Vicepresidenta Nacional de Educación, Juventud Socialista de Chile
Desde hace un tiempo, la derecha insiste en repetir que la izquierda se quedó sin ideas. Que estamos desorientados, atrapados en viejas recetas, incapaces de leer los nuevos tiempos. A partir de ese diagnóstico —que se repite como mantra en matinales, columnas y redes sociales— se intenta instalar otro concepto: el de la “emergencia”. Emergencia en seguridad. Emergencia en gasto público. Emergencia en migración. Emergencia institucional. Emergencia por todos lados.
Pero cabe preguntarse con honestidad política: ¿estamos realmente ante políticas de emergencia… o frente a una profunda ansiedad ideológica?
Porque cuando se revisa con calma lo que se propone bajo ese rótulo alarmista, lo que aparece no es innovación, ni modernización del Estado, ni soluciones estructurales. Lo que aparece es algo bastante conocido: retrocesos en derechos sociales, debilitamiento de políticas redistributivas, reducción del rol público y una desconfianza casi automática hacia cualquier intento de ampliar garantías para los sectores más vulnerables.
Resulta curioso. Durante las últimas décadas —con todos sus errores y tensiones— las políticas impulsadas desde la centroizquierda y la izquierda permitieron que millones de personas accedieran por primera vez a educación superior, a atención en salud más amplia, a sistemas de protección social, a subsidios habitacionales, a reconocimiento de derechos largamente postergados. No fue magia. Fue política pública, debate democrático y presión social organizada.
Hoy, en lugar de discutir cómo mejorar esos avances, corregir sus fallas o fortalecer su eficacia, la derecha más dura prefiere calificarlos como excesos. Como si el problema de Chile fuera haber ampliado derechos y no, por ejemplo, la desigualdad persistente, la precarización laboral o la fragilidad del tejido social en muchas zonas del país.
Ahí es donde la palabra “emergencia” empieza a sonar menos a diagnóstico técnico y más a recurso comunicacional. Un marco emocional que busca instalar miedo, urgencia, sensación de colapso. Porque cuando todo es emergencia, cualquier retroceso se vuelve justificable. Cualquier poda social puede presentarse como responsabilidad fiscal. Cualquier cierre se disfraza de orden.
No es casual: la política del shock siempre ha sido una estrategia eficaz para empujar agendas impopulares. Se crea un clima de crisis permanente y, bajo esa atmósfera, se pide a la ciudadanía que acepte soluciones rápidas, concentradas y, muchas veces, regresivas.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué modelo de sociedad se quiere construir?
¿Uno donde el Estado se repliega y deja a las personas enfrentar solas riesgos que son estructurales?
¿Uno donde los derechos sociales vuelven a ser privilegios?
¿Uno donde la seguridad se entiende solo como control y no como cohesión social, oportunidades y prevención real?
Cuando se observa el contenido de estas propuestas, la “emergencia” parece ser menos la situación del país y más la incomodidad frente a los cambios sociales que Chile ya vivió. La ansiedad ante una ciudadanía que exige más dignidad, más protección y más justicia. La inquietud frente a un Estado que dejó de ser mero espectador.
Tal vez el problema no es que la izquierda no tenga ideas. Tal vez el problema es que esas ideas —con todos los debates que requieren— demostraron que el país podía moverse, aunque fuera lentamente, hacia una sociedad más inclusiva. Y eso, para algunos, sigue siendo intolerable.
En tiempos donde abundan los slogans y escasea la deliberación seria, conviene no confundir alarma con diagnóstico, ni urgencia con proyecto. Porque gobernar no es retroceder con prisa: es avanzar con responsabilidad.
Y Chile, más que ansiedad ideológica disfrazada de emergencia, necesita propuestas que miren al futuro sin borrar los derechos conquistados en el camino.
