Periodista.
Pese a todos sus esfuerzos por salir de la zona de crisis desencadenada por el asesinato del joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca, el gobierno no ha podido desembarazarse de situaciones de conflicto que curiosamente para un gobierno con experiencia de otra administración en el cuerpo, ha cometido errores mayores y menores que en algún momento le podrían pasar la cuenta. Ha tenido para su tranquilidad, una inexistente oposición durante estos meses, tal como lo reconociera el diputado DC Gabriel Silber quien hizo un mea culpa porque “como oposición hemos estado absolutamente desarticulados y prácticamente ausentes de acciones concretas durante este período estival. Ese diagnóstico, entiendo, es compartido. Y debe ser uno de los temas a corregir a partir de marzo”.
Desconcierto es lo menos que provocó la voz inexistente de la oposición frente a varios hechos ocurridos en este tiempo: la demora en reaccionar del gobierno ante los embates de la naturaleza en el norte y sur del país; la propagandística gira -que algunos calificaron como “mentirosa”- de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, descalificando el sistema de admisión escolar iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet y relevando su propuesta llamada de Admisión Justa; el intento de cambio en la legislación laboral con las indemnizaciones por años de servicio; lo que está ocurriendo con el arresto del ex Comandante en Jefe del Ejército entre 2010-2014, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de fondos públicos por 3.500 millones de pesos, entre otras acusaciones; la concesión marítima de Sebastián Piñera en el lago Caburgua; la insólita declaración del Ministro de Salud culpando a los inmigrantes del aumento del Sida en el país; y para qué decir de las descoordinaciones a la vista luego del desmentido toque de queda en la región del Biobío, la huelga de brazos caídos por parte de brigadistas de Conaf de la Región de La Araucanía, entre otras.
La política
No sólo la escasa o nula presencia de la oposición, duramente criticada en las redes sociales, será uno de los temas a discutir cuando ya marzo está ad portas y con ello el inicio del trabajo legislativo. Se suma el qué hacer frente a las reformas tributaria, laboral y pensiones que el gobierno está empeñado -y casi obligado a aprobar este año, ante la inminencia de períodos electorales futuros-; la ofensiva contrarreformista en la educación, en lo laboral; en programas de salud. Y para qué decir sobre el manejo de las relaciones exteriores del país, que por ahora culmina en el anunciado viaje a Cúcuta, frontera con Venezuela, para que el Presidente participe en la entrega de algunas toneladas de alimentos y remedios para Venezuela, invitado por el autoproclamado Guaidó en momentos de máxima tensión en esa zona.
Fue esto lo que provocó que se difundiera una carta en que un grupo de ex cancilleres y senadores PS criticaron al gobierno señalando que ha roto con “la tradición de autonomía de nuestra política exterior” al apoyar irrestrictamente a la figura de Juan Guaidó en Venezuela.
Son algunos de los nudos que tienen horquillado al gobierno de Sebastián Piñera, sin contar que aún sin cumplirse un año de administración, suman y siguen los pretendientes a la Moneda que dicen estar dispuestos, aunque en su mayoría ni siquiera aparecen en las menciones de encuestas. En todo caso, traen sorpresas a analizar, por muy dudosas que sean sus metodologías.
Los resultados de la última encuesta Cadem -correspondiente a la segunda semana de febrero- revelaron que, pese a los recientes escándalos que ha protagonizado, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, es la mujer política mejor evaluada de Chile con un 53 por ciento de valoración positiva. Poco importaron las críticas y que ha sido objeto por su afán de figuración usando recursos de su municipio. La edil se posicionó por sobre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la ex Presidenta Michelle Bachelet, quienes obtuvieron 52 por ciento cada una. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se mantuvo como el personaje mejor evaluado con un 72 por ciento, dos puntos porcentuales más bajo que en la revisión anterior, seguido por el presidente del PPD y ex canciller, Heraldo Muñoz, quien registró un 57 por ciento.
La encuesta en cuestión reflejó que por primera vez los principales militantes del Frente Amplio obtuvieron una aprobación menor al 50 por ciento: el diputado Giorgio Jackson (48 por ciento), el alcalde Jorge Sharp (46 por ciento), el diputado Gabriel Boric (46 por ciento), la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez (45 por ciento) y la diputada Pamela Jiles (38 por ciento).
Los errores
La mencionada encuesta reveló, además, que un 42 por ciento aprueba y un 44 por ciento desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin mostrar diferencias con la semana anterior. No es casualidad. Es que el manejo del Mandatario tanto en el norte como en el sur no fue el más brillante. Tanto así que el alcalde, Patricio Ulloa y pese a su militancia UDI, se transformó en el más duro crítico de la gestión del gobierno en la zona, acusando el abandono de las autoridades locales. Llegó a pedir ayuda internacional, acusando la insuficiencia de recursos para combatir el siniestro que hace una semana casi obligó la evacuación de los tres mil habitantes de Cochrane.
Al respecto, un Twitter de Sebastián Piñera fue duramente criticado no sólo en las redes sociales. Decía: “¡¡Qué maravilla !! Está lloviendo a chuzo en Cochrane y eso contribuirá a apagar el incendio. Ahora nos concentraremos en los incendios de la Araucanía, Biobío y Ñuble. Ha sido un verano muy difícil: Incendios, Terremoto e Inundaciones. Pero hemos luchado con voluntad y éxito”. Y lo dijo justamente cuando recrudeció el incendio en esa zona y peor aún, coincidiendo con el anuncio de que viajaría a Cúcuta, Colombia, para participar en la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos.
“¿Pasará por Cochrane antes de ir a Cúcuta?”, ironizó el excanciller Heraldo Muñoz. El diputado por la zona Miguel Ángel Calisto, DC, le escribió: “Presidente. El incendio en Cochrane está descontrolado, van más de 15 mil ha y el viento empeora pronóstico. Todos hemos sido respetuosos del trabajo de equipos y coordinaciones, pero comparando información con la realidad el Gobierno está bajando el perfil a una grave catástrofe”.
De inmediato surgieron las justificaciones. Aracely Leuquén, parlamentaria RN por la zona, sostuvo que el Mandatario ha recibido «información que no es fidedigna desde el gobierno regional». Y la prensa recoge opiniones off de récord de personeros del oficialismo que reconocen que “han fallado los niveles de coordinación” en el manejo de la emergencia en la Patagonia.
Dirigentes de organizaciones sociales difundieron una declaración señalando que “Con consternación hemos visto como, una vez más, se han postergado las necesidades de la ya aislada Región de Aysén, dejándola a merced de fuegos descontrolados, sin obtener de nuestras autoridades más que promesas vacías y declaraciones que carecen de asidero en la realidad”. Agregan que “con impotencia, hemos sido víctimas de cómo se ha acallado a nuestra autoridad local y a cualquier otro que ha hecho ver la soledad a la que se ha condenado a nuestra zona. Peor aún, hemos sido víctimas del silencio de la Autoridad Central, que ha fallado en informarnos sobre el verdadero estado de la tragedia.
“Al día de hoy, el fuego ha consumido decenas de miles de hectáreas, y a nadie más que a los Ayseninos le ha importado. Hemos visto como, con sus actos y declaraciones, la Autoridad Central nos señala que Aysén no es urgente o, al menos, esta urgencia tiene menos ocupada la mente de nuestras autoridades que la imaginaria organización de un mundial a realizarse en más de una década”.
Una visión que fue ratificada recién por el alcalde Ulloa. Nuevamente criticó a su gobierno por la lentitud en su reacción. Dijo que el megaincendio en su zona abarca las 20 mil hectáreas y que se debe a la tardía reacción de las autoridades. “Se demoraron 6 días en que llegara el tanquero. Esos días fueron fatales”.
En medio de ese mar de críticas, el Presidente Piñera salió a defender su decisión de viajar a Cúcuta, Colombia, este viernes y sábado. Justificó el viaje en el apoyo a una “solución pacífica y constitucional a la grave crisis política y económica que vive Venezuela”. “El tiempo exige en Venezuela no solo declaraciones de intenciones, exige acciones concretas. Por esa razón he aceptado la invitación del presidente Iván Duque y del Presidente Juan Guaidó”.
Entre la tormenta de críticas que le llegaron al Mandatario está un documento que elaboraron senadores socialistas, excancilleres, exministros y exembajadores, para referirse a la crisis en Venezuela y criticar la conducción de la política exterior de esta administración. Allí se planteó que el gobierno de Chile “se ha plegado incondicionalmente a la estrategia norteamericana” respecto de la crisis venezolana y que ha roto con la “tradición de autonomía de nuestra política exterior”.
“Es sobradamente conocido que tradicionalmente la política exterior de Chile se ha practicado como política de Estado”, señala el texto. Agrega que “esa gran tradición no inspira a los actuales gobernantes. El gobierno de Sebastián Piñera está abandonando la política de Estado y optando por un sistema inconsulto que traerá consecuencias. Romper relaciones con un país, sin escuchar opinión alguna, es un acto sumamente grave”. Afirman que “el uso de la migración y los constantes ataques a la expresidenta Michelle Bachelet, la chilena de mayor figuración internacional en su condición de alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, son ejemplos del estrabismo de la política exterior”.
La declaración fue firmada por los excancilleres José Miguel Insulza (PS) y Mariano Fernández (DC); los senadores Isabel Allende (PS) y Juan Pablo Letelier (PS); los exministros Carlos Ominami (ex PS), Luis Maira (PS), Sergio Bitar (PPD); los exembajadores en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, y en Brasil, Jaime Gazmuri; además de Osvaldo Rosales y Carlos Eduardo Mena (DC), entre otros.
Extrañó la ausencia del excanciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien fue invitado a firmar el documento. Una vez más, sin embargo, quedó al desnudo la escasa voluntad de unidad en algunos sectores de oposición. Muñoz decidió no formar parte de la ofensiva. Justificó su decisión en que, si bien está “de acuerdo con el tenor general, hay párrafos que no se ajustan a los hechos como yo los conozco” y otros con los cuales tenía diferencias.
Otra prueba de esa falta o no de voluntad unitaria será en marzo, cuando se despeje el panorama respecto a si el Frente Amplio dará sus votos para que Gabriel Silver presida la Cámara, como estaba acordado. Respecto a una posible acusación constitucional al Ministro del Interior, por su responsabilidad en el caso Catrillanca, el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, señaló que “veo muy difícil (la acusación) porque las cosas tienen su momento cúlmine. En el momento más adecuado para esto no hubo un acuerdo político, así que veo muy difícil que existe un acuerdo posterior a eso”. El jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, coincidió con su par del PPD, “Yo creo que han ocurrido dos factores que, es evidente, debilitan la voluntad de presentar la acusación constitucional”: el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, y la falta de consenso dentro de la oposición con respecto a presentar la acusación contra el jefe de Interior.
Pero, no todo está dicho. Dentro de la oposición se espera que el documento de análisis jurídico entregado a un comité creado especialmente para este tema sea entregado a fines de febrero a las bancadas para que tomen una decisión. La creación del comité jurídico se concretó el 9 de enero pasado, a raíz de las diferencias que surgieron en torno a la viabilidad política de levantar una acusación constitucional contra el jefe de gabinete.
La instancia fue conformada por los abogados Gabriel de la Fuente (PS), Francisco Zúñiga (PS), Patricio Zapata (DC), Tomás Jordán (DC), Jaime Gajardo (PC), Guillermo Vásquez (PR), Javier Palominos (FRVS), Sebastián Aylwin (FA). El jefe de bancada DC, Matías Walker, valoró el trabajo realizado por el comité jurídico. “Ellos en principio iban a elaborar una opinión a principios de enero, pero por la complejidad y la entidad que tiene este tema, nos pidieron plazo hasta la tercera semana de febrero, para finalmente elaborar un informe”. El parlamentario democratacristiano agregó que “obviamente, la decisión política respecto de llevar adelante o no una acusación constitucional la vamos a tomar las bancadas, pero va a ser un insumo muy importante el informe que elaboren los expertos constitucionalistas”.
¿Causa mapuche?
He ahí otro de los nudos a deshacer por el gobierno. Porque los problemas del gobierno no terminan allí. Al ministro (S) de Interior, Rodrigo Ubilla, se le ocurrió decir en una entrevista con el diario La Tercera que “algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”. Además, señaló que en la Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco, este tipo de emergencias siempre están vinculadas a este tipo de intencionalidad. Dijo que la situación involucra a más regiones de la zona sur y aseguró que hay incendios premeditados que estarían ligados con amenazas a brigadas de combate y/o aviones que buscan apagar el fuego.
“Cuando se le dispara a un avión que está apagando un incendio hay una intencionalidad distinta. Hay un arma de fuego que se utiliza para amedrentar a las brigadas de la empresa que estaba combatiendo el incendio, se les obliga a salir del lugar, y al avión se le produce el daño que todos conocemos. Eso tiene una intencionalidad distinta a la imprudencia de la cuadrilla de la empresa de comunicaciones”.
Rápidamente esta vez, la oposición reaccionó. El jefe de la bancada de diputados del PS, Manuel Monsalve, señaló que “con la declaración que dio el subsecretario hay una preocupación legítima que, bajo la justificación de la zona de catástrofe y los incendios, el gobierno quiera, a través de una estrategia oculta, lograr mantener a las Fuerzas Armadas en la Región de La Araucanía”. Añadió que esto “sería gravísimo, porque buscaría responder a la presión de la derecha dura, de los sectores gremiales de La Araucanía que vienen pidiendo la presencia de las Fuerzas Armadas para resolver por la vía militar un problema que es político”. Desde la DC, el diputado Matías Walker afirmó que “el gobierno no ha aprendido del caso Catrillanca” y que, de alguna manera, sigue estigmatizando al pueblo mapuche. Y el diputado del PPD, Ricardo Celis, acusó una “segunda intención” en los dichos del subsecretario Rodrigo Ubilla. “Me parece que la actual argumentación del gobierno encierra una segunda intención, que no tiene que ver con el control de los incendios, sino con dar una señal a los gremios y a la derecha de la zona de conflicto, en particular en La Araucanía”. Con esto, agregó, el gobierno buscaría mantener el Ejército “instalado en la región”, por más tiempo, debido al actual estado de catástrofe decretado en la zona.
Todo esto, mientras las fuerzas se preparan para enfrentar el año legislativo. Desde la UDI pidieron que la coalición realice un cónclave que les permita acordar una estrategia político-legislativa común. .“Como bancada de diputados de la UDI, creemos que es de la mayor relevancia que, junto a las demás bancadas parlamentarias de Chile Vamos y representantes del Poder Ejecutivo, llevemos adelante, en el mes de marzo, un cónclave de carácter político-estratégico, con el propósito de definir los criterios mínimos para consensuar un apoyo sólido -siempre dentro de nuestras legítimas diferencias- a las iniciativas prioritarias para 2019 y, al mismo tiempo, coordinar acciones conjuntas que contribuyan a llevar adelante nuestro programa de gobierno”.
“Debemos considerar que tenemos al frente a un sector de la oposición que obstruye y, cegado por la politiquería, busca entrampar las iniciativas de gobierno y torpedear los avances de políticas públicas que tienen por único fin contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.
Los diputados UDI plantean cuatro ejes a debatir: la reforma previsional con énfasis en la Pensión Básica Solidaria; la reforma tributaria, que incluya el congelamiento en el valor de las contribuciones para la tercera edad y una ampliación del beneficio tributario por educación, en referencia a los costos de los textos escolares; la reforma a la salud, donde se consideren normas que permitan la disminución en el costo de los medicamentos, y la rebaja al número de parlamentarios. Ahí es donde quieren concentrar sus esfuerzos.
La educación y la salud
Imposible no referirse a lo que está ocurriendo en las áreas de educación y salud. Aunque hay opiniones señalando que los temas levantados por los secretarios de Estado de ambas instituciones fueron una estrategia para retomar la perdida agenda política luego del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, lo cierto es que a estas alturas ya no se sabe si fue peor el remedio que la enfermedad. Porque la gira por el país, iniciada a fines de febrero por la ministra Marcela Cubillos para reunirse con familias y alumnos descontentos con el sistema de admisión escolar actual ha sido duramente criticada por expertos, políticos y apoderados que, en su inmensa mayoría, si adhieren al sistema en ejecución.
“Sistema de admisión escolar pone muro entre familias y colegios. Ley prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema. los derivó, y que quizás ni conocen, hasta después de matricularlo”, escribió Cubillos en Twitter
El diputado Gabriel Boric (MA) calificó el recorrido de Cubillos como la “gira de la infamia”. El abogado Fernando Atria (PS) hizo un hilo en Twitter para explicar cómo la ministra habría mentido en uno de sus tuits. Pero, las críticas también vinieron desde su propio sector. La filósofa e investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre -quien trabajó en el programa de Educación durante la campaña de Sebastián Piñera-, entregó una demoledora opinión.
“Creo que el problema no es que la ministra se reúna con las familias cuyos hijos no quedaron en los colegios a los que postularon. Por el contrario, es natural que los ministros se reúnan con los que han visto sus expectativas frustradas. El problema son las declaraciones de la Ministra a partir de estos casos, pues emite juicios que son equivocados.
¿Como cuáles? se le consultó. “Por ejemplo, dijo que el sistema de admisión debería ser modificado porque cerca de un 15 por ciento de los alumnos no quedó en ninguna de sus preferencias. Pero resulta que nada en el proyecto de ley que envió mejora esta situación. El gobierno ha dicho que quiere devolverle la libertad de elegir a los padres, pero el proyecto de ley que se envió solo restringe la libertad de elección de los padres, pues les da a los colegios más posibilidad de elección. Entonces uno se pregunta: ¿Qué pretenden? ¿Por qué desinforman así a la ciudadanía? Tal vez las encuestas les dicen que cuentan con el apoyo ciudadano, pero es complejo actuar así porque algunos juicios son de frentón falsos, por no decir mentira, y crean falsas expectativas que no podrán cumplir. El problema es muy sencillo de entender. Cuando 1000 niños postulan a un colegio con 100 cupos, 900 quedan fuera. Eso es así con cualquier sistema. Echarle la culpa al nuevo sistema es mentirle a la gente, porque con cualquier sistema 900 quedan fuera. Las familias cuyos hijos no quedaron en los colegios que querían están frustradas y es entendible, pero es peligroso jugar con la frustración de estas familias y aprovechar esto políticamente para responsabilizar a algo que no tiene responsabilidad alguna. Creo que esta actitud es pan para hoy, pero hambre para mañana”.
“Echarles la culpa a los expertos me parece poco honesto por eso me molestó lo que dijo la Ministra. Ella sabe que la frustración de las familias tiene que ver con el hecho de que son pocos los colegios que las familias valoran y eso produce que los pocos buenos colegios sean altamente demandados y eso implica que muchas familias queden frustradas cuando ven que sus hijos no quedaron asignados. Pero sabemos que eso no es un problema del nuevo sistema de admisión, éste simplemente lo saca a la luz. Echándole la culpa al empedrado no vamos a avanzar y si te dedicas a desprestigiar un sistema desinformando, entonces probablemente puedes lograr revertir la medida y volver al status quo, pero en el fondo sabes que no avanzaste nada, solo lograste volver a esconder un problema bajo la alfombra. Me parece que no es esa la clase de política que Chile necesita”.
El diputado Jaime Bellolio defendió a la ministra Cubillos diciendo que los expertos “no someten a sus hijos a un algoritmo”. Aludiendo a que los técnicos aportan a políticas “teorizando sobre la vida de otros y no sobre las suyas”. Al respecto se le preguntó a la experta Eyzaguirre si compartía esa esa visión.
“Jaime Bellolio se equivoca y seguramente se equivoca porque no entiende el nuevo sistema. Si lo entendiera no diría eso. En primer lugar, las personas que envían a sus hijos a colegios particulares pagados sí someten a sus hijos a un algoritmo para ingresar a la universidad y hasta donde sé nadie ha reclamado. En segundo lugar, el algoritmo es sumamente flexible y se puede utilizar con o sin selección. Sería maravilloso que este algoritmo se pudiera utilizar para los colegios particulares pagados incluso con toda la selección que quieran hacer los colegios, pues simplificar enormemente los procesos de postulación, eliminaría o reduciría las asimetrías de información y beneficiaría a los padres pues optimizaría las preferencias de las familias, priorizando tanto las preferencias de las familias como las del colegio. Alguien que de verdad conoce este sistema no podría estar en contra. Es como comparar una plataforma que coordina la demanda y oferta de taxi al estilo Easytaxi o Uber con salir a la calle y tratar de agarrar uno. No hay duda en la eficacia del primero en desmedro del segundo”.
Y en Salud, el ministro Emilio Santelices, presentó las cifras de nuevos casos de VIH confirmados en Chile durante 2010 y aseguró que este incremento se produjo por la llegada de extranjeros infectados al país. Entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH en Chile confirmados por el Instituto de Salud Pública, lo que representa 1.132 casos más que en 2017, dijo Santelices.
Según el ministro, este aumento en la cifra se explica porque “han venido extranjeros con VIH, y por ello se incrementó la cifra de pacientes. Palabras que generaron diversas críticas por parte de parlamentarios opositores. El DC, Matías Walker le salió al paso señalando: “Desde los 90 se opusieron a campañas en TV que promovían uso del condón, se opusieron a las jocas que hablaban de sexo en los colegios, decían que era labor de cada familia…y ahora quieren responsabilizar a los inmigrantes del aumento del VIH. Irresponsables e inconsistentes”, indicó.
La diputada comunista Karol Cariola también el salió al paso: “Frívolo e irresponsable el Ministro de Salud al estigmatizar a los migrantes de esta forma. Él sabía que las cifras de VIH están descontroladas hace tiempo en Chile y aun así las medidas tomadas por el gobierno son totalmente mediocres e insuficientes y se lo dijimos”, señaló.
Juan Luis Castro (PS), quien el año pasado presidió la instancia de Salud de la Cámara, sostuvo por su parte que ¡¡“las cifras alarmantes de VIH en Chile no son culpa de los extranjeros!! Lo que FALTA es campaña comunicacional seria, distribución masiva de preservativos y que al país llegue la prevención Pre Exposición (PreP). La diputada Marcela Hernando (PRSD) también criticó los dichos de Santelices calificando como “irresponsable, justificar el aumento de VIH en los extranjeros revela el sesgo xenofóbico del gobierno. La única manera de saber si venían infectados es pedirle un examen al ingreso y eso no se ha hecho ¿y si se infectaron aquí?”, concluyó.
La economía
En medio de señales de desaceleración, expertos consultados por el Banco Central en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas redujeron a 3,5% su proyección de crecimiento para este año, desde el 3,6% previsto el mes pasado, y también modificaron sus expectativas para el ritmo de aumento en la tasa de interés y ahora esperan sólo un alza adicional para este año, en vez de la dos que pronosticaban en el sondeo anterior.
La estimación de crecimiento para este año es más pesimista que las previsiones del Ministerio de Hacienda que prevé una expansión de 3,8% en 2019, y del Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria proyectó un aumento de entre 3,25% y 4,25% este año y de 2,75%-3,75% para el próximo. Para el 2020 los economistas mantuvieron por quinto mes consecutivo su pronóstico para la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en 3,5%.
