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¿Qué pasa en Nicaragua?

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A mediados de agosto,  un grupo de jóvenes nicaragüenses de visita en el país, integrantes de la llamada “Caravana Internacional de Solidaridad e Información”, una iniciativa destinada a sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua, vivió en carne propia lo que los últimos sucesos de su país están provocando en las fuerzas progresistas no sólo de Chile: una división de opiniones, apoyos y lealtades particularmente dolorosa para los sectores de izquierda, por lo que significó el sandinismo y su revolución.

Durante un conversatorio en la explanada del Museo de la Solidaridad esos jóvenes vivieron, por una parte, la hostilidad de quienes aún mantienen en su retina la epopeya de los sandinistas derrotando a uno de los dictadores más brutales del continente, y por tanto reaccionan en la defensa a ultranza de la llamada Revolución Sandinista, amenazada -afirman- con un golpe de Estado por el “imperialismo” y otros oscuros intereses. Y al otro lado, la solidaridad de quienes están convencidos que el gobierno del otrora comandante y actual Presidente, Daniel Ortega, está violando -también de manera brutal-, los derechos humanos de  miles de ciudadanos que desde abril salieron a protestar a las calles.

Divisiones y protestas

“En tres meses, más de 300 nicaragüenses, en su mayoría hombres jóvenes, murieron asesinados. Otro tanto ha sido detenido y acusado sin debido proceso. Hay cientos de heridos y desaparecidos. Y la cuenta sube a diario”, narró hace poco la destacada poeta y novelista Gioconda Belli, vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1970 a 1994.

Todo comenzó cuando el pasado 18 de abril estallaron protestas de parte de estudiantes, trabajadores, pensionados y agrupaciones empresariales en contra del presidente de Nicaragua, a raíz del alza en el pago mensual de la seguridad social asociada a un aumento en la edad de jubilación. Tal fue la magnitud del estallido social que Ortega debió dar marcha atrás. Pero, aquello y el inicio -que terminó en fracaso- de un diálogo al que Ortega llamó a las fuerzas sociales que protestan, no calmaron las turbulencias.

¿Qué pasó para que desde adentro y afuera se dividieran las aguas de manera tan tajante? ¿Qué pasó con ese grupo de comandantes del sandinismo que lucharon y vencieron a la dictadura de Somoza? ¿Qué piensan, qué opinan, qué hacen?

De los nueve comandantes que formaron la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, su hermano Humberto Ortega, Víctor Tirado, Henry Ruiz, Jaime Wheelock y Luis Carrión tomaron distancia de las políticas y prácticas usadas por Ortega para asirse del control total del poder. Quedaron con él Bayardo Arce y Tomás Borge, ambos -se dice- muy implicados en negocios al menos dudosos. Carlos Núñez, falleció en 1990.

Por su parte, el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de la República en la década de los ochenta, los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal, las comandantes Dora María Téllez y Mónica Baltodano y la poetisa Gioconda Belli, lideran un gran contingente de hombres y mujeres que, reivindicando el sandinismo, se han apartado de un FSLN que aparece como propiedad de Ortega y su controvertida esposa y actual vicepresidenta de la nación, Rosario Murillo.

Luego de la derrota del sandinismo en 1990 Ortega entregó el poder después de perder las elecciones generales frente a Violeta Chamorro y retornó a la presidencia en el año 2007. El Frente se fracturó y en algunos casos, surgieron nuevas organizaciones

Una explicación

Por ejemplo, Mónica Baltodano, que fue parte de la lucha contra la dictadura en la clandestinidad, detenida, torturada, y que ocupó diferentes cargos durante la revolución se convirtió en dirigente del “Movimiento Rescate del Sandinismo”. De alguna manera, ella da algunas luces sobre lo que pasó con Daniel Ortega.

“Ortega, que había sido candidato a las elecciones de 1996, las pierde de nuevo, y partir de eso  hizo un viraje. Para mí es un viraje en el que realmente se pierde la revolución. Él argumenta que las masas ya estaban cansadas, que la resistencia no podía continuarse e hizo un pacto con el presidente de entonces -Arnoldo Alemán-, uno de los presidentes más corruptos de la historia de Nicaragua, que era antisandinista y provenía de las filas del antiguo somocismo, pero no era un oligarca de las élites más adineradas”.

Afirma que ese pacto tuvo como esencia el reparto de las instituciones, y un componente económico que fue “afianzar dos nuevos estamentos: fortalecer la burguesía con un sector emergente de Arnoldo Alemán y el sector emergente del orteguismo; antiguos sandinistas que se hicieron burgueses”. Cuenta que se trata de lo que se llamó “la piñata” que fue la apropiación privada de muchos bienes que eran de carácter colectivo o social  después de las elecciones de 1990. “La Piñata, que fue muy repudiada por los intelectuales o por figuras de la talla de Ernesto Cardenal, se constituyó en este nuevo sector de la burguesía, que es la burguesía orteguista”.

Los intereses de este nuevo sector convergen con la burguesía tradicional, “de manera que, en 2007 cuando llegamos a las elecciones, Daniel Ortega ya no es el revolucionario que se había conocido”. De hecho hizo una alianza con la parte más conservadora de la iglesia católica y abolió el aborto terapéutico que existía en Nicaragua desde el siglo XIX, cuenta la dirigente.

“Es más, toda su campaña, y su discurso giró alrededor de la paz y la reconciliación; la conciliación con los intereses de clase, sin abandonar un cierto discurso izquierdoso. Él gritaba que seguía siendo antiimperialista, sandinista. Eso, a mi manera de ver, es lo que ha confundido a nivel internacional a mucha gente de izquierda, y que también ha confundido a una parte de la base sandinista histórica que lo respalda”.

Una crisis no resuelta

Para los opositores a Ortega, estos tres últimos meses han evidenciado que en Nicaragua la economía cayó en la medida en que su principal aliado, Venezuela, se sumía en una crisis galopante institucional, económica y humanitaria. Sin dinero de por medio, los empresarios se han vuelto ahora críticos con el presidente. Pero, son los jóvenes los principales protagonistas de las revueltas. Y son ellos, según Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas principales de la represión.  

Veinticuatro horas después que la misión de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre el 18 de abril y el 18 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega suspendió la invitación oficial que le giró al organismo internacional, obligándolo a abandonar el país de inmediato.

En dicho informe, de 47 páginas, se afirma que “la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2.000 heridas”. Basándose en informes y testimonios, la misión concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos.

“Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”, indicó el informe. Y agregó: “La información obtenida por la OACNUDH aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como ‘fuerzas de choque’ o ‘turbas’, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada”.

Guillermo Fernández, coordinador de la misión de la OACNUDH en Nicaragua, al presentar el documento el pasado 29 de agosto ante periodistas nacionales y extranjeros, insistió que el informe fue el resultado de decenas de reuniones, centenares de entrevistas y de revisión de acceso a documentos incluso oficiales. “Se cumplió con la debida diligencia respecto a las fuentes y respecto a la veracidad y su contraste sobre lo recibido”, dijo el personero. Entre la documentación analizada están alrededor de 40 comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciando hechos de violencia contra policías y simpatizantes del gobierno. En esa oportunidad, Fernández lamentó que enfrentaran obstáculos a su labor de monitoreo sobre los derechos humanos, ya que nos les permitieron el acceso a los centros de detención –solo en una ocasión- y nos les dejaron desplazarse en misiones fuera de la capital.

La respuesta

Como era de esperarse, el rechazo total del Gobierno de Ortega a los informes de los dos organismos internacionales fue rotundo.

No sólo los acusa de falta de objetividad, sino que afirma que  “a partir del 18 de abril de 2018, se desarrollaron en nuestro país una serie de sucesos, encaminados a crear una situación de caos e inestabilidad social, económica y política, atentando y violentando la seguridad ciudadana, la vida, integridad psíquica y física de las personas, la propiedad pública y privada, la tranquilidad de las familias, el normal funcionamiento del Gobierno y sus instituciones, entes privados y el derecho a la libre circulación de todo el pueblo nicaragüense, creando terror, miedo e intimidación, con lo que se pretendió socavar la legitimidad del Gobierno de Nicaragua y romper el orden constitucional, intentando un golpe de Estado contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, por la vía de hecho y haciendo uso de la violencia”.

Asegura que el informe de la ONU caracteriza a las llamadas protestas como pacíficas “replicando el discurso de los grupos golpistas y medios de comunicación que han funcionado como voceros de éstos”. Agrega que “el Estado de Nicaragua reitera que los resultados de los hechos acaecidos en nuestro país, evidencia que en las acciones violentas realizadas por grupos golpistas participaban personas armadas que ejercieron intencionalmente violencia en contra de agentes policiales, funcionarios públicos y población en general, y ocasionar daños a la propiedad pública y privada, creando desestabilización y terror, pretendiendo desde un primer momento el derrocamiento del gobierno y la ruptura del orden constitucional”.

Dice que el denominado informe “sin ninguna base objetiva sustenta sus afirmaciones en lo que dicen organismos no gubernamentales, medios de comunicación, reportes anónimos y redes sociales o cualquier otra fuente carente de objetividad, no verificada…”

Afirman que “los eventos de violencia que se han producido, no han sido a nivel de protestas pacíficas, sino de violación a la Constitución, a las leyes y los derechos de la población, donde el Gobierno se ha visto en la urgencia de restablecer el orden y restituir a la sociedad sus legítimos derechos”.

El Gobierno de Nicaragua señala que “la ola de terrorismo y de violencia golpista que azotó a Nicaragua, fue la expresión de un plan de los sectores de derecha extrema del país y los que gobernaron en el período comprendido entre 1990 a 2007, quienes siempre han querido alcanzar el poder, y al no lograrlo por la vía democrática, optaron por las vías violentas, en alianza con actores internacionales que financiaron y respaldaron las acciones de estos grupos”.

Afirma que la “eliminación de los tranques (barricadas) en distintos puntos del país, se fundamentó en las facultades constitucionales de la Policía Nacional, para restablecer la libre circulación de las personas, el acceso a los servicios básicos, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las actividades productivas, comerciales y económicas” del país, añadiendo que el Estado de Nicaragua, a través de las autoridades judiciales, ha garantizado a cada persona acusada el nombramiento de un defensor de su elección, o en su defecto se le ha nombrado un defensor público.

Añade que el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego, fue proporcional al tipo de resistencia enfrentada y que las operaciones o actuaciones policiales fueron ejecutadas por fuerzas policiales técnicamente capacitadas. Expresan su desacuerdo con el informe “por ser parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas, en el que se toma como fuente noticias e informaciones publicadas por medios de comunicación adversos al gobierno y otras fuentes, con una posición política claramente definida, informaciones que se pretenden dar por ciertas sin ser previamente investigadas y verificadas”.

1 COMENTARIO

  1. A estas alturas, me merecen respeto las opiniones de militantes de izquierda que dejaron el FSLN, y es obvio que Ortega se ha allanado, al parecer, a optar por «remedios» recomendados por la derecha económica, pero no me parece objetivo informes de la ONU, que curiosamente hacen una enconada defensa de los DDHH en países como Venezuela, Nicaragua pero callan o nada dicen de México, Argentina, Perú, Colombia. Los DDHH son válidos para todos, ¿por que entonces aceptar a raja tabla sólo informes sobre algunos países y no exigir que estos mismos se elaboren sobre estos otros países señalados?

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