“Los trabajadores han concurrido mayoritariamente con sus propios fondos a enfrentar la crisis, con cerca de US$17.500 millones, que se desglosan en más de US$16.000 millones por el retiro del 10% de las AFP y US$1.500 millones de sus cuentas del Seguro de Cesantía, a través de la Ley de Protección del Empleo”. Esa es la principal conclusión del sexto informe del equipo del Partido Socialista e Instituto Igualdad que fiscaliza los proyectos impulsados por el Gobierno para proteger a las familias afectadas por la crisis económica y social producto del Covid-19.
De acuerdo al informe, el aporte directo desde los ahorros de los propios trabajadores supera en casi cinco veces al apoyo estatal, pues el Fisco sólo ha destinado US$5.000 millones para ayudas sociales directas: Bono Covid, IFE y Bono Clase Media, entre otros.
“Esta situación escapa al espíritu del Marco de Entendimiento de junio de 2020, cuando se acordó un cuadro presupuestario para llegar con ayuda efectiva a las personas a través de un plan de emergencia que se fue diluyendo con el tiempo”, asegura la investigación.
En el detalle, el documento “Presupuesto 2021: ayuda para las empresas y costo para los y las trabajadores y trabajadoras”, sostiene que los casi 800.000 trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo vieron reducidos sus ingresos con el correr de los meses, además de agotar los fondos de sus cuentas individuales del seguro de cesantía -previsto originalmente para otro tipo de contingencia- sin recibir ninguna ayuda adicional que permitiera complementar sus ingresos.
“En Chile, hay aproximadamente 15,7 millones de personas en edad de trabajar y actualmente los ocupados ascienden a menos de la mitad, un 46% o 7,2 millones de personas. Hace exactamente un año, ese mismo porcentaje ascendía a 58%, o sea, casi 2 millones de personas menos que ya no participan del mercado laboral. Si a esto se suman los ocupados ausentes, con apoyos de suspensión del empleo y otros instrumentos, que en el período de un año se han incrementado en 680 mil personas, estamos llegando a 2,7 millones de personas con fuertes necesidades de empleo”, afirma.
En ese sentido, indica que “particularmente compleja es la situación de las mujeres frente al mercado laboral, ya que la pandemia ha recargado fuertemente las labores del cuidado de los hijos con las demandas de la educación remota, el teletrabajo y las tareas del hogar. Esto ha significado su salida del mercado laboral formal y un retroceso en su tasa de participación en más de 10 puntos en un año”.
Finalmente, el documento del equipo del PS e Instituto Igualdad señala que el gasto fiscal en la pandemia fue insuficiente y tardío, lo que terminó creando un cuadro donde los propios trabajadores debieron hacerse cargo con sus ahorros destinados originalmente a seguridad social, y para el 2021, el Gobierno subvalora la persistencia de altas tasas de desempleo.
“El proyecto del Presupuesto 2021 no cumple con las necesidades actuales de nuestro país, que atraviesa por una fuerte crisis socioeconómica, y se seguirá cargando el costo de la crisis a los trabajadores y las trabajadoras. El retiro del 10% de los ahorros previsionales y ocupar los fondos de cesantía han sido una clara muestra de que la crisis la terminaron pagando los trabajadores y trabajadoras”, concluye el informe.
