Esta mañana, un grupo de ex trabajadores del Ministerio de Salud que cumplieron funciones como fiscalizadores sanitarios en pandemia, bajo la modalidad de contrato de trabajo, presentaron un escrito en Contraloría solicitando diligencias por el incumplimiento de las obligaciones de la actual Subsecretaría de Salud, María Teresa Valenzuela y su predecesora, la Dra. Paula Daza, actual vocera de la candidatura presidencial del Partido Republicano, en relación al pago del finiquito contemplado en sus contratos y que, hasta el momento, no se ha concretado, situación que estaría afectando a unos 300 trabajadores a nivel nacional.
Según detallan las y los afectados en el escrito firmado por 40 ex fiscalizadores, su labor comenzó mayoritariamente el mes de marzo del 2020 y finalizó entre septiembre y octubre de 2021, con el término del estado de excepción. “Según nuestros contratos, los finiquitos deberían haberse cancelado en un plazo de un mes, lo que ya excede lo contemplado en el cuerpo legal correspondiente, y más grave aún al haber transcurrido en exceso dicho tiempo que la autoridad está legalmente obligada a cumplir, lo que a la fecha no se ha realizado”, puntualizan en el documento que este miércoles entregaron en Contraloría, acompañados de Victoria Escalante, directora nacional de ANEF; Carolina Pizarro, Consejera Nacional de la CUT y el diputado electo por Apruebo Dignidad, Andrés Giordano.
Junto a lo anterior, los ex fiscalizadores denuncian que tampoco es posible verificar el incumplimiento en el pago de asignaciones especiales contenidas en los contratos, así como de jornadas y horas extraordinarias, ya que no han tenido acceso al contenido sus finiquitos. ”La gran mayoría de nosotros cumplimos funciones desde el comienzo y a lo largo de esta crisis como fiscalizadores y operarios sanitarios, teniendo que velar por la salud pública, la prevención del contagio, el cumplimiento de las normativas vigentes, junto con la educación y asistencia a la ciudadanía, conteniendo la mayor parte del tiempo el desconcierto y descontento de las personas ante una situación a ratos, y por muchos y comprensibles motivos, lo que derivó en numerosas ocasiones en agresiones verbales e incluso físicas por parte del público hacia funcionarios”, explican.
Por estas razones es que a través del órgano contralor, solicitan diligencia a las autoridades y o ex autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública para “finiquitar y cancelar a la brevedad nuestros contratos de trabajo y de verificarse algún incumplimiento de carácter administrativo por parte de la autoridad, se investigue y aplique las sanciones que corresponda, para que ningún otro funcionario público se vea enfrentado a esta irregular situación”.
Fariel Abarca, representante de los ex fiscalizadores Minsal explica que cumplieron hasta que se terminaron las aduanas sanitarias, “otros compañeros se desempeñaron en las residencias sanitarias, también en aduanas de aeropuertos, hay distintos casos”, agregando que “a dos meses del cese de nuestras funciones, hay muchas remuneraciones, finiquitos, horas extraordinarias y bonos impagos y la responsable de todo esto es la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza”.
Por su parte, el diputado electo Andrés Giordano señaló que “hoy día lo más importante es relevar la función del trabajo y buscar un Estado que sea modelo de las relaciones laborales, porque es precisamente el Estado el que está llamado a garantizar empleo para todas y todos, y no es posible que todos los años veamos cómo en realidad uno de los peores empleadores es el Estado y con peores prácticas laborales”. El parlamentario también hizo un llamado al actual Congreso para “ponerse a disposición y garantizar una fiscalización para que problema, donde se adeudan recursos, dineros de las y los trabajadores por meses llegue a una pronta regularización”.
Para Victoria Escalante, dirigenta de ANEF, “esto no puede seguir ocurriendo y en los próximos gobiernos y en la nueva constitución debieran estar garantizados los derechos de las y los trabajadores públicos, con una solo una forma de contratación y no con contratos precarios como de honorarios, o código del trabajo”.
En la misma línea, para Carolina Pizarro, dirigenta de de la CUT, “la precariedad laboral que nos demuestra esta situación no puede ampararse en el Estado, ni menos a cargo de ningún gobierno. Este Gobierno en particular se ha empeñado en maltrataros y denostar la función pública, la labor que cumplimos día a día los funcionarios y funcionarias públicos”, agregando que “estamos aquí todos juntos, no solo para pedir que el Contralor se pronuncie, sino también para exigir que el Gobierno se haga cargo no solo de respetar las leyes, sino que dar un trato digno y como corresponde a la trabajadoras y trabajadores del sector público”.
