad, la pregunta no es si el Estado debe actuar, sino cómo. Es legítimo que el Estado emplee una fuerza contundente para desarticular estas células. Los ciudadanos, quienes durante años han sido rehenes del fuego cruzado, extorsionados y sometidos a la ley del silencio, tienen un derecho primordial a la seguridad.
El gobernador Castro, principal responsable de esta operación, afirma que el Estado no puede ser un espectador cuando grupos armados desafían abiertamente su monopolio de la fuerza. Desde esa óptica, la protección de los inocentes justifica, en principio, una acción decisiva.
La sombra de los excesos: cuando la fuerza se vuelve brutalidad
La operación del 28 de octubre fue una respuesta a un año de inteligencia contra una facción que había militarizado el territorio. Los enfrentamientos no fueron escaramuzas; fueron combates urbanos donde los agentes se enfrentaron a drones-bomba, barricadas con autobuses y un volumen de fuego de alto poder. La muerte de cuatro policías atestigua la ferocidad del enfrentamiento.
Sin embargo, la legitimidad del objetivo no absuelve automáticamente la brutalidad de los medios utilizados. Aquí es donde la operación genera una profunda preocupación. Las imágenes de los detenidos humillados, las denuncias de vecinos sobre ejecuciones sumarias —personas con disparos en la nuca— y el testimonio desgarrador de una madre que asegura que su hijo fue decapitado y su cabeza colgada como «trofeo», pintan un cuadro de posible barbarie.
Si el Estado, en su lucha por imponer la ley, la pisotea, ¿en qué se diferencia del enemigo que dice combatir? La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se declaró «horrorizada» por una razón.
La eficacia policial no puede medirse sólo por el número de bajas enemigas, sino por la capacidad de desmantelar redes con inteligencia, preservando la vida de los inocentes y respetando el debido proceso.
Brasil necesita condenar a los líderes criminales, no sólo matar a los soldados del Comando Vermelho o de cualquier otra red criminal. Lo mismo aplica para los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra “narcolanchas”.
Las políticas de “mano dura”, aunque populares por su espectacularidad y efectistas en tiempos electorales, priorizan la cantidad sobre la justicia procesal y suelen ser contraproducentes, a mediano plazo ya que alimentan ciclos de violencia y legitiman el reclutamiento para activar operaciones de venganza.
Ante la espada y la balanza
El debate en Río de Janeiro no debe centrarse sólo en la defensa de los derechos humanos de los criminales, ni tampoco en el uso indiscriminado de la violencia estatal como justificación de seguridad a los ciudadanos. Sino que se trata de exigir que el Estado se defienda con la firmeza de una espada, pero también con la precisión de una balanza.
La operación contra el Comando Vermelho era necesaria, sin lugar a dudas. La presencia de un poder criminal tan atrincherado, violento y que disputa el control territorial, exige una respuesta contundente.
Pero el verdadero triunfo no será anunciar 130 sospechosos abatidos, sino demostrar que se actuó dentro de la ley, que se protegió a la población atrapada en el fuego cruzado y que se priorizó la desarticulación inteligente de la red sobre la aniquilación simple.
El camino para Río de Janeiro, y para Brasil, es tan complejo como la historia del Comando Vermelho: requiere una seguridad implacable, pero también una justicia impecable. Sólo así se podrá cortar el nudo gordiano que ata la violencia criminal con la desconfianza ciudadana hacia el Estado.
