Cuando se conoció que
en las últimas 24 horas (jueves) se registraron 6.754 casos de nuevoscontagiados con el coronavirus, alcanzando 160.846personas, cifra que nos posiciona como país en el puesto número 12 en el ránking mundial de casos superando incluso a Francia, con un triste resultado -hasta ahora- de 222 muertes, cobra total sentido la última declaración de partidos opositores, titulada “Lo Urgente Primero”.

Aparte de la unitaria señal que entregan los partidos opositores, desde el PS hasta el Partido Liberal, pasando por el PPD, la DC, el PR y Revolución Democrática esta declaración contiene propuestas claras y urgentes al gobierno que, esperan, sean tomadas esta vez en cuenta.

Llaman a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible y que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas. De lo contrario, dicen, “las cuarentenas que hoy nos rigen no serán efectivas y no se podrá controlar la pandemia.

Por lo mismo, señalan que una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios de la próxima semana y llaman   a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas. No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al Covid”, concluyen.

Entre los puntos que señalan en  la declaración, indican  que un Ingreso Básico de emergencia (IBE)suficiente y oportuno es parte fundamental de la estrategia de contención de los contagios y las consecuentes muertes.

Al respecto “es indispensable explicitar que beneficiará a todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella sin discriminación alguna, esto es: igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia.

Explican que el criterio de elegibilidad es el nivel de ingreso del hogar para aquellos que pertenecen al 80% más pobre según criterios ISE y que estén inscritos en el Registro Social de Hogares.

Aclaran que las actualizaciones que se realicen no deben ser un obstáculo para entregar los beneficios a quienes ya cumplen los requisitos. Las personas a quienes les corresponda recibir beneficios, producto de un cambio en su realidad, deberán tener un mecanismo expedito para actualizar su información y solicitar los aportes, los que deberían ser otorgados tan pronto esto fuera reportado, si bien habrá de comprobarse la validez de ésta con posterioridad a la entrega de la renta de emergencia. En todo caso, la actualización de la realidad de ingresos sólo será para acoger aquellos hogares que hubieran visto caer sus ingresos.

Simplificar el trámite

Los hogares no requerirán postular a la renta básica de emergencia, lo que significa que el beneficio se entregará a todos los hogares que cumplen los requisitos de estar en el 80% de ISE y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

El ingreso de emergencia será recibido por todas las familias que califiquen durante los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente y según la realidad sanitaria lo indique, se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral.

También llaman a simplificar el trámite. “El ingreso de emergencia se depositará en la cuenta RUT de algún miembro (beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente por la mujer del hogar. Para quienes no tengan cuenta RUT se debe normar la posibilidad de que el Banco Estado abra automáticamente cuentas a quienes acceden a este beneficio. Complementariamente a esta alternativa, puede además implementarse la entrega directa del ingreso mensual de emergencia a dichos hogares por parte del IPS.

Más adelante, la declaración entrega propuestas respecto a la reactivación futura y la generación de empleos, señalando entre otras cosas, que la reactivación segura requiere apoyo estatal en financiamiento y asistencia técnica para dotar a las pymes de protocolos sanitarios y asegurar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible; y apoyo a liquidez de grandes empresas que sería caso a caso, asegurando criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades, inversiones fuera del giro, pago de remuneraciones a altos ejecutivos, ausencia de vínculos con paraísos fiscales y compromiso con normativa laboral y ambiental.