El Sindicato Nacional y el Sindicato N°2 de la Fundación PRODEMU, organizaciones que representan al 98% de su dotación de trabajadores, han denunciado públicamente una crítica situación financiera que mantiene en vilo a cerca de 450 funcionarios a lo largo de todo el país.
A través de una minuta sindical emitida el 31 de marzo de 2026, los representantes de los trabajadores informaron que, al cumplirse el plazo legal del 30 de marzo, no se hicieron efectivas las remuneraciones del mes sin que mediara una explicación oficial por parte de la institución o de los organismos gubernamentales correspondientes.
Esta parálisis en los pagos ocurre a pesar de que la Ley de Presupuesto 2026 asignó a la fundación una suma superior a los 10.379 millones de pesos, fondos que se encuentran actualmente estancados en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) sin ser transferidos para el funcionamiento operativo y el cumplimiento de metas institucionales.
El conflicto se origina por una discrepancia en la interpretación de la normativa vigente, específicamente respecto a la exigencia por parte del SERNAMEG de una boleta de garantía bancaria por un monto de 518.962.050 pesos, equivalente al 5% del total del convenio de transferencia. El organismo estatal fundamenta este requerimiento en el artículo 25 de la Ley N°21.796, que obliga a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas a garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones.
No obstante, desde los sindicatos y la propia Fiscalía de PRODEMU sostienen que dicha exigencia es inaplicable, ya que la fundación recibe una asignación nominada por ley y no participa en concursos públicos abiertos, lo que la sitúa en la categoría de organismo beneficiario según los criterios de la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES).
Esta interpretación de los sindicatos cuenta con el respaldo de un pronunciamiento explícito de la DIPRES, emitido mediante el Oficio N°430 el 11 de febrero de 2026, donde se aclara que no corresponde exigir a PRODEMU garantía alguna para el traspaso de recursos. El documento de Hacienda define a la fundación como beneficiaria final, asimilando la transferencia de fondos a la entrega de un subsidio o beca que no requiere contraprestación directa.
Pese a esta resolución técnica, el SERNAMEG ha mantenido su postura de exigir la garantía previa, acción que los trabajadores califican como una retención ilegal que ha derivado en un enriquecimiento injusto por parte del Estado, afectando directamente la estabilidad económica de cientos de familias que dependen de estos salarios.
La crisis no solo impacta en el ámbito laboral, sino que amenaza la continuidad de programas que durante el año 2025 alcanzaron a más de 50.000 participantes en las 16 regiones de Chile a través de rutas de aprendizaje sobre empoderamiento y autonomía económica.
Entre las iniciativas en riesgo se encuentra el Programa Mujeres Rurales, ejecutado en convenio con INDAP, el cual posee una trayectoria de 34 años y es considerado un referente en América Latina por su intervención integral de tres años en sectores rurales. Ante este escenario, las directivas sindicales han manifestado que ejercerán todas las acciones legales para defender tanto la integridad de la institución como el cumplimiento de sus instrumentos colectivos de trabajo, los cuales también han sido cuestionados por cambios unilaterales en los manuales de rendición de gastos impuestos desde el año 2024.
