Periodista.
Cuando aún no se acallaban las voces críticas por la presencia de los hijos del Presidente en una reunión de negocios en China, el ambiente se volvió a crispar por el anuncio del alza de la energía eléctrica en un 10.5 por ciento promedio y junto con ello, la noticia entregada por el Diario Financiero acerca del aumento del capital de Piñera en 1.700 millones de pesos en un año. Muy legal, pero muy intolerable para la mayoría que vive con un sueldo miserable y que está lejos de la definición que dio Andrónico Luksic -invitado especial de Piñera a China- de la clase media chilena. Tuvo la mala idea de asegurar que, actualmente, dicho estrato social “tiene la posibilidad de viajar, tener un segundo auto y hasta una casa en la playa”. Ni más. Ni menos. Tanto fue repudiado en las redes sociales, por decirlo de manera elegante, que el gran empresario se vio obligado a pedir disculpas.
La polémica por la presencia de los hijos del Presidente en China no fue baladí. Hasta el oficialismo admite que no solo terminó opacando los objetivos de la gira presidencial, sino que también -según la encuestadora del gobierno- superó en términos de importancia para las personas a un anuncio con el que La Moneda buscaba dejar atrás los efectos negativos que tuvo el tema de los medidores eléctricos para la aprobación del Ejecutivo. Según la última encuesta Cadem, realizada entre el 2 y el 3 de mayo, a un 60 por ciento de los consultados le parece “mal” que el Presidente haya invitado a sus hijos al viaje, mientras que a un 33 por ciento le parece “bien”. Y ante la consulta sobre la participación de ellos en la actividad con empresarios chinos, quienes lo consideran como algo negativo aumentan a 65 por ciento, mientras que solo un 27 por ciento cree que está “bien”.
Para peor, la medición muestra que la aprobación al Mandatario se mantiene en un 35 por ciento, el peor resultado de todo su gobierno, y la misma cifra que la semana anterior, casi inalterable desde el 36 por ciento registrado a inicios de abril. El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel dijo después, “ojalá no hubiera pasado, y no va a volver a pasar en el futuro porque los tiempos cambiaron”. Agregó que para el gobierno, este escenario significó “un problema que nos hubiera gustado evitar”, ya que la gira por Asia había sido un viaje “muy exitoso. Se juntó con las tres mayores autoridades de china, se lograron grandes acuerdos. Fue transversalmente calificada como positiva”.
Pero, a su regreso el Mandatario encontró demasiados nubarrones. Y más enrarecido aún se volvió el aire en el país, luego que el gobierno pisara el acelerador para que en el menor plazo posible -tomando en cuenta que ya casi se llega a mitad del año-, se aprobaran las reformas ya presentadas por el Ejecutivo: laboral, previsional, de salud y tributaria. Todas reformas que necesitan de un correlato financiero que no se vislumbra con claridad para la oposición.
Malas nuevas
Entonces, la noticia del bajo Imacec de marzo, de un 1,9 por ciento de acuerdo al Banco Central con lo que el crecimiento del primer trimestre fue de sólo 1,8 puntos, instaló preocupaciones mayores en La Moneda, pero también entre los expertos y los empresarios. Aunque el Ministro de Hacienda trató de morigerar la mala noticia señalando que “esperamos que esto vaya mejorando durante el segundo trimestre, a pesar de que éste tiene una base de comparación muy alta; entonces, la verdadera mejoría, las cifras más altas que van a estar en el segundo semestre de este año», reafirmando que “nuestra estimación de crecimiento para este año está en torno al 3,5 por ciento», lo cierto es que no está logrando disipar el nerviosismo empresarial.
Expertos como Alejandro Fernández, economista de Gemines, opinó que el Imacec «sin duda reafirma la preocupación que hay por la pérdida de velocidad en el crecimiento: la economía está creciendo, virtualmente, a una velocidad nula, y eso es complicado». Y añadió: «si ya había dudas respecto de lograr o no la meta o la nueva proyección que hizo el ministro de Hacienda hace poco tiempo, yo creo que, con esto, se confirma que ese objetivo es extremadamente difícil y, más bien, yo diría que no se puede alcanzar», alertó el experto.
Y de nuevo explicaciones curiosas. Tal como aquellas repetidas por el oficialismo en el último tiempo respecto a la responsabilidad importante de los “factores externos” que no estarían permitiendo un salto en el crecimiento del país. Una explicación que nunca quisieron aceptar en la derecha frente a los problemas económicos que enfrentó el gobierno de Michelle Bachelet. Pero, cosas de la vida, ahora les viene bien a los empresarios, que expresan las mismas dudas e incertidumbres que planteaban en la administración pasada por las reformas que impulsaba la presidenta Bachelet.
Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), explica las razones del escenario de incertidumbre que enfrentan por las reformas estructurales que promueve el Ejecutivo. “Vemos que la economía no despega y no lo hará mientras el Gobierno no se convenza de que, para que Chile retome la senda del crecimiento, es imprescindible la modernización de la industria». «Se requiere, además, de mejor escenario interno: la aprobación urgente, en el más breve plazo, de las reformas tributaria y laboral, que agregan un factor de incertidumbre que es clave a la hora de tomar decisiones de inversión», afirma el dirigente gremial.
Coordinados de nuevo
En estos días, todo pareciera tomar el carril de un tren rápido para el gobierno. Pero, al parecer, no le será fácil llegar a destino. Ocurre que a más de un mes del amago de quiebre de la oposición, cuando la Democracia Cristiana se desmarcó de la postura que había fijado previamente el sector para rechazar en bloque la votación en general de la reforma tributaria del gobierno, lo que permitió al Ejecutivo contar con votos clave para destrabar uno de sus proyectos más emblemáticos y dar paso a su tramitación, ahora -con la reforma previsional- existe un esfuerzo de coordinación que hace temblar a uno y otro lado. Es que nadie puede asegurar los votos a la hora de decidir en las comisiones o en el hemiciclo.
Por el momento, todo indica que hay un consenso que quedó reflejado en las cinco páginas del documento que el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (DC), le entregará al Ejecutivo. Durante más de un mes, diputados y expertos, desde la DC al Frente Amplio estudiaron y analizaron la reforma previsional que La Moneda ingresó al Congreso a fines de octubre del año pasado.
El diputado Soto dijo que esperan que el ministro de Hacienda resuelva dudas con respecto al financiamiento de la misma, antes de definir si aprobarán o no la idea de legislar el proyecto. “Quiero anunciar que vamos a llamar a la votación en general del proyecto de reforma previsional. El lunes 6 vamos a tener una sesión para que el ministro aclare las dudas, de lo contrario vamos a tener que echar mano o a la reforma tributaria o a las fórmulas solidarias distintas. La votación se va a realizar una vez despejadas las dudas, sí y solo si se despejan, el día 13 de mayo”, señaló. Todo dependerá, entonces, de la respuesta del gobierno a la propuesta de la oposición.
De todos modos, Soto insistió en que tal como está el proyecto del gobierno, no mejora de manera sustancial las jubilaciones de los trabajadores. «Hay que decirle al país que este proyecto, tal cual está, no va a mejorar las pensiones de los chilenos de forma significativa, no va a aumentar la cobertura del pilar solidario y tampoco va a haber un impacto en el corto plazo, si no que más bien en 40 años más. No queremos esa reforma, queremos algo distinto y con un impacto real en el corto plazo», enfatizó.
Se le consultó al diputado si existe la posibilidad de que la oposición no apruebe la idea de legislar la iniciativa. Dijo que «están todas las posibilidades abiertas, no hemos tomado una decisión ni en lo personal, ni como DC, ni como oposición». «Los US$3.500 millones que cuesta la reforma de las pensiones no están asegurados y no podemos ser irresponsables fiscalmente”. Agregó que “en los próximos días vamos a iniciar las negociaciones con el gobierno, espero que no se enamoren demasiado de su proyecto y entiendan que la única manera de hacer viable la reforma previsional es sobre la base de un acuerdo político y social lo más amplio y transversal posible y para eso tienen que escuchar mucho e incorporar nuestras ideas y propuestas».
Diez condiciones
Son 10 las condiciones mínimas que deben cumplirse para que la centroizquierda se abra a aprobar la idea de legislar. El documento elaborado por el equipo técnico de la oposición, que contó con figuras como la exministra de Trabajo Alejandra Krauss (DC), el exmiembro del Consejo Asesor para la reforma previsional Andras Uthoff y la economista Claudia Sanhueza, entre otros expertos, reitera que la propuesta del gobierno es “insuficiente”, ya que “no da cuenta de forma adecuada de los múltiples desafíos del sistema de pensiones”. En el documento se advierte que, tal como está, la propuesta del gobierno “no resolverá el problema de las bajas pensiones” y que “solo profundizará los problemas de competencia e ineficiencias existentes”.
Las condiciones mínimas que instaló la oposición para aprobar la idea de legislar son:
Aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados en, al menos, 20 por ciento; incrementar la tasa de cotización incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo permitiendo aumentar la pensión de los actuales jubilados y de los futuros, con especial énfasis en la clase media y mujeres”; fortalecimiento del rol del Estado como una condición fundamental; fortalecer la participación social de los afiliados en el sistema, creando una instancia independiente e incidente que sea capaz de “actuar y representar los intereses de los afiliados” respecto de, por ejemplo, cómo se invierten sus fondos; Ampliación del pilar solidario, aumentando su cobertura al 80 % de las familias para avanzar en el mediano plazo hacia un piso de protección social universal”; financiamiento sustentable de los compromisos fiscales, donde a nuevos gastos permanentes se asocien nuevos ingresos permanentes.
Agregan que el Ejecutivo contemple la creación de “una institución pública, que administre toda la cotización adicional, bajo una lógica de seguridad social”. En ese sentido, proponen un organismo sin fines de lucro y que “opere de forma simple y con mecanismos por defecto”; que el gobierno licite un sistema único de cobranza, donde no participen, ni directa ni indirectamente, las AFP, y que abarque a todos los actores de la seguridad social”; se valora el subsidio y seguro de dependencia propuestos por el gobierno, pero advierte que “su cobertura (personas con dependencia severa y de 65 y más años de edad) y los montos son insuficientes y deben ser abordados en un contexto más amplio de seguridad social, que profundice el rol del Estado, avanzando gradualmente hacia un sistema integral de cuidados de personas con dependencia”. Por último, una reforma profunda al sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden y Seguridad que, entre otras cosas, introduzca una “mayor equidad” en relación al sistema civil.
El apuro del Presidente y la respuesta de la oposición
Nuevamente el Presidente Piñera decidió tomar el toro por las astas y se involucró directamente en la gestión para apurar el tranco de las reformas en el Parlamento. Piñera hizo un sentido llamado a los miembros de la Comisión de Trabajo a acelerar la tramitación y aprobar la idea de legislar esta semana. “Desde el fondo del corazón le quiero pedir a los parlamentarios que este miércoles, de una vez por todas, aprueben la reforma a las pensiones, que la están pidiendo 2,6 millones de hombres y mujeres que están en la tercera edad”, señaló el Mandatario.
“No sigan haciendo esperar esta reforma de las pensiones, esta es una reforma justa, necesaria y urgente, y cada día que sigue durmiendo en el congreso, significa un día más de espera, para 2,6 millones de personas”. “Estamos construyendo un segundo piso al Pilar Solidario, para beneficiar a la clase media que muchas veces no recibe ninguna ayuda del Estado y a las mujeres, que muchas veces por razones familiares tienen más lagunas previsionales”.
La respuesta no tardó en llegar. “Si quieren que este proyecto avance y por lo tanto que sea viable legislativamente, y se vote de forma favorable en la oposición, eso hoy no va a ocurrir porque el proyecto es insuficiente, es de largo plazo, no tiene una mejora sustantiva en las pensiones de los actuales jubilados ni de los que están prontos a jubilarse…En ese sentido, la pelota la tiene el Ejecutivo”, respondió el diputado Raúl Soto. Y emplazó al Mandatario para “que mañana salga él mismo a anunciar, en una conferencia de prensa, la respuesta a cada uno de los diez pisos mínimos”.
La diputada comunista Karol Cariola comentó que “hoy el presidente Piñera sale a decir que este proyecto va a aumentar en un 50% las pensiones de los jubilados, eso no es verdad”. Y añadió: “no esperamos que el Gobierno nos diga, como nos respondió el ministro del Trabajo, Nicolás, Monckeberg: sí, vamos a sentarnos y esperamos recoger todos los puntos, pero primero voten favorablemente. Eso es abrir una caja de pandora. Lo que queremos es que nos digan si están o no de acuerdo con los diez puntos que les planteamos”.
El diputado Soto espera que no haya división en la oposición como ocurrió en la reforma tributaria. “Lo que estamos haciendo acá es un esfuerzo de coordinación que esperamos que no repita la historia que habíamos tenido en otras tramitaciones”, explicó. Uno de los pisos mínimos que plantean los diputados es subir “de inmediato las pensiones de los actuales jubilados, en al menos 20 por ciento”. Además, pide solidaridad en el pilar contributivo, “eso significa abrirse a la creación de un fondo solidario, de algún sistema de ahorro colectivo, reparto, como lo quieran llamar, pero en el entendido de que la cotización, toda la adicional, tiene que ir a un fondo que redistribuya de manera mucho más equitativa los ahorros previsionales y que sea además bajo un rol protagónico del Estado en la administración de los ahorros adicionales y eso significa la creación de una institución pública”.
El proyecto del Gobierno considera que entidades estatales, como BancoEstado, puedan administrar la cotización adicional de 4 por ciento, al igual que otras entidades privadas que quieran hacerlo. Sin embargo, para los diputados de oposición no es suficiente que el banco estatal cumpla este rol. “Nos parece que eso es una trampa del actual proyecto, de hecho, es una mera expectativa, ni siquiera hay nada concreto de la posibilidad que BancoEstado administre algún tipo de ahorro previsional”, detalló Soto.
Nuevos problemas
El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación del trabajo, la familia y la inclusión, iniciativa que “permite acordar jornadas de trabajo adaptables a las distintas realidades y necesidades de los trabajadores.“
Rápidamente y una vez conocidos los alcances del proyecto, defendido con pasión por el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, surgieron las dudas y los cuestionamientos. Entre las modificaciones se cuenta pactar, alternativamente, a la jornada ordinaria de 45 horas semanales, una de 180 horas mensuales que podrá ser distribuida en forma diferente cada semana. Se propone establecer, como regla general, que la jornada ordinaria sea semanal o mensual, se distribuya en no menos de 4 ni más de 6 días. Así, por ejemplo, los trabajadores podrían prestar servicios de lunes a jueves, y descansar viernes, sábado y domingo. Jornadas semestrales y anuales pactadas a nivel colectivo; Bolsa de horas extraordinarias; Compensación de horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones; Convenir alternativas de horario de inicio y término de jornada; Anticipar o postergar la recuperación de horas de permiso autorizado; Disminuir el tiempo de colación para adelantar el horario de salida; Adaptar la jornada de trabajo en períodos de vacaciones familiares.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, afirmó que es el peor proyecto que podría hacerse y que vulnera los derechos de los trabajadores. “Es un proyecto para los empleadores y no para la salud de los trabajadores. Les pedimos a los parlamentarios que rechacen la idea de legislar”.
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el DC Raúl Soto, calificó la iniciativa como un retroceso para los trabajadores. “Creo que el gobierno se ha farreado una oportunidad histórica. Si queremos conciliar trabajo con familia era el momento de revisar los topes de jornadas laborales, rebajar la jornada semanal, y anunciar una jornada de 4X3, sobre la base de 40 horas semanales, y no como propone este proyecto que es flexibilidad a favor de los empresarios. Creo que es un retroceso”.
Agregó que a su juicio «son más bien medidas de una flexibilidad laboral extrema que no protege adecuadamente los derechos y las condiciones laborales que hoy día requerimos para los trabajadores y trabajadoras del país». Indicó que lo que propone este proyecto “sólo es flexibilidad a favor de los empresarios, a costa de los trabajadores y sin revisar los topes máximos de 45 horas semanales y de 12 horas diarias. El diputado sostuvo que «desde la DC y desde toda la oposición estaremos coordinados para revisar en detalle esta propuesta de manera tal de garantizar que no haya ninguna política regresiva desde este punto de vista que vaya en desmedro de los trabajadores». La senadora Carolina Goic, que integra la comisión de Trabajo del Senado, destacó que «todo lo que nos ayude a avanzar en conciliar vía laboral y familiar es importante. Es lo que encabezamos en el caso de la extensión del post natal de 6 meses, es lo que hoy día acoge este gobierno en materia de sala cuna universal con un financiamiento solidario». «Probablemente hay temas complejos en algunas de las propuestas (…) pero eso será parte de la discusión y es muy importante que estén los actores involucrados en la mesa». Agregó que «esto tiene que hacerse siempre con el resguardo y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores (…) espero que las normas tengan ese sentido, que no nos encontremos en el proyecto con letra chica, sino que más bien con este foco puesto en la familia y en los trabajadores».
En este contexto, el ministro Monckeberg insistió en que el proyecto “está hecho para que cualquiera de las jornadas que se adopten sea de común acuerdo y eso significa que nadie le puede imponer a un trabajador una jornada de trabajo y tampoco la empresa está obligada a seguir una de ellas. Tiene que ser de común acuerdo y eso me parece que es sano”. Contó que, para el diseño de este proyecto, se incorporaron propuestas de los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Raúl Soto (DC), por lo que espera una rápida tramitación.
“Es un proyecto que ha sido bien recibido y es importante analizarlo pensando en los trabajadores y no en los intereses políticos mezquinos, porque muchas veces, con tal de hacerle un gallito al gobierno, los parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, se oponen antes de conocerlo”, sostuvo.
Sobre las dudas acerca de la adaptación de las empresas a estos cambios, el secretario de Estado afirmó que “si la empresa se opone a cualquier medida de modernización, o se opone a todo beneficio, le aseguro que esa empresa tiene una corta vida, porque el mundo hoy está cambiando y las empresas que no se adapten tienen muy poco futuro”.
