Periodista y Director de Página 19.
Es un hecho que la confianza ciudadana está depositada en las y los constituyentes que tendrán que escribir una nueva Constitución para Chile. Dentro de los derechos sociales que se avizoran, obviamente, está el Derecho a una Vivienda Digna.
En ese contexto y dentro del marco de la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular y bajo las conversaciones de Primavera 2021 “Nuevo Pacto Urbano y Vivienda Digna”, varias entidades organizaron tres mesas de conversación en torno a este derecho ciudadano: Fundación Salvador Allende, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Ukamau, el Centro de Producción del Espacio y la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile. Dicho conversatorio se realizó el pasado miércoles 29 de septiembre y está disponible en el Facebook y en la página de YouTube de la Fundación Salvador Allende.
En la mesa 2, sobre “Nueva Constitución, Ciudad y Territorios”, fueron invitados a dialogar los constituyentes Tomás Laibe, del Distrito 27, Región de Aysén, y Fernando Atria, del Distrito 10, Región Metropolitana. Se excusaron, por problemas de salud, la Constituyente Alondra Carrillo y Adolfo Millabur. La presentación estuvo a cargo de Genaro Cuadros, arquitecto, jefe de la carrera de Arquitectura de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la conducción la realizó la vocera de Ukamau y docente de la misma casa de estudios superiores, Doris González.
La vocera de Ukamau dio la bienvenida a los panelistas sosteniendo que es una necesidad que aquellos y aquellas que están discutiendo sobre la nueva Constitución y ayudando a delinear la nueva Carta Magna “contribuyan al debate sobre territorios, ciudad y vivienda digna para las transformaciones que requiere Chile”.
Al respecto, Tomás Laibe, cientista político y parte del Colectivo Socialista en la Convención Constitucional, manifestó que la temática sobre ciudad, vivienda y territorio, en estos últimos años se ha tomado buena parte de la agenda. “Lo pienso desde mi región, cómo se ha ido armando un cierto discurso en las organizaciones sociales y en la propia comunidad, en la ciudadanía, la conciencia respecto a lo fundamental de estos temas, la vinculación directa que ellos tienen contra la desigualdad y, también, con una sociedad de derechos”.
Agregó que buena parte del problema del estallido social y los problemas de cohesión social, probablemente, tienen su explicación en los conflictos urbanos y territoriales. “No me cabe duda que el abordar la segregación urbana, la desigualdad urbano rural, que se ve mucho en Aysén, en las zonas aisladas y en los conflictos socioambientales, es parte de la explicación del estallido social, vinculado a eso también por los efectos del Estado Subsidiario en vivienda. Hoy vemos los efectos de una política habitacional subsidiaria que ha profundizado la segregación, los conflictos en el espacio público y eso pasa no solamente en las grandes ciudades, sino también en regiones como la mía, donde también es posible observar el efecto de esta política subsidiaria”.
Laibe sostuvo que hay varios desafíos pendientes donde el derecho a la vivienda es uno y que obviamente estará presente en la discusión constitucional y recordó que Chile ha avanzado en la consagración, a través de tratados internacionales, pero que existe una discusión pendiente respecto a cómo esos tratados se integran hoy a nuestro ordenamiento jurídico. Profundizó: “Nos obligan a hacer una discusión sobre ello en la nueva Constitución, y ese derecho a la vivienda digna existe en otros países del mundo, porque no solamente tienen que ver con consagrar algo en el papel, sino que hacer una discusión sobre la dimensión de la habitabilidad del espacio urbano, del derecho a la ciudad y no es solamente el texto en tu cabeza, en espacio comunitario como se forja el tejido social en nuestras comunidades y cuál es el lugar de referencia en torno al lugar y el entorno”.
Estado social de derechos
El Constituyente por la Región de Aysén subrayó que, de forma anexa, hay que incorporar a la discusión el uso del suelo, el derecho de propiedad y cómo se van vinculando varios temas entre sí para configurar la discusión sobre la ciudad y los territorios. “Una de las cosas fundamentales que vamos a tener que ver entre la comisión de Medioambiente y la de Derechos Fundamentales es sobre el Estado Subsidiario, y hemos hablado de avanzar hacia un Estado Social de derechos y eso tiene un efecto en la política o en la vida real de las personas”.
Y desmitificó señalando que se podría pensar que en la Región de Aysén existe mucho suelo donde construir, pero no es así, ya que tienen los mismos problemas que en el resto de las ciudades de Chile, así que considera que es uno de los temas muy importantes de abordar.
“Siendo que es necesario tener los pies en la región para entender cómo se vive en los diversos lugares, donde no hay alcantarillados a veces, por lo tanto, construir una política de vivienda tiene que considerar dimensiones reales y concretas, donde uno puede tener una pyme, pero no puede acceder al permiso de esa pyme porque no hay alcantarillados, entonces, ese tipo de realidades creo que se abordan desde la descentralización, y espero que también ocurra esa discusión en esta nueva Constitución, en estas comisiones permanentes”, acotó.
Refiriéndose a su realidad local, Tomás Laibe agregó una nueva arista a la discusión: el Estado Plurinacional. “En mi región hay una gran cantidad de población mapuche huilliche que está especialmente vinculada al litoral, a las islas, y hace poco vimos un claro ejemplo de lo que el Estado hace, que vulnera los derechos de las personas y la aproximación que tienen a la tierra. Hay una comunidad mapuche, la comunidad Nahuelquín, que viven en la isla de Traiguén, y esa isla es propiedad del Ejército de Chile y ellos deciden enajenar estos terrenos y venderlos a un privado y ese privado decide expulsarlos. Una comunidad que tiene cien años de historia”.
Soluciones individuales
Por su parte, Fernando Atria, abogado, Constitucionalista de Apruebo Dignidad coincidió con los argumentos de Tomás Laibe, señalando que la vivienda no está colgando del aire, sino en barrios. “Los barrios están en ciudades, están en un territorio, pero la vivienda es una esfera en la cual el daño causado por el modelo neoliberal es tan significativo y afecta tanto al bienestar de las personas como el daño causado en materia educacional, salud o seguridad social”, expresó.
Sostiene Atria que cuando se le compara con otros temas, vivienda no tiene la misma urgencia en la discusión pública ni la magnitud como salud, educación y seguridad social. “Creo que el daño causado es de la misma envergadura, de hecho, probablemente, es un daño mucho más lentamente recuperable. La política de vivienda se reduce a encontrar soluciones habitacionales para individuos que se realiza cuando se le entrega alguna solución habitacional, una vivienda social. Desde ese momento, el problema social desaparece y es un problema individual de la persona que obtiene su casa. Eso lleva a un deterioro, a ciudades segregadas, desiguales, con servicios públicos, inmobiliario urbano, totalmente diferenciados. Es una herencia que no se soluciona cambiando las políticas, por supuesto que hay que cambiarlas, pero es un daño que tomará mucho tiempo en solucionarse. Creo que la nueva Constitución es la oportunidad para hacer eso”.
El abogado hace memoria de lo que ha ocurrido en Chile a lo largo de su historia reciente, al señalar que la Constitución de 1925 no tenía derechos sociales y que estos se insertaron en una reforma que se hizo en 1970.
“Cuando se hizo esa reforma se le introdujo un artículo a la de 1925 que fue tomado del artículo 3 de la Constitución italiana de 1946. Una gran Constitución que empieza diciendo: Italia es una República de trabajadores. El artículo 3 contiene una regla que pasó a la constitución del 25, que creo que encapsula una idea antineoliberal y que esperaría que, ya sea en ese formato exacto, sería un homenaje a la constitución italiana. El Estado tiene que remover los obstáculos que impiden la libertad y la igualdad. No es suficiente una norma que diga que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que es necesaria, pero como esto fue una cuestión que en el feminismo ha quedado clarísimo, la desigualdad no es una cuestión solo de normas, es de prácticas sociales, no hay una norma que diga que las mujeres deben ganar menos que los hombres, de hecho, la norma dice lo contrario, pero hay una práctica social en el sentido contrario”.
Subraya Atria que espera de una nueva Constitución un Estado que asuma una nueva responsabilidad, la de estar atentos para identificar los obstáculos fácticos y removerlos, una política de vivienda que mire no solo a la vivienda, sino a la ciudad y que busque crear ciudades integradas, ciudades igualitarias.
“Lo que hoy recibimos de la herencia del modelo neoliberal son ciudades donde la dimensión pública es más o menos irrelevante, que las ciudades evolucionan conforme a la presión de las inmobiliarias, de lo que les conviene a ellas y que eso produce todos los problemas que tenga que producir, pero no hay espacio para preguntarse cómo son las ciudades que queremos y cómo actuar para las ciudades que queremos”, manifestó el Constituyente.
Por su parte, Doris González señaló que nuestro país, a contar del 18 de octubre de 2019, impulsó un proceso transformador con una alta participación y que miran “a la ciudad como un espacio vivo, dinámico, que no se puede intervenir sin la participación de sus habitantes y ahí hay una cuestión central que nos preguntan los seguidores de este Facebook live: “¿De qué forma una nueva Constitución puede entregar más poder y democracia a los/as habitantes de un territorio?”
Al respecto, Tomás Laibe respondió que esa interrogante está en el estallido social, reflejado en los conflictos “en los territorios socio ambientales, los problemas en el espacio público, la segregación, el aislamiento en el caso de regiones como la mía y, sin duda, buscar una forma de abordarlo en la Constituyente”.
Entretanto, Fernando Atria cuestionó el tema de la participación ligada a la Constitución de 1980, a la que calificó como “tramposa” porque entiende solo a las instituciones como una manera de participación. “Eso no es participación ciudadana, mirado del punto de vista de la nueva Constitución no es aceptable: queremos tener una estructura y un gobierno que estimule otras formas de participación. La sociedad es una fuente de poder en la medida que se organiza. Las juntas de vecinos no surgieron espontáneamente, fue pensada para empoderar a vecinos y vecinas y eso posibilitó cosas posibles, al igual que la organización campesina que permitió la reforma agraria. La declaración de derechos es importante, pero no es suficiente, se necesita crear formas que den poder, poder suficiente para enfrentar a otros poderes fácticos. Se necesita una institucionalidad que dé el poder suficiente para disputar derechos”.
Frente a la pregunta, ¿Cómo una nueva Constitución puede aportar en la reparación y desarrollo de ciudades sustentables sobre todo en el actual contexto de cambio climático?, Laibe sostuvo que en su región la política habitacional no está ajustada a la realidad social y las viviendas no poseen aislamiento térmico. “Eso genera problemas para las familias y búsquedas de solución que contaminan, como la leña, entonces eso exacerba el problema de contaminación. Creo que en las grandes ciudades también se deben pensar con una dimensión de ahorro energético, de ahorro del consumo de agua, cuestiones básicas que si no los enfrentamos no vamos a resolver, ni el problema de la vivienda ni el del cambio climático. Debemos tocarlo y vincularlo al modelo económico”.
Por último, Fernando Atria insistió que nuestras ciudades han evolucionado conforme a los intereses de las inmobiliarias. “Pienso que la nueva Constitución debe permitir que podamos pensar la ciudad como un objetivo de preservar, porque es un interés común, de todos. Debe existir una institucionalidad que lo permita y las políticas correspondientes”.
Las tres mesas de conversación: “Vivienda pública”, “Vivienda Digna, Ciudad y Territorio” y “Memoria y Ciudad” están disponibles en las redes sociales de la Fundación Salvador Allende.
Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile.
