Tras el cierre de la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno, el escenario para los trabajadores de la salud y el Estado ha quedado definido no solo por cifras, sino por una estrategia de resguardo institucional. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación FENATS Unitaria, ha sido enfático en señalar que este proceso de 2025 no fue una negociación común, sino un ejercicio de supervivencia gremial ante un clima parlamentario que amenazaba la estructura misma de la función pública.
El acuerdo, que contempla un reajuste general del 3,4% y un 5% para las rentas mínimas, es considerado por Ruiz como el resultado de una lectura pragmática de la realidad nacional (con la que no todos estuvieron de acuerdo dentro de la Mesa del Sector Público). Para el dirigente, el foco principal se desplazó de la búsqueda de un incremento salarial hacia la consolidación de derechos que garanticen que ningún trabajador sea removido de su puesto por razones ajenas a su desempeño profesional. Esto, a través de una modalidad de tribunales contenciosos que resuelven la problemática del limbo en que queda el trabajador fiscal ante -por ejemplo- despidos arbitrarios desde que la Contraloría decidió desligarse de estos procesos.
«En un año marcado por discursos que apuntan a la reducción del Estado, no podíamos permitir que la discusión se centrara solo en el porcentaje de aumento. Nuestra responsabilidad histórica fue entender que el mejor reajuste es aquel que viene acompañado de la seguridad de que el colega seguirá en su puesto de trabajo en marzo», comenta Ruiz al analizar la importancia de la estabilidad laboral pactada.
Además del aspecto salarial, el representante de la FenatsUnitaria destacó que se han logrado avances en protecciones que antes eran vulneradas sistemáticamente. En este sentido, el dirigente subrayó: «No podíamos seguir aceptando que la maternidad fuera un factor de riesgo para las trabajadoras en reemplazo; hoy logramos que el embarazo no sea motivo de desvinculación bajo la excusa de la falta de cupos, devolviendo la dignidad mínima a quienes sostienen la salud pública en los momentos más críticos».
Respecto a la labor de la Mesa del Sector Público, describe que los 16 gremios que componen esta organización, tienen una raíz profundamente social al defender no solo la salud y el servicio público, sino también a los usuarios que son la mayoría de la población que depende del sistema estatal. “Por lo tanto, mejorar las condiciones de trabajo es, en última instancia, una forma de mejorar el país, sustentada en un argumento sólido de servicio y vocación que no deja espacio al desánimo, sino que se nutre de la convicción de estar luchando por lo que es justo”, agrega.
Finalmente, respecto al complejo ambiente en el Congreso, Ruiz es tajante al señalar la importancia de la autonomía gremial frente a las disputas partidarias. «Fuimos testigos de cómo algunos sectores intentaron usar el presupuesto de salud como moneda de cambio para sus intereses políticos. Ante esa presión, nuestra respuesta fue fortalecer la unidad de la Mesa del Sector Público; entendimos que el diálogo directo con el Ejecutivo era el único camino para asegurar que el reajuste fuera ley antes de fin de año y no quedara atrapado en una guerra de trincheras que solo perjudica al trabajador», concluye Ricardo Ruiz.
