Periodista.
La Contraloría General de la República emitió un informe devastador para la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, de un total de 556 casos de femicidios (frustrados y consumados) cometidos durante dos años, en 75 de estos casos, antes de que ocurriera el hecho delictual, estas mujeres contaban con medidas cautelares vigentes. Entonces, ¿qué falló?
En el caso de violencia contra las mujeres, es sabido que las medidas cautelares son adoptadas para proteger y alejar al victimario de su potencial víctima, pero el informe del ente contralor evidenció una ausencia de procedimientos estandarizados tanto para el registro como para el control del cumplimiento de la medida cautelar que prohíbe el acercamiento a la mujer víctima de violencia, evitando así que se cometa una agresión e inclusive un femicidio.
El informe detectó que no existe un sistema unificado de seguimiento de medidas cautelares en el país, lo que se traduce en que cada unidad policial lo hace bajo un sistema distinto y el propósito es registrar el ingreso o recepción de la orden judicial e informar al tribunal correspondiente cuando se requiere.
La Ley 21.378 publicada hace dos años, establece un sistema de monitoreo telemático, con el objeto de supervisar a través de medios tecnológicos, que en el caso de Chile es una tobillera electrónica, aquella imposición de prohibición de acercarse a la víctima en un contexto de violencia intrafamiliar.
En Chile el servicio de vigilancia telemática está a cargo de la empresa Track Group y Gendarmería de Chile se encuentra ad portas de hacer públicas las bases de licitación para el sistema de vigilancia telemática y que según algunas fuentes podría unificar las penas sustitutivas y medidas cautelares, lo que generaría al menos un escenario nuevo que cambiaría la configuración del juego y podría generar nuevas exigencias en las prestaciones de las empresas que entrarán finalmente en competencia.(Ver nota anterior en P19)
Sin embargo y hasta la fecha apenas el 4% de las más de 1.700 tobilleras solicitadas se ha instalado, según revela una investigación realizada por Paz Henríquez y Valentina Hoyos (estudiantes de periodismo de la PUC) reveló que los problemas son sobre todo técnicos: direcciones mal escritas, la proximidad entre las viviendas de víctima e imputado, problemas de conectividad e inasistencias a la instalación.
En dicha investigación además se señala que “Las autoridades no preveían los numerosos desafíos que la ley encontraría para ser aplicada efectivamente. Hasta el 22 de mayo de 2023, 1.764 mujeres han solicitado que sus agresores sean monitoreados telemáticamente. Sin embargo, 1.688 (96%) de ellas no lo han logrado. Desde que la ley empezó a regir, a inicios de abril de 2022, hasta finales de marzo de 2023, sólo 76 imputados han sido controlados telemáticamente, según información solicitada a través de Transparencia. De ese total, 36 están en la Región Metropolitana. Le sigue la Región de O’Higgins, con 10 dispositivos”.
Entonces, las dudas aumentan, si el informe de la Contraloría revela que no sólo hay fallas en el seguimiento adecuado para resguardar a las mujeres de sus victimarios a lo que se suma una baja cantidad de tobilleras efectivamente instaladas (4%), la pregunta que podemos hacernos en seguida, es que si en el próximo proceso de licitación se unifican las penas sustitutivas y las medidas cautelares, podríamos estar forzando aún más un sistema que no funciona adecuadamente.
