En una extensa declaración, la Comunidad Atacameña de Camar valoró la resolución de la Corte Suprema al anular la licitación de la administración Piñera para explotar el Litio en esa zona.
“Primero saludar la decisión que ha tomado la Corte Suprema de acoger el recurso que hemos presentado como comunidad de Camar, ya que con ese fallo se reconocen y protegen nuestros derechos”, señalan.
Agregan que siempre han estado atentos al cuidado y protección de su territorio, y que por lo mismo les pareció muy preocupante cuando la licitación respecto de cuotas del litio se planteaba sin determinar ningún espacio físico concreto, sino que podía ser en cualquier lugar. “Para nosotros eso significaba un peligro que podía afectar nuestra cultura y forma de vida, ya que se sabe que la mayor cantidad del litio está ubicada en el Salar de Atacama y es el único lugar en Chile donde actualmente se explota intensamente y que el salar tiene un ecosistema que debe ser protegido, ya que corresponde a un sistema hídrico muy frágil y vulnerable que debe cuidarse y resguardarse”, añaden.
“Uno de los puntos en los que basamos nuestro recurso es la fragilidad de la cuenca hidrogeológica del Salar de Atacama, que es un ecosistema único y vulnerable, que afecta las aguas subterráneas y que está en grave peligro porque no hay sistemas adecuados de Monitoreo las aguas y del sistema hídrico y cuan afectado está por la no metálica que existe en el territorio y la extracción de agua para la minería metálica que se desarrolla fuera de la cuenca del salar”, puntualizan.
También manifiestan que la autoridad no podía establecer una licitación sin establecer el sitio geográfico específico donde realizaría el proyecto, ya que podía afectar cualquier ecosistema del territorio nacional, “pero se sabe que los yacimientos de Litio están en los Salares del Norte, que es territorio donde habitamos comunidades indígenas. Y esto es grave porque nos invisibiliza y niega la posibilidad de participar y decidir respecto de afectaciones en nuestros territorios”.
Además informan que las cuotas de Litio que se estaban licitando fueron 400 mil toneladas de litio que afectarían gravemente sus ecosistemas y formas de vida, por lo que consideran que era importante que antes de cualquier decisión, se cumpla con la normativa que existe en Chile para proteger sus derechos como es el Convenio Nº169 de la OIT y el DS Nº 66 y realicen una consulta indígena cumpliendo con todos los estándares internacionales.
Finalmente, señalan que esperan la nueva administración considere los derechos de los pueblos indígenas, ya que durante el gobierno anterior “muchas instituciones públicas nos pusieron a los pueblos y comunidades indígenas en el ultimo eslabón de la cadena del ejercicio y respeto de derechos y el derecho fundamental de consulta indígena se convirtió en un mero trámite que no se hacía casi nunca y se han vulnerado muchas veces nuestros derechos. Por ejemplo, así lo hizo también CORFO quien arbitrariamente y sin consulta indígena repartió unos recursos financieros fijando arbitrariamente una fórmula de repartición y negociando unilateralmente con cada comunidad del Salar dividiendo la unidad del pueblo atacameño sin respetar nuestro sentido de unidad, por lo que también estamos a la espera del Fallo de la Corte Suprema, ya que la Corte de Apelaciones no acogió nuestro recurso”.
