CCHDH y ANEF afirman que demandas del Estallido continúan pendientes

Myriam Carmen Pinto

Myriam Carmen Pinto, periodista. Desde París

A siete años del Estallido Social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) emitieron una declaración pública conjunta en la que  junto  con reivindicar la legitimidad de las movilizaciones y reconocer que las demandas  no han sido resueltas, señalan que este  hito social histórico representó una de las mayores expresiones ciudadanas contra las desigualdades estructurales, los abusos institucionalizados y el modelo económico y político heredado de la dictadura.

También expresan su preocupación por la orientación política y económica actual bajo la administración del presidente, José Antonio Kast,  advirtiendo que el ajuste fiscal y  la reducción de los presupuestos con objetivos de  reconstrucción económica y seguridad, implica un severo estancamiento, e incluso retrocesos, impactando el acceso a derechos sociales fundamentales, entre ellos, educación,  salud,  alimentación, seguridad social y la función pública de la institucionalidad de derechos humanos y memoria.

Alarmantes de impunidad

Uno de los puntos centrales de la declaración pública es la denuncia ante la falta de avances en las investigaciones judiciales por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social. De acuerdo con cifras expuestas, más de 12.000 denuncias por violencia institucional fueron registradas en el contexto de las protestas, de las cuales solo un total de 219 causas han concluido con una sentencia condenatoria y apenas 14 personas cumplen condena con prisión efectiva (lo que representa cerca del 0,1% del total de denuncias.

Rechazo a proyectos de indulto e impunidad

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la ANEF también plantean un categórico rechazo a las iniciativas orientadas a otorgar indultos o rebajas de penas a ex agentes condenados por violaciones a los derechos humanos. Al respecto recuerdan que cualquier beneficio penitenciario o de indulto debe regirse de manera estricta por los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales exigen: Cumplimiento de al menos dos tercios de la pena; colaboración sustancial en las investigaciones judiciales y arrepentimiento genuino y comprobado. Sobre este punto  afirman que ninguno de estos criterios se cumple en los casos aludidos,  en tanto aún existen 1.182 personas en condición  de desaparición forzada, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Finalmente formulan un llamado a detener los recortes presupuestarios en las instituciones estatales, reafirmando un compromiso irrestricto con la memoria, la verdad, la justicia y la construcción de un verdadero Estado Democrático y Social de Derecho.