La Coordinadora por una Alimentación Digna, como conjunto de organizaciones y actorías vinculadas a la educación pública, junto a autoridades oficialistas, hicieron un llamado al Gobierno frente al diagnóstico de una “profunda crisis alimentaria que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes de las familias chilenas, en el contexto del abandono de la educación pública, y con ello también, de la infraestructura que posibilita o no una alimentación digna”, según afirmaron.
Estuvieron presentes las diputadas Emilia Schneider y Claudia Mix; el diputado Andrés Giordano; la presidenta de AFAEB Carolina Pizarro; de FENAEDUP Katherine Córdova y Gloria Jara; la secretaria de APROJUNJI Paulina Labra; Tamara Muñoz, presidenta Fetracall, consejera CUT y parte de Sindicalismo con Nosotras; Osvaldo Azocar, vocero metropolitano de LuchaBaes; Felipe Larenas de SLS Abogadxs; Viviana Montecinos de PRAIS Renca y apoderada del Instituto Nacional; Ana Montes, vicepresidenta del Centro de Padres A-O del Instituto Nacional; Paz Soto, integrante de Madres x la Educación Sin Violencia (MESV); y Lorena Ávalos, ex presidenta Centro de Padres INBA 2018-2022 e integrante de MESV.
Entre las demandas que realizan se encuentran el “garantizar el derecho a la educación a través de una alimentación universal; devolver los recursos hacia la población objetivo, evitando desviarla al enriquecimiento del empresariado; habilitar a las comunidades educativas en el control del servicio; y asegurar una alimentación con pertinencia cultural y territorial”.
Para esto, señalaron, se requiere “la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno y las diversas instituciones y organizaciones vinculadas a alimentación para revisar modelo de alimentación en todos los niveles de educación y avanzar en una Ley de Alimentación Escolar, enmarcado en un Sistema Nacional de Cuidados que comprenda la alimentación de niños, niñas y adolescentes desde una óptica integral, que vaya de la Sala Cuna hasta la educación superior”.
Asimismo, “el compromiso político y normativo para la modernización del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB. Luego de diversas auditorías y diagnósticos realizados por entidades públicas y privadas, el principal ejecutor y coordinador de políticas alimentarias del país debe reformarse estructuralmente en aras de dar respuesta a la crisis alimentaria actual y los diversos desafíos del siglo XXI (descentralización, migración, inequidad, teletrabajo), dotándola de mayores facultades y recursos para ello”, agregaron.
Sin administración de privados
También “acciones de fomento de la producción local alimentaria y economía circular. Una manera eficiente y eficaz de paliar los efectos de la crisis económica como ambiental resulta del fomento de la cooperación, la solidaridad ciudadana y la autogestión alimentaria, por lo que se hace imprescindible avanzar en su promoción y desarrollo”.
En ese sentido, propusieron medidas a corto plazo como el “pago Baes directo a cuentas rut, sin pasar por administración de privados, traspasando dicho monto como incremento de la beca de inmediato; la universalización del Programa Alimentación para establecimientos públicos, que permita enfrentar la crisis económica y la anunciada recesión que afectará a las familias con mayor crudeza el año 2023; el desarrollo de nuevos proveedores para el programa; garantizar alimentación ante suspensión de clases presenciales o cierre de año anticipado; levantar catastro de la infraestructura existente en los establecimientos (cocinas y comedores) y un plan de trabajo para su mejoramiento; revisión y ajustes de las becas de mantención y complementarias; y TNE universal, modificando criterio de exclusión para su uso”.
Carolina Pizarro, presidenta de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB y parte de la Federación de Trabajadores de la Educación Pública, enfatiza que se han “convocado para pedirle a las autoridades, a los parlamentarios y al Gobierno, que “cambie la forma en que entregamos la alimentación”. “Hace tiempo venimos develando junto a otras organizaciones las falencias que tiene el modelo actual de implementación del programa de alimentación escolar, donde por un lado se han extralimitado en cuanto a la externalización, trayendo consigo no solamente precarización del programa en términos de la calidad y oportunidad de los alimentos que llegan a los estudiantes en los establecimientos, sino también precarización en las condiciones laborales de quienes ejecutan nuestro programa en los distintos establecimientos del país”.
El diputado independiente de Apruebo Dignidad Andrés Giordano, aseguró que “las experiencias de las y los trabajadores son fundamentales para que avancemos hacia la desmercantilización de los que consideramos derechos sociales inalienables de las personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, creemos que es fundamental abrir un espacio donde estas propuestas, que son muy concretas, que se han emanado en un documento, puedan ser discutidas con la comunidad educativa, donde las y los estudiantes también tengan un decir, y que se garantice el derecho a la calidad y oportunidad en la alimentación”.
