Periodista.
Pasaron cosas en el escenario político de esta semana, luego de la crisis que vivió la oposición por los votos de la Democracia Cristiana aprobando la idea de legislar la Reforma Tributaria. El Gobierno sigue con los nervios a flor de piel, no sólo por la exigencia presidencial de aprobar a como de lugar sus principales proyectos de ley, sino porque la economía no da tregua.
Ahora se adelantó el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunciando las dificultades que tendría la economía para crecer en el año 2019 un 3,8%, como lo había asegurado hasta hace poco. Olvidando todas las críticas que, en su momento, le hizo al gobierno de Michelle Bachelet por sus problemas económicos, el jefe de las finanzas públicas dijo que “estamos en un contexto en que el mundo ha revisado varias veces a la baja la proyección de crecimiento, la verdad es que hay que entender que es muy difícil para nosotros crecer un 3,8%”.
Mientras, en la derecha se dio rienda suelta a su alegría luego de tantos sinsabores que dejaron al gobierno y su Presidente en la aprobación más baja de su historia. Tan satisfechos y obnubilados están con el paso dado con la Reforma Tributaria que incluso armaron un curioso guion que comenzó a difundir Ena von Baer. Ni más ni menos que autoproclamarse los herederos de lo realizado todos estos años, por los gobiernos de la Concertación. . “Chile Vamos -afirmó- es el heredero de la Concertación, porque estamos orgullosos del país que la Concertación, en conjunto con nosotros, construyó. La Nueva Mayoría se avergüenza del legado de la Concertación”, dijo la jefa del comité de senadores de la UDI., sin que le temblara el rostro.
En la oposición y pese a estas provocaciones del oficialismo, los técnicos que estudian las reformas del gobierno para sus partidos siguen atentos a los retrocesos que tales proyectos significan para los ciudadanos de este país. Luego de su contundente informe acerca de la Reforma Tributaria, ahora están abocados a las reformas previsional y de salud. Y para qué recordar lo que está ocurriendo con la educación. Para muestra de esto último, un botón, que lo explicitó la senadora DC Yasna Provoste: “Este año ha sido un año perdido para la educación pública, porque hemos constatado el total abandono de este gobierno de una educación que le pertenece, a través de los Servicios Locales de Educación”. De acuerdo a la parlamentaria, actualmente los Servicios Locales de Educación están descabezados y no se ha llamado a concurso para los cargos intermedios, a lo que se suma la no entrega de recursos para que estos organismos puedan operar.
Dos reformas problemáticas: previsión y salud
Y mientras las fuerzas se siguen recuperando del esfuerzo realizado por el gobierno para aprobar el primer paso de la Reforma Tributaria, persiste una gran duda sobre la suerte del corazón de esta reforma, la integración, que es lo que le interesa al gobierno. Es un tema en pleno desarrollo, aunque por el momento, superado por otras iniciativas gubernamental.
Los expertos de la oposición afirman que la Reforma Previsional del gobierno no está financiada. Necesitan explicaciones y por lo mismo, citarán -el próximo 6 de mayo- al Ministro de Hacienda a la Comisión de Trabajo para que aclare cómo obtendrá los US$3.500 millones que cuesta el proyecto.
El presidente de dicha comisión, diputado DC Raúl Soto, lo dijo sin rodeos: “Después de meses de tramitación en la comisión y de debate en la mesa técnica estamos en condiciones de aseverar derechamente que el proyecto es insostenible desde lo fiscal, no tiene financiamiento asegurado, y las holguras que lo justifican no alcanzan”.
Andrea Repetto, quien fue integrante del Consejo Asesor Fiscal dijo que, según el último Informe de Finanzas Públicas, en 2020 habría recursos libres por US$1.631 millones que subirían en 2023 a US$3.080 millones. Afirmó que no se condice con el financiamiento requerido para la reforma de US$3.500 millones. “¿Hay o no holguras?¿De dónde vienen? El crecimiento no genera las holguras, y tampoco asegura los recursos necesarios”.
Más drástica fue Paula Benavides, candidata para el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Dijo que el proyecto cambia la forma en que funciona el Pilar Solidario, invirtiendo el orden del aporte que realiza el Fisco para que las personas obtengan la Pensión Máxima (PMAS) de $ 317.085. Explicó que hoy el Estado empieza desde el día uno a realizar el aporte, mientras que el diseño del proyecto plantea que en los primeros años los jubilados deberán ocupar sus fondos, y el Estado sólo aportará en los últimos años de vida, que ella calcula sobre 75 años.
Afirmó que ello no sólo reducirá la posibilidad de dejar herencia, sino que el riesgo de longevidad se traspasará al Estado. Esta lógica, evidenció, tiene “implicancias fiscales de primer orden”, ya que en el corto plazo se reduce el aporte fiscal al Pilar Solidario, “pero se genera un pasivo futuro, y luego de algunos años, el gasto crecerá fuertemente (…) sin un mecanismo para constituir reservas, como hacen las compañías de seguro”.
Y en salud…
No sólo en lo previsional se avizoran problemas. También en Salud. Poco antes de partir de viaje a China, donde al parecer cedió a las presiones de Trump y no visitará la empresa Huawei -rival de EEUU en la instalación en el mundo de la tecnología 5G- , el presidente Piñera firmó dos proyectos de ley relacionados con las Isapres y Fonasa.
Ocurre justo después que se conocieran las alzas -la mayor en promedio desde 2011- que aplicarán las isapres a los planes de salud este año.
Respecto a Fonasa, servicio que atiende a más de 14 millones de chilenos, dijo que la reforma apunta a «un fortalecimiento, a una mejoría y a una modernización del sistema público de salud». El Mandatario explicó que el objetivo no sólo busca acceso más oportuno, mejor calidad en la atención, mayor cobertura y protección financiera, sino que también el incorporar instrumentos tecnológicos. Dijo que se amplían las posibilidades de la modalidad de libre elección, se mejora la cobertura financiera, porque se amplían los montos para las bonificaciones, se regulan mejor los copagos, “para disminuir el gasto del bolsillo de las familias chilenas”. También se apuesta a eliminar las discriminaciones de género que impiden igualdad entre cónyuges o convivientes civiles, para que ambos puedan ser carga del otro en la cobertura financiera de la salud.
Donde Piñera se explayó fue en el «proyecto de ley para fortalecer, mejorar y modernizar el sistema de salud privada de las Isapres, donde se atienden 3 millones de compatriotas. Ésta contempla la creación de un Plan de Salud Universal, el cual precisó «deberá ser ofrecido y con las mismas prestaciones por todas las isapres, y con un copago fijo del 20 por ciento». «Esto va a permitir a los usuarios poder tener la información, oportuna y adecuada, para comparar los precios y las condiciones y tomar decisiones informadas y racionales, cosa que hoy día no ocurre…” Anunció que el plan de salud «va a incluir servicios ambulatorios, servicios hospitalarios, servicios de urgencia, maternidad y cuidados al recién nacido, servicios de salud mental, servicios y dispositivos de rehabilitación, medicamentos e insumos hospitalarios, servicios de laboratorio y rayos, servicios para enfermedades crónicas, servicios pediátricos y servicios preventivos de salud que apuntan a cuidar la salud antes que venga o llegue la enfermedad». Por otra parte, la reforma «elimina la declaración de salud, elimina las preexistencias y, en consecuencia, permite la libre movilidad de los usuarios entre las distintas isapres (…) Esto va a poner término a lo que se llaman ‘los usuarios cautivos’, que por tener una enfermedad no pueden cambiarse de Isapre. Y cuando uno está cautivo, está propenso a ser víctima de abusos».
El Presidente anunció que el proyecto igualará los precios de los planes de salud de isapres, entre hombres y mujeres, y crea un sistema de compensación de riesgos entre las distintas isapres, lo que podría “reducir significativamente las diferencias de precios que se generan por distintos tramos de edad o por distintos estados de salud».
También se propone que todos los contratos de cobertura de salud de las aseguradoras tendrán la misma fecha de inicio y término, para fomentar la competencia; y crea un Seguro de Salud para enfrentar Enfermedades Catastróficas por su alto costo, para ambos sistemas y el cual será parte del programa Red Clase Media Protegida. Además, la iniciativa propone aumentar las facultades de la Superintendencia para fiscalizar a las isapres, y además se refuerza la solvencia financiera que estas deben tener.
Pero hay letra chica
Muy pronto expertos y políticos comenzaron a desmenuzar el anuncio del Presidente. Soledad Barría, ex ministra de Salud twitteó: “De nuevo en el mundo de la letra chica. Se elimina la declaración de salud, pero…si usted es de Fonasa y quiere cambiarse, tendrá que copagar el doble por dos años”. Más adelante señaló: “El gobierno garantizará el negocio de las Isapres”.
En realidad, en esta última reforma -como en todas- se augura un gran debate. La oposición está alerta, sobre todo si el poderoso gremio de las empresas de salud aplaude. Lo dijo el presidente de la Asociación de Isapres, Manuel Caviedes, quien aparte de asegurar que la propuesta de Piñera va en la misma línea de la que ellos, los empresarios, hicieron llegar al ministerio de Salud el año pasado, saludaron la iniciativa del gobierno
“Esperamos que esta propuesta esté orientada a mejorar las garantías que entrega el sistema privado a sus beneficiarios y que analizaremos en profundidad apenas conozcamos sus detalles”, afirmó Caviedes, en un comunicado.
El diputado Miguel Crispi (RD), a través de su cuenta de Twitter, señaló que «la principal falencia del proyecto» es la creación de un fondo para compensar los riesgos de los cotizantes. «En el fondo se mantiene la lógica actual del sistema, una salud para el que puede pagar y otra para el que no puede hacerlo. Esto no resuelve la crisis de la lista de espera (2.000.000] ni tampoco la deuda hospitalaria (800.000 millones).»
Otro integrante de la Comisión de Salud, el diputado socialista Juan Luis Castro, opinó que si bien le parece importante el paso que se ha dado, “hay que ver con mucho detalle la llamada letra chica de lo que tiene este plan universal de salud”. «Me parece preocupante que, bajo el título de un plan, interesante, universal único de salud terminemos pagando no un precio, sino que cuatro precios distintos por lo que hoy día es este modelo de financiamiento de las isapres que, claramente, me parece a mí, necesita una reforma», agregó Castro.
Manifestó su molestia con el copago fijo del 20 por ciento que pretende esta reforma y manifestó que «no es buena noticia decirle a la gente que hoy día le cubren el 100 por ciento de una consulta, de un examen de laboratorio, que mañana siempre va a tener que pagar el 20 por ciento. El copago, el pago de bolsillo, va a ser siempre el 20 por ciento en todo lo que yo pida en ese plan». «Valoro la decisión política de tener hoy día una reforma en marcha, pero también destaco que esto va a necesitar muchas transformaciones muy profundas porque tiene letra chica».
Por su parte, el diputado PS Marcelo Díaz, señaló que «esta es una reforma necesaria, indispensable, tanto a la salud pública como privada, ¿cuán profunda es?, bueno, tendremos que ver el detalle de los proyectos de ley, porque claramente aquí no basta con cambios cosméticos». «El modelo en sí mismo es difícilmente reformable, lo que tenemos que hacer es construir un sistema de salud distinto, que puede tener componentes públicos y componentes privados, pero reformar para mantener lo mismo no creo que sea el camino».
El senador Rabindranath Quinteros opinó que “lo que se está proponiendo, es peor de lo que hay hoy…Una vez más el Gobierno se ha perdido una gran oportunidad de legislar a favor de la ciudadanía”. Y agregó que “en vez de privilegiar un sistema público ha privilegiado el sistema privado. Lo entendemos, porque el Presidente de la República tiene un concepto de lo que es la salud: el piensa que la salud es un bien de consumo, mientras nosotros pensamos que es un derecho”.
El senador Guido Girardi por su parte, aseguró que “es muy importante que el gobierno haya enviado una indicación sustitutiva pero las únicas contentas son las isapres porque lo que hace este proyecto es profundizar el negocio de las isapres, profundizar sus privilegios”. Criticó además el Plan de Salud Universal, propuesto el que calificó como “acotado”, lo que, a su juicio, implicará “que las personas van a tener que copagar a través de planes complementarios para lograr lo que no está incluido en el plan de salud universal, lo que significa más negocio para las isapres”.
Girardi dijo además que con esta iniciativa las discriminaciones no se eliminan. “Se mantiene la discriminación por edad, como en el caso de niños menores de dos años y adultos mayores. Los riesgos seguirán siendo seleccionados por las isapres. Se trata de una nueva cosmetología para mantener un negocio en el sentido contrario de objetivos de salud. No hacen prevención ni tienen coberturas”, sostuvo, y llamó al Ejecutivo “a repensar esta reforma le hace mal al país. Vamos a rectificar y restablecer la salud como derecho, como un bien público, y no como un bien privado. Lo que se está proponiendo es peor de lo que hay hoy”.
Aires de cambios
Lo agotador y poco provechoso para el gobierno de la discusión sobre la reforma tributaria y los agitados aires que corren por los pasillos del Congreso, hacen pensar que podría ser necesario un cambio de rostros para enfrentar las discusiones de las reformas de salud, laboral, previsional y de educación que Piñera pretende aprobar este año a todo evento y que a todas luces se ve compleja.
Por lo mismo, podría haber cambio de gabinete. Los rumores de palacio y las especulaciones de la prensa señalan que se concretaría en el corto plazo, si el presidente Piñera sigue bajando en las encuestas o incluso si sólo mantiene el bajo nivel de aprobación que muestra hasta ahora. En un mes, cayó 10 puntos y su gobierno, peor aún.
No es casualidad entonces la advertencia que les hizo a sus ministros en el consejo de gabinete que realizó poco antes de emprender su viaje a China: habrá evaluación les dijo. Las largas horas de vuelo antes de llegar a Beijing es un momento apropiado como para sumar y restar.
Cambios que se prevén no sólo en el gobierno, donde ya corren nombres. También en el Ministerio Público, escenario de hechos bochornosos que aún no terminan de decantar. Durante la semana, en la Fiscalía Nacional volaban los dimes y diretes luego del espectáculo que hasta ahora están dando el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la región de O’Higgins, Sergio Moya, y su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias a quien denunció por haber cometido, presuntamente, cuatro delitos en el marco de distintas causas judiciales,
Pero, en realidad lo del Ministerio Público pareciera ser la punta de un iceberg de otro problema, más grave aún, que involucra al poder Judicial: la denuncia de corrupción que hasta ahora envuelve a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Marcelo Vásquez Hernández, Emilio Elgueta Torres y Marcelo Albornoz Troncoso.
Tan grave es la situación de los magistrados en Rancagua, que el presidente de la Corte Suprema decidió convocar a un Pleno Extraordinario para discutir una posible expulsión de los ministros mencionados, de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están siendo investigados, entre otras cosas, por eventual tráfico de influencias.
No ocurrió lo que se esperaba. Porque de los 17 integrantes del Pleno, nueve magistrados optaron por no destituirlos, mientras que los otros ocho votaron por la expulsión. “De los nueve que estuvieron por desestimarla, seis estuvieron por hacerlo así ya que no está determinado el proceso disciplinario y no les pareció pertinente interrumpirlo. Tres estuvieron por decir que no porque no contaban inmediatamente con un informe, y les pareció que no tenían los elementos para resolver y en esa situación optaron que no”, afirmó. Entonces, se va a esperar la investigación disciplinaria que está realizando la ministra Rosa María Maggi.
Paralelamente, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Rancagua instruye una investigación, de al menos 20 personas en total, por los eventuales pagos que habrían recibido los ministros del Tribunal de Alzada a cambio de sentencias favorables, nombramientos en notarías y cargos en el Poder Judicial de la región de O’Higgins.
Vertiginosamente se sucedieron informaciones en torno a este hecho y que, finalmente, derivaron en un enfrentamiento entre los fiscales mencionados revelando de paso, la falta de control del Fiscal Nacional Jorge Abbott quien decidió trasladar a la región Metropolitana el caso de corrupción que afecta a los magistrados rancagüinos.
Se afirma que el fiscal Sergio Moya acusó a Emiliano Arias de tráfico de influencias en el caso Caval; obstrucción a la investigación en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad, Emilio Elgueta; obstrucción de la investigación en la causa del Teatro Municipal de Rancagua; y violación de secreto, por un caso de sustracción de información de la base de datos de la fiscalía de O’Higgins la cual llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Cada una de la acusación es ha sido rebatida por el fiscal Arias en distintos medios de comunicación y lo que más ha pedido es que lo antes posible se designe a quien deberá investigar las acusaciones en su contra.
Moya por su parte explicó que en la causa por la que se investiga a los ministros de la corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, “yo solicité en reiteradas ocasiones el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias, para poder pedir la formalización de Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas y no me decían ni que sí ni que no, y por eso tomé la decisión, derechamente, de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico”. “La lentitud de reacción me llamó mucho la atención y preferí obrar con el riesgo evidente de una sanción administrativa por no respetar los canales formales, pero me preocupaba mucho por el contexto de la investigación, que se viera demorada. Así que decidí, sin tener el pase, pedir la formalización”, dijo
La investigación urgente que pide Arias es lo que decidirá el Consejo Extraordinario de Fiscales, convocado por Abbott.
