Periodista.
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y reafirmó que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
A una década de este hito, la activista de la Provincia de Petorca, Bárbara Astudillo, denunció la violación sistemática de este derecho en Chile y solicitó por medio de una carta remitida al Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento, Léo Heller, que se pronuncie ante la omisión del Estado en sus compromisos internacionales.
La ecofeminista en la defensa del agua como derecho humano y ambiental, solicitó la intervención del relator de la ONU ante la falta de agua en plena crisis sanitaria de Covid-19 y la negación del Gobierno de aumentar el suministro de 50 a 100 litros diarios por persona, en una zona declarada de catástrofe por escasez hídrica.
Astudillo acusó ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos “la nula gestión por parte del Gobierno para crear un plan de contingencia en temas hídricos en la provincia de Petorca porque aquí no se están dando los resguardos para garantizar y proteger la prioridad del derecho humano al agua y saneamiento”.
Pandemia en zona de escasez hídrica
En el escenario de pandemia, Léo Heller junto a un grupo de expertas y expertos de la ONU, advirtieron que “dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”.
En ese contexto, la investigadora de la Fundación Territorios Colectivos sostiene que en Petorca la crisis sanitaria es invisible para el Gobierno, puesto que la recomendación y los llamados de las autoridades a lavarse de manera frecuente las manos, como primera medida higiénica para prevenir contagios, “son insostenibles cuando en Chile ese protocolo no existe para zonas de escasez hídrica”.
La defensora ecofeminista por el agua enfatizó que “No hay acceso al agua para lavarnos las manos, ni para uso doméstico o higiene, menos la hay para enfrentar el Covid-19”.
En la misiva, Astudillo expone que muchas de las familias que son abastecidas por camiones aljibes reciben 50 litros diarios por persona, la mitad de lo que se distribuía antes de que se estableciera el Decreto N°18.087 de la subsecretaría del Interior, del año 2016, que instruyó la reducción en la cantidad de agua que reciben las personas de los territorios declarados como zonas de escasez hídrica, y revela que en menos de dos meses se declararon inadmisibles resoluciones que permitirían el aumento a 100 litros de agua.
A ello se suman dos recursos de protección interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y la Defensoría de la Niñez, declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que se encuentran en proceso de apelación y alegatos, respectivamente.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, anunció que la próxima semana participará de los alegatos ante la Corte por la acción judicial presentada a favor de niñas, niños y adolescentes que busca que se ordene al ministerio de Salud y a la seremi del ramo garantizar la cantidad de, al menos, 100 litros de agua, para consumo diario, “por cada uno de los niños, niñas y adolescentes miembros de las comunidades de la Provincia de Petorca, en cumplimiento a los estándares internacionales de consumo óptimo para la vida”.
“Se están violando sistemáticamente los derechos humanos al acceso al agua de niños, niñas y adolescentes y también de comunidades enteras. Hoy en día la Provincia de Petorcacuenta con más de 140 contagiados por Covid-19 y aún no nos sueltan el agua”, enfatiza Bárbara Astudillo.
La activista subrayó que “si las autoridades están permitiendo estas vulneraciones, el camino que nos queda es ir ante organismos internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo las comunidades en plena crisis humanitaria. Por eso le pedimos al Alto Comisionado que se pronuncie y nos visite”.
Acciones del INDH
El 22 de mayo, la sede regional del INDH en Valparaíso ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, ante la omisión ilegal en la que incurrieron la Gobernación Provincial de Petorca y la seremi de Salud, “de adoptar las medidas necesarias para proveer agua potable en cantidad suficiente y adecuada para abastecer a las comunidades de Petorca, Cabildo, y La Ligua, a efectos de que la población pueda ejercer las medidas de higiene y saneamiento necesarias para la prevención y contención del contagio del COVID-19, en dichos municipios, situación que vulnera derechos constitucionales de las personas que habitan dichos territorios”.
El INDH calificó de insuficiente los 50 litros de agua potable por persona que los organismos dispusieron que se entregaran a través de camiones aljibes, lo que “dificulta la implementación adecuada de las medidas de higiene y saneamiento establecidas por el ministerio de Salud para prevenir contagios por Covid-19”, afirma en el recursodeclarado inadmisible y que está en etapa de apelación.
“En mérito de los antecedentes y estimando la Corte que los hechos descritos se refieren a la adopción de políticas públicas relativas a la distribución del recurso hídrico, cuestión que es de competencia del Ejecutivo en uso sus facultades y no del ente jurisdiccional”, señala la resolución del 25 de mayo.
A partir de la crisis hídrica, decretada en el año 2012, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública declaró zona de catástrofe por escasez hídrica a la provincia de Petorca, que se renovó hasta el Decreto Supremo del 20 de agosto de 2019, el que declaró zona de catástrofe por otros 12 meses. Para enfrentar esta situación, la población comenzó a ser abastecida de agua mediante camiones aljibes, financiados por el municipio y/o la Gobernación local, y hasta 2016, se entregaban 100 litros diarios, por persona, hoy reducidos a 50.
El conflicto socioambiental de escasez hídrica en la provincia de Petorca fue documentado por el INDH en dos misiones de observación en la zona. La primera en 2014, que se realizó a partir de una denuncia recibida desde la sociedad civil y luego en diciembre de 2018, cuando el organismo actualizó la misión.
Ese año confirmó que la situación se agudizó, puesto que el número de personas que habitan la zona y que no tiene acceso a agua potable aumentaron, mientras las autoridades sólo entregan 50 litros de agua por habitante al día, cifra por debajo de los 100 litros que la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece como promedio para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene.
En el informe de seguimiento, el INDH constató que la escasez hídrica no solo es producto de la falta de precipitaciones y sequía en la zona, sino también al cambio de uso de suelos que generó la agricultura, en específico los cultivos de paltos y cítricos; al otorgamiento de permisos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas como las de los ríos La Ligua y Petorca, situación que afecta el consumo humano y las necesidades de regadío de los pequeños agricultores/as de la zona. Esto último –indicó el organismo- “compromete las economías locales y las formas de vida de los habitantes de la zona e impacta su derecho a una alimentación adecuada”.
La entidad advirtió además que otra razón del problema es la priorización de la función productiva del agua por sobre el consumo humano, dado que se constató “que las empresas agrícolas y mineras no evalúan el impacto que sus faenas generan en las comunidades”.
En medio de la pandemia de Covid-19, el INDH recordó que el Estado debe asegurar de manera urgente el suficiente y continuo abastecimiento de agua potable en todo el territorio nacional, lo que “reviste especial relevancia para las comunidades que hoy no tienen acceso al agua potable para consumo y aseo personal”.
Según datos de la institución, en Chile, alrededor de un millón de personas no tienen acceso asegurado a agua y existen 478.308 hogares que no poseen agua potable, red de alcantarillado, o que no tienen una llave dentro de su vivienda.
