Periodista.
La comunidad organizada se ha opuesto tenazmente a la extracción de áridos desde las Dunas de Ritoque y aledaño al humedal de Mantagua en la Región de Valparaíso. La empresa Sociedad Ganadera y Extractora de Áridos Santa Ángela es la encargada de las operaciones que mantienen alerta a la comunidad por las graves consecuencias y daños para el medio ambiente y la salud de las personas.
Las Dunas de Ritoque se localiza en la zona costera al norte de la desembocadura el río Aconcagua, tiene una superficie total de aproximadamente 2.300 hectáreas y está compuesto por arenas de tamaño fino, siendo el cuarzo su principal componente y uno de los materiales preciados para la elaboración de áridos. La comunidad organizada está en pie de guerra y en la larga batalla por cuidar el ecosistema dunar ya han ganado importantes batallas como evitar la instalación del hotel Decameron, así como la construcción de 3.753 viviendas por parte de la inmobiliaria Las Mercedes.
El año 2014 la comunidad organizada (www.dunasderitoque.org) presentó una denuncia a la Municipalidad de Quintero, a la Seremi de Medio Ambiente de la V Región y a la Contraloría General de la República. Recién en julio de 2018, la Superintendencia de Medio Ambiente Formula cargos por extracción ilegal de áridos en Ritoque y en septiembre del mismo año, tras años de denuncias el Tribunal Ambiental autoriza la paralización de Extracción de Áridos en la zona.
Hoy las condiciones de extracción se han intensificado y la comunidad organizada se encuentra en una férrea campaña de difusión y solicitud a las autoridades competentes para que frenen la extracción de áridos que lidera la familia Urenda, ya que constituye una devastación de un ecosistema frágil y extremadamente importante de mantener por su alto valor ecológico y de conservación.
Entre 2013 a la fecha se ha extraído más de medio millón de metros cúbicos, equivalentes a unas siete hectáreas, a pesar de que en la zona existe flora y fauna propia de la zona de las dunas, muchas en categoría de conservación y protección y las cuales corren peligro.
Mientras las autoridades siguen haciendo oídos sordos ante las demandas ciudadanas y las máximas autoridades de país se niegan a firmar protocolos tan importantes como el Acuerdo de Escazú, cuyo plazo para que Chile se incorpore vence el próximo 26 de septiembre, las comunidades continúan en la férrea defensa del medioambiente sin encontrar apoyo en las autoridades encargadas de salvaguardar el ecosistema.
