Periodista.
Cuando el gobierno daba muestra de verdadera desesperación por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce las horas laborales apoyado por toda la oposición, su socio privilegiado, su amigo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó declaraciones tan brutales contra la ex Presidenta y actual Alta Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet Jeria, justo en el mes del dolor en Chile, que provocó la respuesta indignada de tirios y troyanos.
Y, volvió a suceder lo que permanentemente le ocurre al presidente chileno, salvo que su tibia reacción haya sido fríamente calculada. En resumen, no fue ni claro, ni categórico al responder -luego de varias horas- las ofensivas palabras del presidente de Brasil.
Por un par de días, el hecho se tomó la agenda, oscureciendo incluso la estrategia del gobierno para aterrar a los chilenos si es que el proyecto de reducción de las horas laborales llegaba a aprobarse; también la euforia del Ministro de Hacienda por el Imacec, que creció 3,2 por ciento en comparación con igual mes del año anterior, y que fue el mejor en lo que va del año, aunque se ubicó en el rango bajo de las expectativas del mercado. Pese a que todos los expertos habían anunciado hace rato que el segundo semestre habría un mejor desempeño de la economía, la noticia alegró demasiado al gobierno, al punto de anunciar que ello “marca el camino de la recuperación económica».
Otro hecho político y que va más allá de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, es que la presentación fue firmada por todos los representantes de la oposición. Habrá que esperar su resultado.
Lo que está pasando en Brasil
Ocurrió que la Alta Comisionada de la ONU había dicho que “se ha observado que el espacio democrático se está reduciendo en Brasil”, en alusión al aumento de los casos de violencia policial con resultado de muerte en el país”, asegurando que “entre enero y junio, solo en Río de Janeiro y Sao Paulo, 1.291 personas habían sido asesinadas” por esas fuerzas.
Bolsonaro, conocido entre otras brutalidades por su apoyo a la política de “gatillo fácil”, reaccionó de inmediato, aumentando con ello su desprestigio a nivel internacional. No es cualquier cosa en el mundo atacar a la más alta autoridad de Derechos Humanos de la ONU y peor aún, a una ex presidenta que sí goza de un prestigio envidiado por muchos.
“Michelle Bachelet, siguiendo la línea de Macron, entrometiéndose en los asuntos internos y la soberanía brasileña, ataca a Brasil en la agenda de derechos humanos y a nuestra valiente policía civil y militar”, fue el primer mensaje de Bolsonaro, imitando a su líder estadounidense. Luego, en rueda de prensa lanzó frases aún más odiosas: “Bachelet también dice que Brasil pierde espacio democrático, pero olvida que su país no es una Cuba gracias al personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre estos comunistas a su padre, militar de la época”.
La indignación comenzó a tomarse el país. La oposición unida condenó rápidamente las palabras de Bolsonaro, parlamentarios y excancilleres, como José Miguel Insulza e Ignacio Walker entre otros, exigieron una rápida respuesta a la “muy grave ofensa contra la expresidenta y contra la República de Chile”. Más aún, Walker dijo que las declaraciones de Bolsonaro son “propias de una mente desquiciada” y lamentó “profundamente el lenguaje abyecto de la ultraderecha casi fascistoide como la que representa José Antonio Kast y el diputado Urrutia”
El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que las declaraciones de Bolsonaro «son bastante desafortunadas, dan cuenta de una persona que es misógina, fanática, que de alguna manera es primitiva y que justifica lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en América Latina, algo francamente inaceptable». Diputados del Frente Amplio por su parte pidieron que el canciller -en ese momento en Planalto- regresara a Chile si Bolsonaro no se disculpaba.
La molestia de la derecha
La derecha tradicional, incómoda y molesta, se vio obligada a rechazar la alusión al padre de la ex Mandataria, muerto por las torturas a que lo sometió Pinochet. Pero hasta ahí. Es lo mismo que hizo el presidente Piñera, luego de varias horas de silencio. Sostuvo que “no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex presidenta de Chile y, especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre”. Y luego señaló que «sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto de los gobiernos que tuvimos en los ’70 y ’80, siempre estas visiones tienen que expresarse con respeto».
Pero donde salió mal parado fue cuando le tendió su mano a Bolsonaro tratando de justificar sus declaraciones como una reacción a lo expresado por Michelle Bachelet. Dijo que sus afirmaciones “deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y la evidencia que corresponde, las que no fueron acompañadas en esta ocasión”.
Craso error. José Miguel Vivanco Director de la División de las Américas de Human Rights Watch para América Latina, entrevistado por radio Cooperativa, dejó en evidencia que al parecer no le entregaron al Presidente los informes que avalan desde hace mucho las declaraciones de Michelle Bachelet. Se refirió al “deplorable récord de Brasil” en materia de derechos humanos, que se ha deteriorado en los últimos meses con las políticas impuestas por Bolsonaro desde que asumió. Entre ellas, la ampliación de justificaciones eximentes de responsabilidad penal para favorecer a policías que matan a sospechosos de delincuencia. Ello -dijo- permite que los policías no rindan cuenta.
Y agregó que los dichos de la Alta Comisionada están “plena y ampliamente documentados”, añadiendo que “los informes demuestran en forma irredargüible que hay un debilitamiento del Estado democrático de Derecho en Brasil”.
Era cuestión de llamar a Vivanco, como lo hizo la emisora, o sencillamente leer la prensa. Es que las cifras existen en informes previos de la ONU. Por ejemplo, el 17% de resultados de muerte en acciones realizadas por fuerzas policiales o militares solamente en Río de Janeiro y San Pablo, entre los meses de enero y junio con un total de 1.291 casos en esas dos ciudades, aumentando considerablemente en comparación al 12% registrado en el mismo periodo en 2018.
Bolsonaro, desde el principio ha defendido la política de “disparar para matar” a los sospechosos de cualquier cosa. No es casualidad que haya dicho que Michelle Bachelet se haya enojado porque “la policía está matando delincuentes y vagabundos”. De hecho, en Río de Janeiro, la policía adoptó una política de sobrevolar las favelas con helicópteros que llevan francotiradores, autorizados por el gobernador a disparar a blancos que consideren sospechosos.
Esa política -según los informes- ha resultado en la muerte de muchos inocentes, y hay centenas de casos. Hay varios ejemplos: hace poco el albañil José Baía recibió un disparo en su cabeza cuando trabajaba en el techo de una vivienda, en la favela carioca de Villa Kennedy . Los pobladores que trataron de realizar una protesta por la muerte del trabajador también fueron dispersados con balazos y gases lacrimógenos por la policía. La joven Margareth Teixeira, de 17 años, fue asesinada durante una operación policial a mediados de agosto cuando iba caminando rumbo a la iglesia evangélica que frecuentaba y llevaba en sus brazos a su hijo de dos años que también fue alcanzado por una bala, pero sobrevivió. La policía de Río de Janeiro justificó la acción diciendo que todos ellos, incluyendo Margareth, tenían vinculación con las bandas de narcotraficantes, sin entregar pruebas al respecto.
El informe también recordó el caso cometido por soldados del Ejército, que dispararon 80 tiros contra una familia que paseaba en su auto por la población de Guadalupe . En el ataque, además de otros cinco heridos, murieron el músico Evaldo dos Santos, que conducía el vehículo, y el cartonero Luciano Macedo, que trató de socorrer a la familia durante la balacera.
Todo esto forma parte de las denuncias entregadas a la Alta Comisionada por la diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad quien estuvo en Ginebra en mayo entregando un informe que hablaba de 434 muertes durante acciones policiales o militares en Río de Janeiro entre enero y marzo pasados.
La crisis por una encuesta
Tales informes son al parecer, lo que no le interesa a la derecha “casi fascistoide” como la llamó Ignacio Walker. Porque según José Antonio Kast “la expresidenta Bachelet ha usado su cargo desde el día uno para atacar y cuestionar al Presidente Bolsonaro. Sus críticas no se basan en hechos, sino en su postura ideológica”.
Su diputado Ignacio Urrutia -quien renunció a la UDI para unirse al partido que lidera Kast- sostuvo que “Bolsonaro no se equivoca. El gobierno militar evitó que nos convirtiéramos en una nueva Cuba y el desarrollo de Chile es el resultado directo de la revolución económica y social de ese gobierno”. La diputada RN Camila Flores repitió el mismo guion y sostuvo que Bolsonaro “tiene toda la razón…pues pretender que se desconozca que, efectivamente, en nuestro país no terminamos como están hoy día viviendo en Cuba o en Venezuela, precisamente es gracias al pronunciamiento militar, y eso es lo que hace efectivamente Bolsonaro cuando se lo recuerda a la comisionada de DD.HH”.
Estos personeros no caben en sí de alegría, luego de conocerse la encuesta que , en primarias, da por ganador a su jefe por encima de Lavín. Tremendo disgusto en la dirigencia de la otra derecha tradicional, porque ese resultado no hace más que evidenciar que tanto en RN como en la UDI y probablemente Evopoli, están infestados del pinochetismo que hoy se siente con autoridad como para votar por quienes lo representan.
La medición reveló que Joaquín Lavín lidera las preferencias presidenciales espontáneas (16%), seguido por José Antonio Kast (12%), pero las aguas vuelven a su lugar cuando se le pregunta a los encuestados que se identifican con Chile Vamos o el Partido Republicano por una eventual primaria. El 33% se inclina por José Antonio Kast y el 27% por Lavín. El sondeo no alcanzó a medir el período posterior al reportaje de La Tercera sobre las sociedades familiares de Kast en Panamá, un paraíso fiscal.
Todo esto sucedió después del Consejo General de Renovación Nacional. Hubo variados intentos de su presidente Mario Desbordes de no presidencializar el encuentro, pero sin resultados muy positivos. Dijo que “la elección presidencial siendo relevante no es hoy día lo prioritario para RN; falta mucho todavía. Si se miran las encuestas a esta altura del gobierno anterior de Piñera, las personas que figuraban como presidenciables no llegó ninguna a las papeletas. No hay que ponerse ansioso y trabajar más para que al Presidente Piñera le vaya bien, que es la prioridad que tiene toda la gente de Chile Vamos”. Pero, allí estuvieron y hablaron Andrés Allamand, Manuel José Ossandón y Francisco Chahuán, quien incluso llevó un corpóreo para conquistar corazones.
Ahora, con Lavín en la pool position y un José A. Kast conquistando al escondido pinochetismo, Renovación Nacional probablemente se meterá de lleno en los procesos electorales que se acercan a pasos agigantados. “Las prioridades para RN son uno, apoyar a nuestro gobierno, y dos, trabajar en las elecciones municipales. Si nos va bien en esas dos cosas, con nuestro gobierno y en las municipales, tenemos una gran opción de seguir siendo gobierno”, vaticinó Desbordes.
Las culpas del empresariado según RN
El proyecto de las 40 horas es justamente un dolor de cabeza para la derecha. Un sector, representado por el propio Desbordes tuvo duras palabras para referirse al oficialismo por el ambiente que se ha generado a propósito del proyecto que lidera Camila Vallejos.
La sorprendente es que recién alguien de ese sector -y no sin enojo- grafica la situación en que se encuentra el país. Desbordes señaló: “El Ejecutivo se equivocó hace dos semanas al escuchar a algunos de los partidos de Chile Vamos que le pidió frenar el proyecto nuestro, y esto por presión también de algunos empresarios grandotes“, respondió una consulta en Radio Universo. “Yo hice una crítica que les molestó mucho a los grandes empresarios. No les debo nada y a mí me preocupan los Pymes, porque ustedes amigos, grandes empresarios, se las arreglan solos, dicho sea de paso. Les importa un rábano quien gobierne mientras les mantengan las cosas bien“, sostuvo el presidente de RN. “Cuando vemos las utilidades de la banca, de las farmacias, de un montón de rubros, bien, me alegro de que tengan hartas utilidades, pero ¿eso llega abajo? La pregunta que uno se hace. Hagámonos cargo de la frustración también y de la bronca, porque hay bronca”.
Desbordes aseguró que “no estoy contra los empresarios, pero me molesta su actitud hoy día de rasgar vestiduras en circunstancias que en 20 años no han dicho nada en este tema. ¿Cómo no se van a dar cuenta que hay malestar? ¿Cómo no se van a dar cuenta los amigos de los bancos que estamos todos hasta más arriba de la coronilla con que si me clonan la tarjeta tengo que pagar yo si no tengo seguro (…) nunca el banco”? “Muchos no han sido capaces o no han querido, o creen que la estrategia del avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra es la estrategia adecuada para olvidarnos de toda esta frustración y esta bronca y este malestar ciudadano que es real”, reclamó. Aseguró que el proyecto 40 horas “es una de las válvulas de escape y pueden venir muchas. Me duele la miopía de mi propio sector de seguir la ortodoxia absoluta“.
Se mostró dispuesto a poner su firma para ir al Tribunal Constitucional afirmando que “puede hacerse ahora, no detiene la tramitación, puede hacerse ahora el requerimiento por inconstitucionalidad”. De esta manera, “el TC podría fallar antes (de que termine la tramitación) y hasta allí llega el proyecto”, señaló el Presidente RN
En ese sentido, los diputados de Chile Vamos anunciaron que la próxima semana irían al Tribunal Constitucional, pese a que la tramitación no ha culminado. Lo confirmó el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, quien aseguró que la iniciativa es producto de la “tozudez de la izquierda de querer despachar algo, a matacaballos, por el gusto de ganarle un gallito al gobierno”.
“La ciudadanía ha visto que hemos manifestado permanentemente la inconstitucionalidad de este proyecto y quiere ver hechos concretos. Estos no son solo declaraciones y por eso lo vamos a presentar”, agregó el legislador.
La suerte que corra dicho proyecto finalmente va a depender no sólo del Tribunal Constitucional, que lo preside justamente quien fuera jefa del segundo piso del primer gobierno de Piñera, sino también del anuncio del propio Mandatario quien dijo que recurrirá “a todos los instrumentos que estén a mi alcance para que se respete la Constitución”. Es decir, podría vetarlo.
Es que las alarmas se encendieron de nuevo en el gobierno, cuando la oposición -pese a todos los intentos de la derecha por retrasar el debate y no permitir la aprobación- logró un acuerdo para respaldar el proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas, estableciendo una gradualidad de cinco años para la medida en las pymes. “Entendemos que hay que hacerles un gesto a los pequeños empresarios porque su capacidad de adaptación es muy distinta a la de las grandes empresas. Lo comprometimos y vamos a presentar una indicación”, expresó Camila Vallejos, impulsora de este proyecto. Por su parte, el diputado DC Gabriel Silber, afirmó que “hay un nivel de acuerdo importante. Nosotros fuimos majaderos respecto a que la gradualidad hacía la diferencia para que la reforma tuviera éxito respecto de lo que dice relación con la reducción de la jornada laboral”.
Mientras se organiza un concierto en apoyo al proyecto, que estiman realizar el 15 de septiembre próximo en el Parque Bustamante, para lo cual los que lo impulsan ya están solicitando la autorización respectiva a la Intendencia Metropolitana, en el bloque oficialista advierten que cuando acudan al Tribunal Constitucional no lo harán solamente por el proyecto de 40 horas, sino que también por varias iniciativas que, a su juicio, no cumplen con la Constitución.
“Hay una batería de proyectos inconstitucionales por los que debemos acudir luego al TC”, dijo el presidente de RN, mientras que su par de la UDI sostuvo que “en este caso y en otros -porque hay varios proyectos que no debiesen ser aprobados y que están siguiendo su tramitación debido a mayorías circunstanciales- se debiese ir al TC”. En el oficialismo buscan ahora afinar los argumentos jurídicos para hacer la presentación ante al organismo.
Y aparte, dejando de lado la estrategia gubernamental, un grupo transversal de gremios empresariales, representantes de pymes y también líderes del mundo sindical hicieron un llamado a pausar la discusión hasta que haya estudios del impacto que tendría la medida en el mercado laboral. Convocados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), diversos expertos en materia laboral trabajan en la elaboración de un documento con «números, estudios y razonabilidad”.
El economista David Bravo, después del Foro Trabajadores-Empleadores llevado a cabo en la PUC y donde fue nombrado presidente de la instancia, dijo que «en un horizonte de dos a tres semanas vamos a generar antecedentes importantes para la discusión de las propuestas de reducción de jornada de trabajo. Me hicieron llegar 11 propuestas y diagnósticos que ahora vamos a analizar y ver como mesa. Todo, con el objetivo de tratar de proporcionar números y así dimensionar». En ese sentido, el experto laboral recalcó que «nuestro intento va a ser tratar de poner un marco de rigor para que podamos tener los elementos para poder discutir el impacto que las propuestas podrían tener». .»Todas las discusiones se pueden hacer en Chile, pero es honesto reconocer que las propuestas tienen impacto, muchas propuestas tienen impacto negativo en empleo, en remuneraciones, no podemos hacer como si no las tuvieran simplemente porque no las mencionamos o porque no están los informes»
Tras la reunión, el líder de la CPC, Alfonso Swett, detalló que los expertos se darán un plazo entre dos y tres semanas para elaborar el documento con las apreciaciones. Así, considerando el avance del proyecto de Vallejo, el empresario hizo un llamado a los parlamentarios a darse un tiempo para poder ver lo que se presentará. «Estamos dando el paso de ponerle a la discusión realismo y por eso lo que estamos haciendo hoy día es entregar propuestas y ninguna protesta (…) Hoy día hemos tenido muy buenos acuerdos y uno de ellos es decir ‘escúchennos, nosotros vamos a aportar de aquí a dos semanas con una mirada sistémica y profunda. Con estudios que han estado ausentes y nosotros humildemente queremos aportar con nuestro trabajo'», dijo.
Agregó que “no nos estresemos con esto, este es un proyecto que todavía tiene que ir a la Cámara, lo más probable es que se hagan indicaciones, vuelva a la comisión y va a terminar en el Senado».
Desde el mundo sindical, el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Segundo Steilen, aclaró que en el foro constituido «no estamos en contra de que los trabajadores puedan gozar de mayor descanso (…) Aquí no hay un problema de 40 o 41 horas, no estamos en eso». «Aquí vamos más allá: justamente por no haber sido escuchados en estos proyectos, nosotros lo que pedimos es que se nos empiece a escuchar. No decir que estas cosas tienen impacto, es un problema», dijo. En la misma línea, el ex presidente de la CUT y actual líder de la Central de Trabajadores de Chile (CTCh), Arturo Martínez, agregó que «lo que queremos es entregarle estos elementos a los que están legislando para que los tengan en consideración, para que cuando se haga la rebaja y se discuta el tema, se haga bien. No estamos en contra del proyecto ni de las 41 ni de las 40 horas, sólo estamos pidiendo que se haga”.
