Periodista.
Ad portas de ingresar a las semanas “D” de la pandemia, según las anticipaciones de algunos expertos, y cuando en la capital más de 5 millones de habitantes deberían recluirse en sus hogares para frenar el alza hasta ahora inevitable del contagio del coronavirus, la clase política -gobierno incluido por cierto- camina por su propio carril a la espera del desenlace del mes de mayo. Un mes que probablemente la historia recogerá como el tiempo en que Chile, que hasta ahora muestra la escalofriante cifra de más de mil contagiados diarios, caminaba en la cuerda floja de la pandemia provocando que se levantaran voces de alerta por todo el país, advirtiendo que el sistema hospitalario ya entró en fase de estrés máxima, mientras el fantasma del hambre se asoma cada vez más cercano.
Esa hambre, provocada por el cambio en las condiciones de trabajo no solo de los sectores más desvalidos eternamente en este país, sino también en la manoseada clase media, ambos sectores obligados a una cuarentena difícil de sobrellevar, puede estar incubando rabias y descontentos que muy rápido pueden derivar en otro estallido de violencia. Y que incluso puede ser peor que el del 18 de octubre.
Tal vez por eso es que el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, haya tenido la audacia de presentar un proyecto de ley que busca crear el delito de “ruptura de la paz social”. Se trata nada menos que de castigar a quienes participen de aglomeraciones de personas donde exista violencia, aunque la persona no esté cometiendo delito alguno. Es decir, por el solo hecho de estar en una manifestación los participantes pueden ser sancionados si es que no despejan de inmediato el lugar a la voz de la fuerza policial. Aun cuando no se les haya sorprendido robando, cometiendo destrozos, prendiendo barricadas o agrediendo a Carabineros, entre otras posibilidades.
El curioso proyecto de ley -por calificarlo de alguna manera- castigará a quienes se mantengan en la manifestación si no se retiran dentro del plazo perentorio establecido por la policía. Así -dice- “los distintos miembros de una turba violenta” podrán ser detenidos y sancionados bajo la figura legal de “ruptura de la paz social”, lo que permitirá a los jueces establecer las medidas cautelares que correspondan”.
La idea de Chahuán es incorporarla en el Título II del Código Penal, como artículo 133 bis, aplicando la pena de reclusión menor en su grado medio. El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en el Congreso y siendo analizado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, pero se le augura escasa vida por tirios y troyanos.
Mientras se acercan los días que algunos llaman “el peack de la pandemia” y otros la atrasan para fines de junio, y no se ve cercano el día en que la curva comience a decrecer, el Presidente Piñera se sigue esforzando por aplanar su propia curva de rechazo en la población. La última encuesta Criteria recoge que la aprobación del presidente Sebastián Piñera se incrementó de 15 a 23 por ciento, mientras que la desaprobación descendió de 80 al 70 por ciento. No es mucho, pero cuando se ha estado en el 6 por ciento y durante siete meses no ha logrado despegar, es casi para celebrarlo con champaña. La aprobación del gobierno en tanto subió de 15 a 23 por ciento, mientras que la desaprobación bajó de 81 al 72 por ciento.
Para el senador Ricardo Lagos Webber la explicación de la subida de Piñera en las encuestas es simple: “porque hoy la ciudadanía tiene miedo de la enfermedad y en todas las sociedades, cuando hay miedo, la valoración del rol de la autoridad tiende a subir porque se necesitan liderazgos”. En ese sentido dijo que “el Gobierno confunde esa alza temporal de las encuestas por el susto a la pandemia con un respaldo ciudadano para encajonar a la oposición…”
Y bien temporal puede ser si, además, se dispara en el pie al nombrar como ministra de la Mujer a una ex alcaldesa UDI, sobrina-nieta del dictador Pinochet y cuyo nombramiento ha sido resistido por el feminismo por carecer de conocimientos mínimos sobre el tema.
Desde que renunció Isabel Plá el 13 de marzo, fungió como ministra subrogante la subsecretaria Carolina Cuevas (RN), quien ejerció el cargo por casi dos meses. La esperanza de su partido era que fuera nombrada en propiedad. Pero, una vez más, la UDI fue más fuerte. No pocos comentaron que la nueva ministra Macarena Santelices “es un triunfo” de Van Rysselberghe porque ella fue parte de la directiva gremialista cuando la senadora llegó por primera vez a esa presidencia.
La hora de la verdad
Para el Presidente y el gobierno, mayo es el mes crucial. Expertos señalan que se entró en la fase más difícil de la pandemia y que, según cómo el Ejecutivo la enfrente, dependerá su futuro político. Tanto es así que el ministro Mañalich, al recibir una partida de ventiladores advirtió que “los días que vienen van a ser muy duros”, pidiendo tranquilidad a la población porque «tenemos la cantidad de insumos, cantidad de camas» para combatir el avance de la pandemia.
Preocupados y alarmados, como la mayoría del país, llegaron esta semana hasta La Moneda un grupo de senadores de las comisiones de Salud y de Desafíos del Futuro. Pidieron lo que alcaldes, científicos y hasta el Colegio Médico están pidiendo: que el gobierno los escuche y acepte sus propuestas. La senadora DC Carolina Goic planteó que «no estamos en la meseta, no estamos con una situación controlada, por eso, lo que hemos venido a decirle al Presidente y al ministro, es que queremos ser parte de la solución, que se abra la cancha, que se tomen en cuenta a los distintos actores. Tenemos una situación país que demanda de verdad el trabajo conjunto de todos». La senadora además precisó que «le hemos pedido que discutamos las medidas de apoyo en términos de oportunidad, va a ser imposible que la gente cumpla la cuarentena, sino tiene garantizado su ingreso. Eso requiere abrirse al diálogo y a esperar acuerdos sobre todo para ir en ayuda de la población más vulnerable y aquellas familias que han perdido su ingreso».
«Lo que es fundamental es el manejo de la información por parte de las autoridades y eso implica compartir la estrategia, compartir la información, que la mesa social y asesora no solamente sean parte de una reunión, sino que también sean opiniones que sean consideradas para la información», acotó Goic.
El senador PPD Guido Girardi por su parte, valoró «el cambio de tono de Gobierno, porque pasamos de un momento de cierto exitismo, llamando al relajo, de apertura de malls y colegios, de donde se pensaba que se estaba aplanando la curva, a la situación real». Girardi añadió que «le planteamos la posibilidad de evaluar una cuarentena total de la Región Metropolitana, de evaluarla seriamente» y de mejorar la capacidad de aislamiento «sobre todo de las comunas pobres».
Según el parlamentario existen dos pandemias, “una que empezó en los sectores con mayores recursos” y ya estaría declinando. Y la otra es la que se está multiplicando en los sectores populares, a causa del hacinamiento y de condiciones de vida que no permiten tomar medidas de aislamiento.
A su juicio se “debe hacer cuarentenas supervisadas y en lugares adaptados para ello –albergues u hoteles sanitarios, hospitales- y no en las casas donde se van a contagiar todos los demás. Y llamo al Presidente a no relajar las medidas y fortalecer las acciones para contener la pandemia. Primero la salud, después la economía”.
El fantasma del hambre
El Presidente Piñera sigue repitiendo lo que su gobierno ha hecho para ir en ayuda de ese millón de desempleados que él calcula habrá a raíz de la crisis. En esa línea, el presidente destacó las distintas iniciativas que han impulsado para hacer frente a la crisis económica producida en medio de la pandemia por coronavirus (Covid-19). La Ley de Protección al Empleo, el seguro para los trabajadores a honorarios y el ingreso familiar de emergencia fueron parte de las medidas que resaltó. Piñera también destacó en este grupo el ingreso mínimo garantizado, proyecto que fue presentado en medio del estallido social.
“Este proyecto (de ingreso familiar de emergencia) es urgente y necesario. Es un proyecto que favorece a casi 2 millones de familias, a 4,5 millones de personas, y tiene un costo muy alto. Y hay dos maneras de oponerse a un proyecto de ley, una es rechazándolo y la otra es pidiendo lo imposible”, comentó.
Lo que no dijo es lo que le aclaró el ex ministro, ex Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.
Si bien valoró las medidas en general, afirmó que el esfuerzo debe ser mayor. «Me parece que el Gobierno ha ido en la dirección correcta, pero la ayuda de las familias y el programa a los trabajadores es insuficiente en su magnitud, se podría hacer un esfuerzo mayor en cubrir a más gente, porque esto llega al 60%, pero qué pasa si se está en el 65%, 70% o incluso en el 80% que también lo puede estar pasando mal. Hay que ampliar la cobertura, pero a la vez el monto. Tratar de llegar a un salario mínimo para hogares. El gobierno anunció que iba a destinar US$2.000 millones, y por ello creo que ahora debió usar todo el fondo y no solo una parte de ellos. Pareciera no tomársele el peso a la urgencia de las medidas que se deben aplicar», agregó.
La explicación del Gobierno para poner ese tope es que están guardando más dinero por si la pandemia se extiende en el tiempo. Pero para De Gregorio esto no es así, ya que «ahora estamos en el peack, después pueden venir otras políticas. Estamos viviendo en un momento donde el principal actor para salir de la crisis es la política fiscal. No hay otra opción, vamos a terminar con una mochila más pesada, pero una buena salida nos va a permitir recuperarnos mejor y manejar de manera razonable esta mochila fiscal que tengamos».
«Ya no hay regla fiscal en estos momentos. El Estado no tiene espacio ilimitado, siempre es limitado, pero todavía queda espacio. Chile es de los países emergentes en mejores condiciones para hacer lo correcto y después ver financiamiento. Muchos lo hacen lamentablemente al revés, se hace lo que alcanza. En cambio, Chile es distinto, porque por décadas de seriedad macroeconómica, ahora se puede dar otra demostración que no fueron 30 años perdidos. Lo importante de los programas de apoyo es poder retirarlos a tiempo, son de corto plazo. El gran problema que han tenido las economías emergentes es que cuando viene una recesión expanden la política fiscal y después no la contraen, y los estímulos que son transitorios empiezan a quedarse de manera permanente. Hay inercia fiscal. Lo importantes es que los estímulos sean por una vez y permitan restablecer un déficit fiscal razonable», explicó.
Esta semana el Senado votó en contra del articulado, en particular del proyecto de ingreso familiar de emergencia por lo que quedó sin el contenido sustancial respecto de la entrega de este aporte y de su monto. De hecho, en la votación en general sobre la idea de legislar hubo 42 votos de aprobación, sin embargo, cuando se pronunciaron respecto de las indicaciones del Ejecutivo sólo se obtuvieron 18 votos a favor y 24 en contra. Así que ninguna de las propuestas del gobierno como el nivel del bono de $65.000 o el mecanismo de aplicación fueron respaldadas ni por la mayoría del Senado, ni de la Cámara de Diputados.
La oposición pide el aumento per cápita del bono a los trabajadores informales de $65.000 propuestos en el proyecto a $80.000. Sin distinción por tramos, ya que el gobierno proponía diferenciar respecto de aquellos que formaban parte del 40% más pobre, y otros entre 40 y 60% de hogares más vulnerables.
También se solicitaba la entrega de forma pareja del mismo aporte por 3 meses, y no en orden descendente como planteaba el Ejecutivo. Este sector afirmaba que con una cobertura a 1.900.000 hogares –tal como proyectaba el gobierno- el costo fiscal sería de los US$ 802 millones contemplados hoy en la iniciativa, a US$ 1.200 millones, lo cual aseguraron, “está dentro del marco del Fondo anunciado el 8 de abril de US$ 2.000 millones”.
Sobre esta situación, el senador Lagos Weber explica: «Lo que no aprobamos fue el artículo que establecía el aporte decreciente, de $ 65 mil per cápita el primer mes, a $ 55 mil el segundo mes, a $ 45 mil el tercer mes (…) el proyecto establece una suma que va bajando cada mes y un punto de discusión es que esa cifra sea permanente, no decreciente, eso fue lo que rechazamos».
«Le dijimos claramente (al ministro de Desarrollo Social) una propuesta bien sencilla y fácil de entender: el gobierno anunció un fondo de US$ 2.000 millones para el ingreso familiar y de los 2 mil millones, en este proyecto está usando 802, el 40% del fondo, ¿ya? ¿Y qué le decimos nosotros? No le decimos que se gaste todo el fondo (…) el anuncio del Presidente fueron 2.000 millones y cuando llega el proyecto no se gasta 2.000, se gastan 800. Y lo que le pedimos al gobierno es que no tuviera un aporte decreciente en el tiempo porque no es un seguro de desempleo (…) si es el gobierno el que está diciendo a los trabajadores quédese en su casa por la pandemia». «No tiene ningún sentido hacerlo decreciente», agregó.
El senador socialista Carlos Montes opinó que “con esta votación, el Senado le ha dicho al gobierno que debe mejorar el proyecto, que como está tiene muchas insuficiencias y muchos defectos. Frente a esto, el gobierno tiene muchas opciones, y esperamos que opte por dialogar”,
La próxima semana el gobierno enviará un veto aditivo. Igual deberá sentarse nuevamente a hablar con la oposición porque para aprobarlo se requiere la mayoría de los parlamentarios y por lo que hasta ahora se sabe, el gobierno no quiere cambiar sus guarismos y la oposición no ceja en su empeño por mejorar un proyecto con letra chica.
