Un rechazo generalizado recibió el oficio que los diputados de derecha Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen enviaron a las Universidades de Chile y de Santiago donde solicitan información de los cursos y programas sobre estudios de género y feminismos, en el que además piden individualizar a docentes que los imparten.
El requerimiento recibió también críticas por usar “ideología de género” para referirse a los programas relacionados a género y feminismos, un término peyorativo utilizado por los grupos ultraconservadores para desinformar y combatir avances en derechos de las mujeres y disidencias.
“Informe a esta Cámara sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”, indica el oficio que ha sido calificado de oscurantismo, inquisición, persecución y amenaza.
Asimismo, se solicita que la universidad “informe cuántos recursos destina anualmente para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudios que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.
Tintes de persecución
Adriana Bastías, presidenta de la Red de Investigadoras de Chile, señaló a Página19 que el requerimiento viene de dos diputados que en forma persistente se han negado a toda medida que vaya en fomento de la igualdad, por lo cual “es razonable pensar que este requerimiento sin justificación razonable tiene tintes de persecución”.
La doctora en ciencias advirtió que en Chile existe libertad de cátedra y el oficio no declara el objetivo por el cual los parlamentarios solicitan la información a las casas de estudios. Además, dijo, “se invalida o deslegitima un área de conocimiento que es altamente relevante y clave para entender desde problemáticas de violencia y acosos, hasta las formas en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Esperamos que las universidades resguarden la integridad en torno a los quehaceres de su comunidad universitaria”.
La presidenta de la Red de Investigadoras recordó la existencia de la Ley 21.369 que previene y sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior “y también los nuevos requerimientos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) van en dirección de valorar las políticas de género dentro de la educación superior; la solicitud de estos dos diputados pareciera ir en contra de la legislación actual y los requerimientos de la CNA”, expresó.
En esa línea, añadió que los diputados “no entienden que no aprender sobre género, omitirlo en el conocimiento, también es ideología”, criticando que Urruticoechea y Jürgensen se oponen a la educación sexual integral y al uso de lenguaje inclusivo, “parecen sacados de otro tiempo, fuera del contexto actual cuando el mundo entero busca caminar hacia la igualdad, como organización nos pone en alerta, más aún cuando se acaba de aprobar la ley que busca promover políticas de igualdad en las universidades”, acotó.
Inquisición
Por parte de la Universidad de Chile, un grupo de académicas, encabezado por Faride Zerán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones; Roxana Pey, coordinadora académica de la Cátedra Amanda Labarca y Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género, emitió una declaración pública de rechazo al requerimiento.
“Desde la Cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, la Unidad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y el Archivo Central Andrés Bello, preocupados por promover la igualdad de género tanto en la propia institución como en los más diversos ámbitos de la sociedad, declaramos nuestra mayor alarma por las connotaciones de esta suerte de inquisición, ya que hemos conocido recientemente cómo en países gobernados por sectores ultraconservadores se han producido dañinas intervenciones en las instituciones de educación superior, especialmente en las áreas de humanidades y muy agudamente en aquellas que les incomodan más pues investigan, reflexionan y enseñan temas que esos sectores prefieren mantener en la oscuridad”, dice el comunicado.
Las académicas y funcionarias alertan que “las intervenciones siempre se inician con tergiversaciones y acusaciones de ideologización”, para aclarar que “Ideología de género es un término que se ha usado para denostar los estudios sobre feminismos que son abordados en la academia como ´teoría crítica´, como clave de análisis del género, lo que ya es parte del pensamiento contemporáneo y nunca una ´ideología´”.
Advierten también que “Hemos visto que de ciertos supuestos que devienen en acusaciones se pasa rápidamente a las restricciones presupuestarias y a los ataques a la imprescindible autonomía universitaria. Y, en ocasiones que nos avergüenzan como humanidad, a discursos de odio que han desatado ataques físicos a personas, quema de libros, crímenes, es decir, han fomentado las formas del fascismo”.
Junto con rechazar toda forma de censura, de vulneración a la libertad de cátedra y restricciones a la plena autonomía universitaria, “pues de prosperar impedirían el pensamiento y producción de saberes sin restricciones, condiciones imprescindibles para la generación de conocimiento que aporte a la soberanía y a la emancipación”, las académicas de la Universidad de Chile enfatizan que “pensar la sociedad y su nueva Constitución con perspectiva de género es un imperativo ético y en ello las universidades públicas tenemos el deber de aportar desde una reflexión crítica que nutra el debate intelectual tanto al interior de nuestras aulas como al conjunto de la sociedad”.
Error conceptual
En tanto, en otra declaración, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH, se sumó al rechazo al requerimiento “por ser persecutorio, discriminatorio y estar en violación de los principios fundamentales de las leyes laborales y de las Universidades Estatales, estos son la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria”.
De igual forma, las académicas y académicos subrayan que el oficio “incurre en un lamentable error conceptual al referirse al ´género´ como ´ideología´, cuando se trata de un concepto concebido para categorizar la conformación de identidades de las personas”.
La ACAUCH denuncia el oficio “por su carácter persecutorio y discriminatorio toda vez que solicite individualizar actividades, organismos educativos relacionados con la enseñanza de la igualdad y equidad entre los géneros”.
Es así como detalla que la solicitud de los diputados está en violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), suscrita por el Estado de Chile que en el artículo 10 señala que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”.
Junto con ello -apunta el texto- lo requerido por Urruticoechea y Jürgensen “no sólo viola la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido en el lugar de trabajo dispuesto en el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo, sino que también la libertad de cátedra consagrada en la Ley de Universidad es Estatales en su artículo 2°”, referido a la autonomía universitaria y que indica que las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica.
“La autonomía académica confiere a las universidades del Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio”, precisa la declaración.
