La reforma, que requiere un quórum de 3/5 para aprobarse, a diferencia de otros proyectos que están en discusión y necesitan 2/3 de los votos, fue impulsada por el presidente del Senado Jaime Quintana y presentada junto a los senadores Guido Girardi, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Francisco Huenchumilla que habilitará al Gobierno y al Congreso pleno, es decir, Cámara de Diputados y Senado, para convocar a plebiscitos en materias de interés nacional.
La propuesta de Ley que se dio a conocer la tarde tarde, del 5 de noviembre de 2019, en la sesión de sala del Senado iniciará su discusión en la Comisión de Constitución que es presidida por el senador Felipe Harboe.
Al respecto el presidente del Senado Jaime Quintana expresó que “la discusión constituyente es una realidad nacional que, también, está radicada en el Congreso, y el Senado jugará un papel en ello. Por eso, hemos presentado este proyecto, para que tanto el Presidente de la República como el Congreso Pleno puedan convocar a plebiscitos vinculantes. Fue algo que le planteamos al presidente Sebastián Piñera hace siete meses, porque tenemos la convicción de que nuestro país quiere una nueva constitución, legitimada y nacida en democracia”.
Actualmente, el Congreso no puede llamar a un plebiscito aunque el Presidente de la República estuviera dispuesto a ello, para preguntar a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución o no; el Art. 15, inciso 2° de la Constitución establece que “Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.” Y ésta a su vez, a parte de los plebiscitos comunales, sólo considera, en su artículo 128, la hipótesis plebiscitaria dentro del proceso de formación de la ley, cuando un proyecto es vetado por el Presidente de la República y el Congreso insiste. Sólo así surge la opción del plebiscito, siempre que el Presidente de la República optara por consultar a la ciudadanía.
Cambios cosméticos
El texto presentado da cuenta del momento actual y señala que “el reclamo social, como se ha leído en miles de pancartas, no es por los 30 pesos del aumento de pasaje de metro, ni por el polinomio que muy pocos entienden ni porque se le otorgue o no al Presidente de la República la facultad de congelar un alza. El reclamo tiene que ver con el orden constitucional que no le permite al Estado prestar directamente el servicio de transporte, porque existe el principio de subsidiaridad establecido en la Constitución y, entonces, hay que pagarle a un privado para que lo preste, y además subsidiarlo para que obtenga utilidades por prestar el servicio, y este principio de subsidiaridad, que permite este y otros cientos de casos absurdos, es el que ha imperado en los últimos 30 años, acrecentado las desigualdades y permitiendo los abusos”. Agrega que “esta propuesta se hace considerando muy especialmente que la soberanía reside en la nación, y que sus circunstanciales representantes lejos de ser un obstáculo a las legítimas demandas sociales, debemos ver la manera de encausar y permitir el debate que, en último termino, nos permita escribir en conjunto un nuevo y necesario pacto social”.
En una encuesta del lunes 4 de noviembre dada a conocer por Cadem, proclive a la administración Piñera, señala que un 87 por ciento de los consultados está en favor de contar con una nueva Constitución Política. El mismo sondeo afirma que una gran mayoría está porque sea a través de una asamblea constituyente, a pesar que el Presidente Piñera ha dicho que solo está dispuesto a reformar la Carta Magna, la que ha tenido cambios cosméticos durante los últimos 30 años.
