La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales reafirmó su postura de “tolerancia cero” frente a irregularidades funcionarias, al tiempo que advirtió que la estabilidad laboral es una garantía para la ciudadanía y no un privilegio.
Con la presencia de dirigencias sindicales de todo el país, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dio inicio formal este martes a su Vigésima Sexta Asamblea Nacional Ordinaria. La cita gremial contó con cerca de 400 dirigentes y dirigentas nacionales y estuvo marcada por un firme diagnóstico sobre el escenario político y social de Chile, así como por la presentación de un plan de acción para fortalecer la función pública al servicio de la ciudadanía.
Al inaugurar la jornada, la directiva de la Confederación enfatizó que la convocatoria responde a un momento de inflexión histórica para el empleo público. «Nos encontramos en un momento decisivo para Chile, donde las y los trabajadores del Estado reafirmamos nuestro compromiso ético con la probidad y el servicio público. Venimos a dar cuenta de nuestra gestión, pero sobre todo a presentarle al país una postura firme: la defensa del Estado no es la defensa de privilegios corporativos, es la defensa directa de los derechos sociales, las prestaciones y la seguridad de todas las familias chilenas», señaló el Presidente de ANEF José Pérez Debelli, al dar apertura a la asamblea.
En la rendición de cuentas, la ANEF contrapuso los discursos de odio y desmantelamiento del aparato público con el valor concreto de las instituciones. La organización remarcó que el Estado no se resume en trámites o burocracia, sino en la presencia territorial que garantiza la atención de salud, la fiscalización laboral, la protección de la infancia vulnerada y el control aduanero.
Asimismo, se enfatizó que el Estado es una condición indispensable para el desarrollo económico sostenible, la certidumbre de las reglas del juego y la equidad social frente a la concentración de la riqueza.
Uno de los ejes centrales abordados ante la Asamblea fue la defensa del empleo estatutario y la certeza laboral (confianza legítima). Desde la ANEF sostuvieron que la estabilidad no debe entenderse como una garantía corporativa, sino como una herramienta clave de integridad institucional.
«Un funcionario público precarizado es vulnerable; un funcionario estable e independiente es la mejor garantía para fiscalizar, combatir la corrupción y frenar el avance e infiltración del crimen organizado», sostuvo el Presidente José Pérez Debelli, advirtiendo sobre las amenazas de captura institucional que han afectado a diversos servicios en el continente.
Frente a las contingencias y cuestionamientos al sector público —como los casos de uso indebido de licencias médicas—, la ANEF reiteró su condena firme y sin ambigüedades a las prácticas fraudulentas. No obstante, exigieron que las medidas correctivas no se traduzcan en persecuciones masivas ni en el debilitamiento de la protección de la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores que cumplen sus labores honestamente.
En esa misma línea, el gremio rechazó de manera categórica el clientelismo y la utilización del aparato público como «botín político» para saldar lealtades de los gobiernos de turno. «Somos trabajadores del Estado de Chile, no operadores políticos. Exigimos una separación clara entre la administración civil profesional y las autoridades de turno, impulsando la carrera funcionaria y el mérito como ejes ordenadores», remarcó.
Finalmente, la ANEF ratificó la implementación de su Plan de Movilización Estratégico a nivel nacional y regional. Este plan contempla campañas informativas, alianzas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones sociales, así como acciones escalonadas para frenar los recortes presupuestarios que amenazan la continuidad de programas sociales prioritarios para la población.
