Periodista
Una investigación por violación grupal en Rapa Nui mantiene la atención de la comunidad insular. Hasta ahora, son cuatro los funcionarios de la Armada de Chile formalizados en el marco de las diligencias del Ministerio Público, luego de que Carabineros detuviera a un cabo y a un marinero, quienes se sumaron a dos sargentos previamente aprehendidos.
Según los antecedentes disponibles, los hechos habrían ocurrido durante una fiesta informal y no autorizada realizada en dependencias de la guarnición de Infantería de Marina de la isla. La denuncia fue presentada el pasado 3 de octubre, y apunta a una presunta agresión sexual contra una joven de 23 años. Otras versiones sitúan el hecho la noche del 2 de octubre. La mujer acusa que había bebido alcohol y que no estaba en condiciones de oponerse cuando fue atacada.
Formalización y prisión preventiva
Los dos nuevos detenidos pasaron a control de detención en Rapa Nui en una audiencia privada y fueron formalizados el viernes 9 de octubre ante el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua. Tras el control de detención, el tribunal decretó la prisión preventiva para ambos.
En la audiencia, el magistrado Álex Guzmán señaló que “el tribunal resolvió hacer lugar a la prisión preventiva por estimar que los antecedentes existentes justifican la existencia del delito y la participación de los imputados en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal en los hechos materia de investigación”.
El magistrado dispuso “la prisión preventiva de los imputados en un recinto naval por ser miembros de una institución castrense conforme lo establece el Código de Justicia Militar, rechazando así la solicitud de la querellante en orden a que se cumpliese la medida cautelar en un recinto de Gendarmería de Chile”. El tribunal fijó el plazo de investigación en 80 días.
Los dos primeros imputados y formalizados -dos sargentos de 39 y 40 años- cumplen prisión preventiva en Talcahuano, en la Guarnición de Orden y Seguridad de la Armada.
La versión de la Fiscalía
“De acuerdo a lo que se expuso en audiencia, ambos imputados cometieron el ilícito en contra de una víctima de la etnia rapanui de 23 años en el contexto de consumo de alcohol, donde la afectada estaba privada de la capacidad de oponerse”, detalló el Ministerio Público.
Durante el evento, la víctima denunció que fue abusada por el hombre que la invitó, otro sargento al que conocía y más personas del lugar, según su denuncia a Carabineros. Los dos oficiales señalados, de 39 y 40 años, fueron los primeros detenidos.
Armada confirma desvinculación
La Armada informó la desvinculación de los primeros imputados tras conocerse los hechos, el 6 de octubre. Posteriormente, mediante un comunicado fechado el viernes 9 de octubre, la institución confirmó que los dos nuevos servidores navales también fueron desvinculados por considerar que su permanencia resultaba perjudicial para el servicio.
En el comunicado sobre “Desvinculación de servidores navales por hechos ocurridos en Rapa Nui”, la Armada de Chile informó que, “sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa ordenada instruir, objeto establecer las eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a la reglamentación interna de la institución”, los servidores involucrados “fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”.
La institución reiteró “su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales”. Además, reafirmó “su profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui”, subrayando que los casos dados a conocer por la prensa “corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales”.
La Armada agregó que continuará desarrollando tareas como la conectividad marítima entre el continente y la isla, el apoyo solidario a los habitantes frente a catástrofes naturales, la salvaguarda de la vida humana en el mar y la fiscalización periódica del área marina protegida Motu Motiro Hiva para prevenir la pesca ilegal y resguardar la fauna marina local, así como dando a conocer, valorando y fortaleciendo la cultura oceánica rapanui.
Por otro lado, el capitán de fragata Miguel Bravo, comandante de la Estación Naval de Rapa Nui, informó que se reunieron “con familiares de la víctima, su madre y hermanos, para informarles sobre los procesos penales en curso. En paralelo, se ha dispuesto una investigación sumaria administrativa a objeto de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos”.
Protestas y tensión en la isla
El hecho generó revuelo en la isla. Desde el domingo, comentan residentes, se vienen realizando varias protestas en las afueras de las dependencias de la Guarnición de Infantería de la Armada. Allí han desplegado carteles cuestionando la presencia de los marinos y planteando que deberían retirarse del lugar.
Las mismas fuentes señalan que el caso “reabre heridas” entre la Armada y los isleños que se arrastran desde los años 30, y que la víctima pertenece a una familia “con fuerte presencia” en la isla.
Parte de la comunidad se aglutinó en las afueras del recinto de la Marina a modo de protesta. Han estado ahí desde el domingo hasta la fecha. El lunes se realizó una protesta desde la Guarnición hasta la Delegación Presidencial, donde se entregó una carta con un petitorio.
“Lo que pide la comunidad y la familia es que el Ejecutivo dé una señal clara de lo que significa haber quebrantado esta relación que es bastante ambigua”, complementó Sergio Tepano, familiar de la víctima.
Reunión con subsecretarios
El jueves de esta semana llegó una delegación de cuatro subsecretarios a la isla -Máximo Pavez, de Interior; Javier Peró, de Bienes Nacionales; Christian Bolívar, para las Fuerzas Armadas; y Emilio de la Cerda, de Patrimonio Cultural- en circunstancias del relanzamiento de la mesa de discusión de tierras. En ese contexto, familiares de la joven se reunieron con el subsecretario Bolívar.
El subsecretario Pavez señaló a La Tercera que “ha habido protestas, sobre todo en la Guarnición. El subsecretario se reunió con la familia. Fue una buena reunión”.
Una evaluación distinta tiene Sergio Tepano: “Fue una reunión muy poco preparada, no tenían un horario para la familia. Venían en el aire. El subsecretario se estaba enterando de detalles acá”. Y agregó: “No están empatizando con el problema. Hay un diagnóstico político en el que no se están dando cuenta que con esto se abren brechas y despierta demonios del pasado. Cualquier tipo de relación que quiera tener el Estado con la isla puede provocar algún grado de estancamiento porque se generan desconfianzas”.
Investigan a superiores y reacciones políticas
Los abogados de la víctima, Ciro Colombara y Pamela Contreras, señalaron que también se deben investigar a los superiores de los imputados: “Creemos que se debe investigar acuciosamente la participación de otros marinos y de los Oficiales a cargo del recinto de la Marina de Isla de Pascua por conductas de obstrucción a la justicia y de omisión de denuncia. Los superiores de los cuatro formalizados ciertamente tienen responsabilidad”.
Quien conoce la isla y la situación es el diputado Hotuiti Teao, quien el jueves se reunió con la familia. “Aquí hay una familia que está sufriendo enormemente y una comunidad profundamente dolida, que ha salido a manifestarse porque exige justicia, protección y respuestas. Como rapa nui, comprendo esa indignación y quiero decirle a la víctima y a su familia que no están solos”, afirmó el parlamentario.
Teao subrayó que “no se trata de cuestionar a toda la Armada, una institución que cumple un rol importante en Rapa Nui. Se trata de exigir que quienes tienen el deber de protegernos estén a la altura de esa responsabilidad y que quienes resulten culpables enfrenten todo el rigor de la ley, sin privilegios de ningún tipo”. Y añadió: “Hay algo que desde el continente se debe comprender: Rapa Nui es un territorio pequeño y frágil, donde proteger a nuestra comunidad, nuestra cultura y nuestra forma de vida exige una responsabilidad especial”.
Desde las autoridades, la consejera nacional pascuense Valeria Pakarati calificó el caso como “un retroceso muy doloroso sobre todo para las mujeres rapanui”. Y agregó que “esperamos que esta vez sí haya justicia, que sí se consiga la reparación y la no repetición que sea garantizada, y este es el momento donde la Armada tiene todas las herramientas para ejecutarlo”.
La Fiscalía mantiene abiertas distintas diligencias para determinar la eventual participación de más personas, lo cual fue denunciado por la joven y ahora sigue siendo investigado. La familia de la denunciante también ha planteado cuestionamientos sobre una presunta falta de ayuda cuando se habría intentado pedir asistencia durante la celebración. Por ahora, la investigación sigue en curso y los imputados mantienen su condición de investigados, sin que exista una sentencia condenatoria.
Derogación de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, sobre usurpación y violación
En este contexto, recordemos que tras décadas de lucha y manifestaciones de mujeres de Rapa Nui en contra de todas las formas de violencia, hace sólo 4 años, el Diario Oficial publicó la Ley N° 21.451 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que modificó la Ley Nº 16.441, más conocida como «Ley Pascua» (creada en 1966 cuando Chile asumió la administración de la Isla).
Con esta nueva legislación, se derogan los artículos 13 y 14 de dicha ley, sobre usurpación y violación, en donde se distingue estos delitos al ser cometidos por integrantes del pueblo Rapa Nui.
Esta ley fue el resultado de un mensaje y mociones parlamentarias (11407-07, 10787-06, 10788), que buscaban poner fin a los beneficios en los delitos antes mencionados. De esta manera, el texto legal, buscaba fortalecer la prevención de todo tipo de violencia hacia la mujer, el pleno respeto a su dignidad y derechos, promoviendo medidas que buscan eliminar todo espacio de discriminación legal arbitraria y contribuir hacia un cambio cultural donde la sociedad en su conjunto se haga cargo de promover la equidad de género, la eliminación de toda forma de discriminación y la protección a las víctimas y la seguridad ciudadana.
