Periodista.
Pasado el momento de la euforia gubernamental por haber sorteado el peligro de que su ministra de Educación fuera acusada constitucionalmente, lo cierto es que el nerviosismo de nuevo está presente en la administración Piñera y, por otro lado, un cierto grado de desazón recorre las filas opositoras. Es que sumando y restando, el ejercicio de la acusación liderada por el Partido Socialista evidenció, entre otras cosas, que a estas alturas es posible realizar acciones unitarias de la variopinta oposición existente y sincerar con quiénes se cuenta y con quiénes no para llevarlas a cabo.
Y por el lado gubernamental, imposible sacar cuentas alegres si de acuerdo a la encuesta Criteria Research, realizada entre el 17 y el 30 de septiembre, un 44 por ciento de quienes tenían conocimiento de la acusación contra la ministra Cubillos dijo estar de acuerdo con la medida, un 49 por ciento se pronunció a favor de la idea de que la ministra pueda ser destituida producto de esta acusación, contra un 30 por ciento que la rechazaba. Para el director ejecutivo de Criteria Research, Cristián Valdivieso, “esta acusación tenía apoyo en la ciudadanía, pero parece que la oposición no mira datos, no evalúa la información y se fue en contra”.
Peor aún. La evaluación negativa de la ministra Cubillos como titular de Educación alcanzó un 42 por ciento, en tanto que la percepción positiva de su labor alcanzó un escaso 15 por ciento. Claramente no es como para hacer sonar trompetas, menos si se está pensando en una posible candidatura al Senado. Bien lo expresó el analista Cristóbal Bellolio. “No sé si esto es un fortalecimiento a su gestión, incluso algunos de los votos en duda, como Auth o Walker, reconocen que su gestión ha sido odiosa o conflictiva. Esto la fortalece solo en el sentido que no pierde la pega. Sigue siendo una de las ministras peor evaluadas del gabinete y claro, una carrera parlamentaria sigue estando en el horizonte, pero eso habría sido con o sin acusación”, comentó.
Con todo, mientras el gobierno celebraba las dos noticias positivas en áreas que le habían dado dolores de cabeza hasta ahora, como las cifras del Imacec y el rechazo a la acusación constitucional a su ministra de Educación, otras informaciones también hacían dudar de tanta euforia. En el hospital van Buren de Valparaíso, por ejemplo, reinaba algo así como desolación. Dos operaciones debieron ser canceladas por falta de insumos médicos, situación que se repite en varios centros hospitalarios revelando problemas de difícil solución en un área muy sensible para la ciudadanía. Y se le suma la necesidad imperiosa de aprobar sus reformas a las pensiones y la tributaria, ligada al presupuesto 2020 que el gobierno necesita para enfrentar de mejor manera sus últimos años de gobierno. Mejor dicho, para enfrentar los procesos electorales que se acercan a pasos agigantados.
Y en el escenario partidista de uno y otro lado, las aguas se encresparon por las batallas perdidas, aunque más en la oposición que en la derecha. Porque si hay una conclusión transversal, es que la oposición en general y el Partido Socialista en particular recibieron un golpe duro, tras ser rechazada la acusación constitucional contra la ministra de Educación, acusada entre otras cosas, de haber abandonado la educación pública y de sabotear la implementación de la ley de Educación aprobada en el gobierno de Michelle Bachelet.
Se suma que, para el gobierno, el incidente vehicular en que se vio envuelto el subsecretario de Desarrollo Regional, el UDI Felipe Salaberry, no sólo impidió sacar lustre a los resultados del viaje del Presidente a Nueva York, que pasó sin pena ni gloria, como lo confirman las encuestas, sino de nuevo evidenció los rasgos de nepotismo que desde un principio se le ha imputado al gobierno. Pese a que en un principio el gobierno estableció una especie de defensa de Salaberry, este, a medida que pasaban las horas, se hundía más y más, no sólo por las bravuconadas que habría proferido contra el inspector municipal que le cursó la infracción por pasarse tres luces rojas, sino, además, por acusaciones contra su hermana y su pareja que finalmente, provocaron su salida de la Subdere. De nada valió la defensa a ultranza hecha por su partido, que incluso llegó a culpar a su socio Renovación Nacional por haber filtrado antes de que efectivamente ocurriera, la renuncia del ahora ex subsecretario.
La batalla
Aunque la idea de la acusación contra la ministra Cubillos rondaba por los pasillos del Congreso desde hacía tiempo por una gestión muy criticada, entre otros, por profesores, alumnos y apoderados de las abandonadas escuelas públicas, no fue hasta una malhadada intervención de la vocera lo que gatilló la decisión definitiva del partido Socialista de estudiar seriamente esa posibilidad. Cecilia Pérez expresó: “Nos hemos enterado hoy por parte del PS que esta semana estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra nuestra ministra de Educación, Marcela Cubillos, y uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos: ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.
La indignación fue generalizada, provocando la solidaridad de todo el espectro opositor. Ahí probablemente estuvo el primer germen de reacción unitaria. El 20 de agosto, el jefe del PS, Álvaro Elizalde, confirmó que los parlamentarios de su partido evaluaban la acusación contra Cubillos. “Si los diputados estiman que la ministra de Educación está empeñada en hacer fracasar el Sistema de Admisión Escolar saltándose la ley, su obligación es pedir que se investigue a través del mecanismo que la acusación constitucional dispone”, señaló.
Finalmente, el libelo fue firmado por un grupo transversal de parlamentarios, incluyendo miembros del Frente Amplio, que en principio fueron renuentes a apoyar la acusación, inclinándose más bien por una interpelación. Entonces, Gabriel Ascencio (DC), Boris Barrera (PC), Natalia Castillo (RD), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Claudia Mix (Poder), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Esteban Velásquez (FRVS) y Mario Venegas (DC) presentaron el documento el 5 de septiembre ante el Congreso.
Todos se cuadraron para votar afirmativamente la acusación. Los socialistas destacan el papel jugado por el jefe de la bancada democratacristiana, Gabriel Ascencio quien declaró antes de la votación: “Es muy importante que no haya ningún diputado DC que con su voto impida la aprobación de la acusación constitucional. Hago un llamado para que mañana los DC voten primero rechazando la cuestión previa y luego aprueben la acusación constitucional”. En el mismo sentido se habían pronunciado radicales y hasta regionalistas.
El resultado, sin embargo, no fue el esperado. En medio de las presiones brutales del gobierno temeroso por el resultado de la votación, finalmente cinco diputados de la ex Nueva Mayoría votaron en contra del libelo, los DC Matías Walker y Jorge Sabag, el ex PPD Pepe Auth y los independientes Pedro Velásquez y Karim Bianchi, más las abstenciones de Patricio Rosas (ex PS) y el independiente René Alinco, hicieron fracasar el libelo contra la ministra. Todos recibieron el agradecimiento profundo del presidente Piñera y de la propia ministra Cubillos. Y por parte de Chile Vamos, lo señaló la presidenta de la UDI: “.“Doy gracias a Dios que en la oposición haya gente seria, gente responsable, que ve el fondo del asunto. Si uno ve los países que han caído en crisis, como Venezuela, han partido justamente deteriorando su institucionalidad, abusando del poder que les da la Constitución. Y por lo tanto a mí me parece que por suerte hay gente seria y responsable en la oposición. Eso permite que haya discusiones de fondo”, añadió Van Rysselberghe.
Las conclusiones son variadas. Pero todas apuntan a reafirmar que el resultado no es tan sorprendente. Para el diputado Manuel Monsalve, «todos los que votaron a favor del Gobierno son los votos de siempre. Son los mismos votos que se tienen en duda en cualquier votación estrecha». Y repasó las razones: «El voto de, por ejemplo, el diputado René Alinco, siempre es un voto que está en duda, es un voto que sabemos que el Gobierno eventualmente lo puede conseguir cuando lo necesita”. Y agregó en ese sentido el voto de Pedro Velásquez, el voto del diputado DC Jorge Sabag, al que se suma ahora el de Pepe Auth, en quien se personificaron las iras desde las redes sociales. “Al parecer son votos que, en una votación estrecha, la oposición no puede contar. Esa es la realidad», declaró Monsalve calificando como “excusas” las razones que han dado, apelando a las «convicciones”. Y destacó el trabajo hecho con todas las bancadas «señalando que hubo un esfuerzo muy importante de los jefes de bancada de disciplinar a los diputados. “Hubo equipos de trabajo conjuntos y hubo una votación que tenemos que asumirla”.
Otra conclusión en la misma línea la entregó el jefe de bancada de Revolución Democrática, Pablo Vidal. Afirmó que esta vez no fue responsabilidad de la Democracia Cristiana que la acción fracasara. «Yo vi un jefe de bancada (Gabriel Ascencio) comprometido con el acuerdo que suscribimos en conjunto con la oposición y un acuerdo de bancada expresada en las distintas intervenciones de los diputados DC que hablaron. Entiendo que las gestiones desde la presidencia de la DC fueron a favor de la acusación y dos parlamentarios votaron distinto. Eso es algo que tendrán que evaluar ellos, pero yo no puedo cargarle la culpa a la Democracia Cristiana cuando las acciones formales institucionales fueron en favor de la acusación», señaló Vidal. «De los 75 diputados en sala que son militantes de partidos de la oposición, solo dos se desalinearon del acuerdo de la oposición, todos los militantes ayer votaron alineados. Por lo tanto, mi conclusión es que la oposición no tiene 83 diputados en la Cámara, tiene 77. Los 75 que estábamos más los dos que están fuera (Tucapel Jiménez, PPD y Fernando Meza, PR. Sin considerar a Miguel Ángel Calisto, DC, que apoyaba a Cubillos)».
Para el presidente de la DC “los votos en contra de la Democracia Cristiana no fueron determinantes. Si hubiésemos votado todos a favor, igual se hubiese rechazado, eso lo quiero subrayar”. Y añadió: “le quiero decir con mucha claridad a la ministra que no se equivoque, que acá no hay una aprobación de nadie ni sobre su estilo soberbio, prepotente y avasallador, ni tampoco de su pésima gestión. Una cosa es que la Cámara no haya encontrado que los argumentos eran de la suficiente gravedad para poder destituirla e inhabilitarla y otra cosa es que una parte de la oposición siquiera pueda avalar la manera en que está conduciendo el Ministerio de Educación”. En esa línea señaló que su partido estará atento para que se desarrolle el correcto cumplimiento de las leyes: “Acá está en juego el nuevo sistema de educación pública y por lo tanto la supervivencia de la educación pública en nuestro país”.
En definitiva, es un hecho de la causa que la oposición no es mayoría en la Cámara y las votaciones ad portas sobre las 40 horas, presupuesto, tributaria y de pensiones deberán ser evaluadas de acuerdo a lo que evidenció la acusación constitucional.
La economía
Finalmente, y si bien la actividad económica marcó esta vez un crecimiento de 3,7 por ciento, de acuerdo al Imacec, lo cierto es que nadie en el gobierno se atreve a afirmar que el país crecería un 3 y hasta un 3, 5 por ciento este año, como lo hacía porfiadamente el ministro de Hacienda y hasta el presidente.
Esta vez fue más cauto. En la presentación del estado de la Hacienda Pública, el ministro Felipe Larraín, realizó las nuevas estimaciones de crecimiento económico para este año y el próximo, y redujo las expectativas a un rango entre 2,4% y 2,9%, más en línea con las expectativas de crecimiento del mercado. “Si bien las proyecciones de crecimiento para este año se han corregido a la baja, las perspectivas de diversos agentes muestran un segundo semestre más dinámico con una mayor expansión en 2020”.
Pero, también se refirió a la reunión que sostuvo el gobierno en La Moneda con los principales dirigentes empresariales del país. “Fue una reunión positiva. Se habló francamente. Se valoró en esa reunión la recuperación de la economía”.
Lo que no quiso explicitar fueron las críticas del empresariado a la situación del país, aunque relativizadas por ese 3,7 por ciento del Imacec de agosto. De todos modos, el Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), elaborado por la Universidad Adolfo Ibáñez e Icare, cayó seis puntos desde septiembre del año pasado, cosa que reforzó la sensación de pesimismo entre los dueños del capital. Y la desconfianza empresarial, entre otras cosas, reside en la incertidumbre regulatoria y la tardanza en la aprobación de las reformas comprometidas por el Gobierno.
Fue lo que le expresaron al presidente y su ministro en una sorpresiva invitación para reunirse que recibieron los principales dirigentes gremiales de los empresarios. A La Moneda llegaron el presidente de la CPC, Alfonso Swett; el timonel de la Sofofa, Bernardo Larraín; el líder de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso; el dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía; el presidente de la Sonami, Diego Hernández; la cabeza de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena; la presidenta de la Asociación Chilena de Emprendedores, Alejandra Mustakis; y el empresario Richard Von Appen.
Es que le habían hecho llegar al Mandatario la molestia que se había incubado en el mundo empresarial no sólo por el estado del arte del país, sino también, por su participación y dichos en la ONU. El ministro Larraín contó que en el encuentro “conversamos también sobre las trabas y los desafíos que tenemos en materia económica, la guerra comercial, lo que está pasando fuera de Chile, lo que está pasando con algunos de nuestros vecinos”, y reconoció que también se abordó la discusión en torno a la baja de la jornada laboral, un tema que no es del agrado del gran empresariado. Sin embargo, se limitó a decir que “los empresarios han manifestado públicamente lo que ellos piensan”.
Un tema fue la COP25 que los inquieta de sobremanera. Ad portas del inicio de la COP25, Larraín debió responder a los cuestionamientos o suspicacias en torno a las políticas medioambientales, y que mantienen en alerta al sector privado. Entrevistado en un programa de radio confesó que efectivamente habían conversado sobre ese encuentro señalando que se valora que tengamos esa reunión en Chile y de paso aseguró que «no hay tensión» respecto del evento. Dijo que «ahora algunos pensarán, me han manifestado, que ven el peligro de que en medio de la COP puede haber políticas como ellos dicen ‘pasadas para la punta’, pero quiero decir que nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente y tenemos un compromiso de muy distintas formas, la COP25 es una forma». Por lo mismo, el jefe de las finanzas públicas enfatizó que «la COP25 no es solo una reunión, sino que la presidencia por alrededor de un año que está ejerciendo Chile y un liderazgo a nivel internacional».
La verdadera preocupación quedó al descubierto cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, advirtió: «Esperemos que las indicaciones del Gobierno vayan en el buen sentido para tratar de tener una buena Ley de Glaciares y no una ley antiminería», recalcó el timonel de la Sonami, Diego Hernández.
Son dos proyectos los que generan preocupación al empresariado: el de delitos ambientales y la Ley de Glaciares, que producen más que incomodidad a la gran minería y donde tienen presencia poderosos grupos económicos, entre ellos, los Luksic.
