Periodista.
Como lo dijimos en artículos anteriores nadie quedaría contento. Las AFP siguen administrando los fondos de pensiones de los chilenos y lo harán incluso con mayores recursos, ahora. Y seamos claros, la posibilidad de un inversor público alternativo depende de lo que voten los chilenos en las próximas presidenciales y parlamentarias. Con la actual composición, difícil, como se había dicho, en marzo próximo.
Con todo, así como lo fueron el Plan AUGE en su momento, o el seguro de desempleo, se trata de avances parciales que van humanizando, en definitiva, el cerco económico e ideológico establecido en diferentes materias por la dictadura. “Así como el Plan AUGE no fue la solución para los profundos problemas de la salud, gran parte de los cuales siguen, esta reforma tampoco subsana todos los problemas del ámbito previsional, sin duda, pero es un avance relevante”, resume un defensor de la iniciativa en el oficialismo.
Desde el punto de vista estructural es efectivo, como lo dice el ministro Marcel, que el sistema pasó de ser sólo administrado por AFP, a poder ser administrado por otras entidades y de sólo tener el aporte de los trabajadores (10%, más comisiones) a un 7% adicional aportado por los empleadores, lo que no es menor; más la PGU que aporta el Estado, pasando a tener las “tres patas” que proclama en Ejecutivo (lo que sí, un aspecto tampoco menor, es que en Chile, lo que aporta el Estado, en realidad lo ponen los sectores medios y más modestos, en una proporción importante, ya que el IVA representa la mitad de la recaudación tributaria total).
Pero así como es cierto que gran parte de la nueva cotización irá a las AFP, también es cierto que la falta de ahorros para financiar una expectativa de vida cada vez más larga, es un problema a resolver hoy en todo el mundo. Y como esto no es Europa, por cierto que se requiere solidaridad, si las diferencias sociales en Chile siguen siendo brutales, una prueba de lo cual es que un 70% de las pensiones está bajo el salario mínimo y que la mitad de los trabajadores gana justamente cerca de 500 mil, según encuestas oficiales.
Por otro lado, ciertamente, que esas diferencias sociales no pasan solo por pensiones, sino por una carga tributaria que realmente redistribuya ingresos y también, digámoslo, por más crecimiento y más empleos. No sólo por eso, pero también con ello, y por cierto se requiere impulsar acciones que hagan crecer la torta y distribuirla mejor. En esa línea va un paquete de medidas impulsadas por Hacienda y que también podrían ver la luz, así como van las cosas.
Con todos los peros del caso, a diferencia de lo que planteó José Piñera, las modificaciones previsionales sí establecen un Seguro Social, por primera vez en 40 años, sí conllevará licitar paquetes de afiliados y sí establecen más competencia, aunque seamos claros también: las actuales administradoras tienen una práctica administrativa y comercial bien aceitada a lo largo de estos años y no será tan fácil competir con ellas. Seguramente, el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica deberán estar atentas a los traspasos de propiedad que se produzcan en el intertanto, por ejemplo, para que matrices de las actuales administradoras busquen participar también en actores nuevos en la industria, como las cooperativas. Porque de las compañías de seguros, ya tienen inversionistas o matrices comunes.
En el contexto, dos hechos de la causa: la mejor prueba de que la reforma no era inocua para el sistema actual es la reacción de los inversionistas norteamericanos, que pusieron el grito en el cielo, cuando se visualizaba que el proyecto de reforma podía ver la luz (y tampoco está cerrado el capítulo mediante el cual éstas pidan compensaciones económicas por lo que consideran una “expropiación”). En una reacción que sonó bastante transversal, el Ejecutivo proclamó rápidamente que los fondos eran de los trabajadores y que los afiliados “no son propiedad de nadie”. Parece que esta lógica de las grandes tecnológicas y las redes sociales, cuyo principal activo somos los que vemos el celular todo el tiempo, ha contagiado a algunos inversionistas en ciertos mercados.
Y por el lado de los más críticos a la reforma, las afirmaciones de José Piñera sobre su “larga vida al sistema de capitalización”, daban la razón, por su parte, a los más cuestionadores de la iniciativa, en el sentido de los cambios no tocaron el corazón del sistema actual. Como vimos arriba, sí lo hace, aunque en forma parcial.
Otro hecho no menor, es la reacción de la Bolsa, claramente al alza, a sabiendas que las nuevas cotizaciones serán un nuevo flujo de recursos al mercado de capitales. Es de suponer, esperemos, en que eso se traducirá, como destacó la propia UDI, en más crecimiento y empleo para los chilenos.
Recordemos que gran parte de los recursos que invierten las AFP va a empresas y grupos empresariales chilenos. Y si éstos, a pesar de eso, a través de la subcontratación o por falta de negociación colectiva, siguen pagando malos sueldos, obviamente que seguiremos teniendo malas pensiones. Se espera que esta nueva inyección de recursos, de propiedad de los trabajadores, como se ha insistido tanto, redunde efectivamente en más crecimiento y empleo para los connacionales.
A propósito de esto último, la Fundación Sol en un reciente estudio destacó que el empleo juvenil está muy debilitado y como se sabe, hay una legión de muchachos/as que, aun habiendo estudiado extensas carreras, se mantiene trabajando en cualquier cosa y eso es una “bomba de tiempo”, de expectativas frustradas, cercana a estallar.
Por otro lado, como lo hemos destacado, algunos de los aspectos más odiosos del sistema previsional, como el hecho de que las administradoras de las AFP ganaban igual, aunque los afiliados perdieran rentabilidad o que el sistema acumulara millonarias deudas y existieran miles de juicios por cotizaciones descontadas, pero no pagadas por los empleadores, también fueron abordados por la reforma, estableciendo una vinculación por resultados en el primer caso y un cobro unificado, en el segundo, que acelerará los cobros.
Por último, uno de los argumentos claves de una de las voces más críticas, como la expresada por Marco Kremerman, de Fundación Sol, que fustigó que los fondos vienen registrando cada vez menos rentabilidad y que eso diluirá cualquier mejoría de las pensiones, también fue algo cuestionada de vuelta, indicándose que ello podría ocurrir ante cualquier sistema, incluso ante uno de reparto. Habría que ver cómo han evolucionado las rentabilidades, por ejemplo, de las FFAA, en el tiempo, u observar algunas comparaciones internacionales. Eso, sin desconocer que la Fundación Sol ha sido, por años, un faro de luz en el poco cuestionado mercado laboral y previsional chileno.
Por cierto, se espera que la separación de las labores más administrativas, de las de inversión, propiamente tales, incluida la participación de una entidad estatal, apunte a hacer que las rentabilidades se reflejen en los fondos y no sólo en las altas comisiones que se cobran a los afiliados.
Los aspectos políticos
Pero más allá de los números, ciertamente importantes, lo ocurrido en el Congreso con la reforma fue de todos modos un triunfo político muy relevante para la administración del Presidente Boric. Las diatribas que se cruzaron Republicanos, “Libertarios” y Chile Vamos, en la votación, fueron casi de antología, con unos diputados Carrera y Káiser, por no nombrar otros, indignados enrostrando en la cara la votación de la UDI, RN y Evópoli.
Una frase que quedó clavada en el ambiente fue la de un diputado de Evópoli que lo resumió así: “Los Republicanos demostraron que no están preparados para gobernar”. Imposible más claro, viniendo desde la propia derecha.
Los analistas dicen que este es un espacio político que el Ejecutivo debiera aprovechar, y, más que ellos, las fuerzas progresistas del país, debieran pensar que, con unidad, como lo destacó la ex Presidenta Bachelet, es posible proyectar un nuevo gobierno progresista, que siga profundizando cambios actual modelo.
Con todo, lo avanzado con el royalty a la minería y sus aportes de los gobiernos regionales, el copago cero en Fonasa, las 40 horas laborales, el pago de la deuda con los profesores, las modificaciones del CAE y particularmente un salario mínimo de 500 mil pesos, a lo que se agregará ahora el aumento de la PGU, son ya una herencia que demuestra, por lo menos, la intención de dar claros tintes progresistas a la gestión del presidente más joven que ha tenido Chile. Un cineasta lo dijo por ahí: incluso podría ser motivo para una próxima reelección.
