Las organizaciones peticionarias en el caso de Sonia Arce Esparza fueron recibidas por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, oportunidad en la que relevaron la necesidad de la pronta aprobación del proyecto.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Corporación Humanas expusieron ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado sobre la reforma a la sociedad conyugal. Contar con una ley que garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es el principal compromiso asumido por el Estado de Chile en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Sonia Arce, quien en 2001 denunció la discriminación legal que le impedía disponer de su herencia sin la autorización de su marido con quien se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal.
La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, destacó la importancia de reformar la legislación vigente pues discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica. Asimismo, valoró el compromiso mantenido estos meses por las senadoras y senadores de la Comisión de la Mujer y por el Gobierno
“Sin perjuicio de reconocer estos avances reiteramos nuestra preocupación por las etapas de tramitación que aún quedan pendientes y los acuerdos transversales que se requieren para que en Chile se pueda contar con una ley sustentada en un principio tan básico como la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y el fin de la subordinación de las mujeres a sus maridos”, expuso Maturana.
Mariangeles Misuraca, co-directora de Brasil y Cono Sur de CEJIL, sostuvo que al suscribirse el acuerdo de solución amistosa la Sra. Sonia Arce tuvo en cuenta a todas las mujeres chilenas y pospuso su derecho a recibir reparación con la expectativa de alcanzar una ley que las repare a todas. No obstante, a 22 años del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a 16 años de la firma del acuerdo de solución amistosa el Estado chileno aún continúa en deuda.
“Están frente a una oportunidad histórica de poner fin a una legislación que sistemáticamente discrimina a las mujeres casadas, despojándolas del patrimonio social y de sus bienes propios, subordinándolas a las decisiones de sus cónyuges varones. De avanzar con la aprobación del proyecto se abrirá la posibilidad de establecer una normativa legal que deje atrás las disposiciones discriminatorias y contribuya a erradicar las persistentes desigualdades de género arraigadas en la sociedad chilena”, sostuvo la representante de CEJIL.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza, Presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género señaló que es necesario hacerse cargo de una realidad con la cual no están de acuerdo. “Queremos que no subsista está discriminación en la ley y por lo tanto, avanzaremos en generar una mejor sociedad. El compromiso es con las mujeres de Chile”, dijo el parlamentario.
Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener la celeridad en la tramitación.
Al finalizar la sesión, las representantes de las organizaciones instaron a las senadoras y senadores a culminar prontamente la tramitación del proyecto. Asimismo, destacaron la importancia de que la legislación reformada sea aplicable a todas las mujeres, incluyendo especialmente a quienes en la actualidad se encuentran casadas bajo una normativa que las discrimina y las priva de sus derechos plenos.
