Periodista y editora internacional.
El politólogo Gabriel Gaspar analiza la fragilidad del sistema político peruano y señala la crisis de seguridad, con bandas de extorsión y sicariato, como el detonante express de la vacancia. Advierte que la inestabilidad es de larga data y que la solución requiere recuperar el control territorial del Estado.
En una decisión express y por unanimidad, el Congreso de Perú declaró la vacancia de la presidenta Dina Boluarte durante la madrugada de este viernes, en un nuevo capítulo de la aguda inestabilidad política que atraviesa el país. De manera provisional, asume el mando el presidente del Legislativo, José Jerí (38 años), quien deberá conducir el gobierno hasta las elecciones convocadas para dentro de seis meses.
El politólogo y experto en relaciones vecinales, Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa de Chile, explicó en una entrevista que la destitución de Boluarte es el síntoma de un sistema político que permite al Congreso ejercer una capacidad de vacancia que deja a los mandatarios «presos» del poder legislativo.
La crisis de seguridad: el acelerante
Gaspar puso el acento en la crítica situación de inseguridad como el detonante inmediato de la caída de Boluarte. «El acelerante (…) ha sido la expansión de la extorsión que estas bandas ejercen sobre la población», afirmó. El especialista se refirió al caso concreto de los microbuseros, obligados a pagar «cupos» a las mafias bajo amenaza de muerte, un fenómeno que también afecta a Chile.
El punto de inflexión, según el analista, fue el ametrallamiento de una banda de cumbia durante una actuación, tras haberse resistido a pagar extorsión. Este hecho, sumado a las masivas movilizaciones de jóvenes –en un movimiento análogo al de la «Generación Z»– y a un paro de transportistas, evidenció la «incapacidad del gobierno de la ex presidenta de dar respuesta», precipitando su destitución en cuestión de horas.
Un problema estructural y de larga data
Para Gaspar, la crisis peruana no es nueva. Señaló que el poder en Perú «se ha ido socavando desde el año 90», con liderazgos recurrentemente afectados por la corrupción. «Nueve presidentes han estado por distintas razones (…), esto habla de que el socavamiento ha sido de largo aliento», afirmó. Si bien reconoció excepciones republicanas, como los gobiernos interinos de transición post-Fujimori y de Francisco Sagasti, subrayó que «la ilegitimidad y la desconfianza de la población en las instituciones es muy [alta]».
«El Estado no solo no está presente, sino cuando está, no solo la policía, sino que también los organismos de Justicia… generan una desconfianza de los gobernados con los gobernantes», analizó.
Lecciones para Chile y la región
El experto aprovechó para hacer una autocrítica respecto a la situación en Chile. «No le hemos pegado el palo al gato derechamente en este tema», sostuvo, refiriéndose al combate contra el crimen organizado. Criticó la tendencia a minimizar el problema o a encasillarlo erróneamente, como cuando se confunde con ataques a la «infrastructura crítica» o se atribuye la protesta social a remanentes de Sendero Luminoso.
«El objetivo de las bandas es controlar territorio para extorsionar a la población (…). Lo que corresponde es el control del territorio, recuperar el control para el Estado de Derecho», sentenció Gaspar, enfatizando que se trata de un desafío que trasciende las políticas partidistas y electorales.
La pregunta que queda flotando, según el analista, es si este cambio express será suficiente para restituir la estabilidad en un país que se encamina a unas elecciones en abril de 2026 con un panorama de más de 40 partidos políticos y un alto fraccionamiento. Una situación que, sin duda, se seguirá con suma atención desde toda la región.
