Periodista.
Un primer resultado tuvieron las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas que estudió el “extraño” caso de la quiebra de la empresa de casinos Enjoy, cómo se produce su quiebra, cuáles son las razones de su insolvencia y cómo esta empresa logró -en esas condiciones- la concesión y la compra de varios casinos.
El punto es que la empresa apareció vinculada con los intereses del fideicomiso ciego del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Y de ahí a la intervención de la Contraloría hubo un paso, marcando un precedente importante respecto al rol fiscalizador de la entidad con el patrimonio del Presidente de la República.
Cuenta Rodrigo González que por esa vieja costumbre de leer todo lo relacionado con su región, apareció de repente que Enjoy se reorganizaría. Le produjo una gran inquietud y curiosidad que una empresa que está en quiebra o a punto de quebrar pida su reorganización. Se preguntó ¿por qué Enjoy estaba en reorganización? ¿Cuál era la situación que había generado la catástrofe de insolvencia de esta empresa y cómo esto iba a afectar los intereses municipales donde habían casinos?
Se armó la comisión investigadora el 26 de mayo de 2020 “con la finalidad de investigar las formas en que los organismos públicos encargados de la fiscalización de los casinos de juego están realizando ésta función y, en especial del estado de insolvencia del grupo Enjoy y daño a las finanzas regionales y municipales en diversas zonas del país, la posible paralización de planes de apoyo social, la pérdida de empleos y la rendición de cuentas de la correcta inversión de los flujos previamente recibidos en los gobiernos regionales y municipios de Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Rinconada, Araucanía, Pucón, Los Lagos y Puerto Varas, respectivamente”, según se señala en el informe de la mencionada comisión.
Una trampita
Según la comisión investigadora, cuando iniciaron su trabajo se encontraron con una serie de antecedentes graves. La empresa adjudicó culpabilidades de su quiebra al estallido social y a la pandemia. Se indica en el informe que “es de público conocimiento que el Grupo Enjoy ha pedido su reorganización judicial por tener pasivos exigibles superiores a US $ 430.000.000 (cuatrocientos treinta millones de dólares}, señalando que en la actualidad carece de la capacidad para asumir dicha deuda, como consecuencia según la empresa, de una importante merma sufrida en sus ingresos, a raíz del estallido social del 18 de octubre de 2019 y la pandemia global asociada al COVID-19, circunstancias que habrían gatillado el cierre de todos sus casinos, hoteles y restaurantes, así como la paralización de otras actividades que desarrollan en Argentina y Uruguay”.
Sin embargo, quien presidió la mencionada comisión, el diputado Rodrigo González, cuenta que llegaron a la conclusión que ni la pandemia ni el estallido social tenían relación con la quiebra, porque su situación provenía por lo menos dos años antes. A su juicio, la Superintendencia de Casinos no había investigado suficientemente o “no había querido investigar —lo que es altamente probable— la situación en que estaba la empresa a la que le entregó en el año 2018 la concesión de los cuatro o los cinco casinos municipales y posteriormente haberle autorizado la compra de dos casinos: uno en Los Ángeles, otro en San Antonio”.
En su investigación se encontraron con una Superintendencia de Casinos “sumamente permisiva”, que habría autorizado la entrega de licencias a una empresa prácticamente en quiebra y que había hecho ofertas “temerarias, ofertas que eran imposible de cumplir porque -dice el diputado- la única intención que tenía Enjoy era apropiarse del monopolio o del control mayoritario del mercado de los casinos en Chile”.
Interviene la Contraloría
Luego, surgieron antecedentes relacionados con la “falta de cumplimiento de sus deberes y de control de los intereses públicos por parte de la Superintendencia de Casinos. La total permisividad e indolencia, silencio, en relación con las irregularidades que había cometido Enjoy de parte de la Superintendencia y la forma de fiscalización de los organismos públicos en relación con una industria hiper millonaria, de multimillonarios donde además la empresa iba a empezar a aparecer vinculada con los intereses del fideicomisito ciego, o más bien tuerto, del Presidente de la República, Sebastián Piñera”, señaló el parlamentario González.
La información salió a la luz gracias a una investigación de la periodista Alejandra Matus quien reveló el conflicto de interés existente en este caso y que derivó en la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de oficiar tanto a la Comisión de Mercado Financiero como a BTG Pactual, Moneda Asset y Altis, para solicitarles información relativa a los fideicomisos ciegos que actualmente tiene el presidente Sebastián Piñera en el marco de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención del los Conflictos de Intereses.
La decisión la tomó el contralor Bermúdez a partir de las presentaciones que se hicieron respecto a la polémica que generó el decreto 77 del Ministerio de Hacienda, firmado el 28 de enero de 2021 por el propio jefe de Estado y el ministro Rodrigo Cerda. Dicho decreto, que tuvo su toma de razón por parte de la CGR en febrero pasado, apuntó a extender la prórroga de la ejecución de obras de casinos por una sola vez. Es decir, el objetivo apuntó a que se ampliaran de forma legal. En definitiva, la Contraloría tomó su decisión luego de que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, centrada en la insolvencia del grupo Enjoy, acusara la existencia de un conflicto de interés, pues BTG Pactual y Moneda Asset –dos de las tres entidades que administran los dineros del Presidente Piñera- tienen inversiones en acciones y pasivos de Enjoy.
A juicio de Rodrigo González, la decisión de Contraloría es “producto del trabajo que realizamos en la comisión investigadora de casinos y de los oficios que enviamos al contralor pidiendo que Moneda Asset y BTG Pactual fueran investigadas por la intermediación de fondos que pertenecen a los trabajadores y que no debieran haber ido nunca a parar a los grandes grupos económicos como quedó demostrado en los oficios enviados por el superintendente (Osvaldo) Macías”.
La Moneda reaccionó señalando que el anuncio de Contraloría “es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses”. Habrá que ver…
