La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT), a través de su Coordinadora Ejecutiva de las Secretarías del Sector Público, Gabriela Farías Tamayo, ingresó una solicitud formal de información ante la Contraloría General de la República el pasado 7 de abril de 2026. El requerimiento, dirigido a la Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, invoca el derecho de petición constitucional y la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener una radiografía estadística precisa sobre la fuerza laboral del Estado.En el documento, la organización sindical solicita el número total de funcionarios bajo las modalidades de planta, contrata, Código del Trabajo y honorarios a suma alzada con corte al 28 de febrero de 2026.
Esta petición no solo abarca a los organismos de la Administración Central, sino que exige transparencia sobre la realidad contractual en las Municipalidades y sus corporaciones, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
Un aspecto central de la solicitud es el monitoreo de las desvinculaciones y salidas del sistema ocurridas entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2026. La CUT busca desglosar las causales de cese de funciones, distinguiendo entre retiros voluntarios con o sin incentivo, términos de designación para el personal a contrata y destituciones por sumarios administrativos. Además, se pide especificar el número de personas a honorarios que han dejado de prestar servicios en el mismo periodo.
Desde la central sindical subrayaron, a través de un comunicado, que la Contraloría dispone de todos estos antecedentes mediante el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Al tratarse de datos estadísticos y agregados que no requieren la individualización de personas, la CUT enfatizó que la entrega de esta información es fundamental para velar por los intereses de los trabajadores sin vulnerar la protección de datos personales. Con esta acción, el gremio busca asegurar el control de legalidad y la transparencia en la gestión del empleo público durante el presente año.
