Periodista.
Una vez más, la semana terminó con un triunfo comunicacional del Gobierno. Aunque la oposición logró modificar e imponer cordura y responsabilidad al “papelito” -como lo calificó la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste-, que envió el Ejecutivo en otro intento por lograr la aprobación de lo que pasó a ser su proyecto estrella, comunicacionalmente hablando, lo cierto es que las imágenes y las declaraciones oficialistas posteriores a la aprobación en el Senado del llamado “Aula Segura”, hacen aparecer a la administración Piñera como la gran triunfadora.
Así, la estrategia dirigida, fundamentalmente, a sumar puntos en las encuestas aparece como ganadora con un proyecto que el gobierno instaló como la solución a la violencia de los últimos tiempos en siete colegios de la capital, dejando expresamente establecida la obligación del director (a) respectivo, de expulsar de inmediato a un (a) estudiante acusado de esos desmanes.
Todo eso fue cambiado por la oposición en el Congreso. La nueva redacción establece que el director tendrá el deber de “iniciar un proceso sancionatorio” en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas graves o gravísimas y tendrá la facultad de expulsarlo aplicando la suspensión como medida cautelar. Es decir, después de un debido proceso, como pedían los opositores. No es lo mismo obligación que facultad de hacer algo.
Detalla, además, que las causales serán aquellas “que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en la dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.
Es decir, hay un cambio en lo que fue una de las piedras de tope de la aprobación del proyecto de Sebastián Piñera. Cambia la “obligación” del director de expulsar al alumno, a la “facultad” de la autoridad educacional de hacerlo si así se amerita. Se incluye la propuesta de la oposición en materia de plazos y debido proceso, la que amplía de 4 a 10 días el tiempo de acusación y de 2 a 5 para que el acusado pueda defenderse de las acusaciones que se le formulen, además, de extenderse a los establecimientos privados, a diferencia de lo planteado inicialmente por el Ejecutivo.
Sin embargo, el gobierno logró instalar la idea que la oposición estaba en contra de controlar la violencia en las aulas. De hecho, Piñera había declarado que en el proyecto Aula Segura “el Senado deberá resolver de qué lado está. Del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz o del lado de los delincuentes de overol que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia. Así de simple. Así de claro”. Luego del cambio y la aprobación en el Senado, Piñera morigeró sus dichos y agradeció a los senadores su votación. Falta aún lo que ocurrirá en la Cámara de Diputados.
Escenario enrarecido
Y todo esto en un clima enrarecido por la situación que está viviendo el Ejército, no sólo por la escena planificada en la Escuela Militar para rendir honores a un coronel reo por crímenes horrorosos, sino por el fraude al fisco en la compra de pasajes y viáticos que tiene procesado al ahora ex jefe del Estado Mayor, general John Griffiths. Entre 2009 y 2015 (período que indaga la ministra Rutherford) salieron del país 1.503 soldados: 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales y clases. Es lo que se tendrá que investigar.
Se suma a ese ambiente turbio el hecho que los problemas más urgentes de la población chilena siguen sin resolverse. Sólo basta escarbar un poco en la superficie, y aparece como una realidad la parálisis del gobierno y su programa. Sólo de vez en cuando asoman algunos anuncios. Pero en lo concreto, nada hay hasta ahora de la prometida reforma tributaria -sus aprontes en boca del Ministro de Hacienda fueron hechos añicos por varios connotados economistas, como José de Gregorio y Rodrigo Valdés-; de la reforma a las pensiones, aunque el presidente Piñera anunció para los próximos días el envío de un proyecto de ley al respecto; del alza permanente de los planes de las ISAPRES y suma y sigue. Mientras, chilenos y chilenas siguen siendo víctimas del desempleo; del alza desmesurada de las bencinas; de pensiones miserables que apenas alcanzan para comer; sin salud de calidad y en medio de este clima que acrecienta la desconfianza en las instituciones de la democracia.
No es casualidad, entonces, la inquietud en la política partidista del fenómeno ultraderechista Bolsonaro, quien es el más seguro vencedor de las elecciones en Brasil el próximo domingo. Los besamanos de la ultraderecha chilena al candidato brasileño, la inexistencia de propósitos y de unidad real en la oposición, incluyendo al Frente Amplio, la distancia que aún no se acorta entre los partidos progresistas y la ciudadanía, la aparición del pinochetismo dormido durante décadas y que ahora ven posibilidades reales de su regreso al poder, hace mucho más grave la situación en que está inmerso el país.
Un solo dato que a quienes vivieron la debacle de la democracia, les podría interesar. “El Mercurio” publicó hace algunos días una carta de un general en retiro, Fernando Hormazábal. Su tono es lo grave. Se permite criticar al gobierno por haber solicitado la renuncia al director de la Escuela Militar, y asegura que esta situación no es bien recibida entre las FF.AA. Más aún, sugiere que en caso de que se repitiera un hecho así, podrían haber “consecuencias indeseadas”. Más que claro, cristalino. Aunque sea una bravuconada, y probablemente sea aún muy minoritario el sentimiento de Hormazábal, así comenzó lento, pero seguro, a encenderse la chispa que culminó con el fin de la democracia en el país.
Tal vez quien mejor resume este ambiente espinoso es el columnista Oscar Contardo. Hace algunos días escribió: “Todo eso -el hastío frente a la corrupción, la inseguridad y el avance de los pentecostales- (refiriéndose a la votación de Bolsonaro) está ocurriendo también aquí, en las poblaciones, en los pueblos, en los barrios de bloques desperdigados en un baldío, en las comunas que se cansaron de las promesas de un progresismo desorientado y que ahora votan por el populismo de derecha.
“El rumor de una debacle se deja sentir, esta vez en la forma de una ultraderecha que les muestra los dientes justamente a los más débiles –ataques homófonos, acoso a feministas, asesinatos de trans- y los señores del progresismo local, en lugar de acudir a la autocrítica, buscan culpables justamente entre las voces que han escuchado tarde y mal. Frente a la primera curva de la historia nos enteramos de que para ellos las demandas de la diversidad no son más que un cúmulo de reclamos anexados a la diabla que los ha distraído del foco principal”.
Dónde andan los políticos
En los partidos del oficialismo en tanto, el viaje que realizó a Brasil la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, para reunirse con el candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro, trajo consecuencias. Se desató una andanada de críticas que vinieron principalmente de los representantes que apoyan al diputado Javier Macaya, quien busca disputarle la conducción del colectivo a la senadora.
El secretario general de la UDI, Isa Kart, aseguró que desconocía este periplo a Brasil, mientras que el senador y vicepresidente Juan Antonio Coloma confirmó que “este viaje no fue conversado dentro de la directiva”. Las críticas también estuvieron centradas en que la figura de Bolsonaro es asociada a la extrema derecha y que dicha imagen podría ser relacionada con la UDI tras este encuentro. Respecto a ello, la senadora indicó que “no creo que Bolsonaro represente a la UDI, pero él va a ser el presidente de Brasil”.
Luego del corto periplo, varios mensajes comenzaron a intercambiar dirigentes de la UDI, primero para expresar sorpresa y, luego, molestia por la decisión de la presidenta de ese partido de reunirse con el candidato presidencial del Partido Social Liberal (PSL) de Brasil, Jair Bolsonaro,
Juan Antonio Coloma señaló que “la elección en Brasil es compleja y, desde mi perspectiva, ojalá que no gane la izquierda, que está llena de corrupción en dicho país, pero de ahí a identificarnos con Bolsonaro, creo que hay que una diferencia grande. En el espíritu, en los principios de la UDI, yo no veo la sintonía con lo que ha planteado Bolsonaro en muchos aspectos y, en ese sentido, yo a lo menos no lo considero oportuno (el viaje)”. Además, remarcó la distancia entre el candidato brasileño con los principios de la UDI, diciendo que “estoy seguro que si Bolsonaro estuviera aquí, no estaría en nuestro partido”.
Otro vicepresidente UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo estar convencido de que “ninguno de los expresidentes de la UDI habría cometido ese error”. El legislador argumentó que “ir a visitar a Bolsonaro no es lo mismo que ir a visitar a Mauricio Macri en Argentina o a Iván Duque en Colombia”. Y agregó: “Un mínimo de prudencia exigía que la visita fuera consultada, al menos, con el secretario general del partido, con la directiva o con la comisión política”.
Pasando por alto declaraciones curiosas de la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, quien aseguró que la Brigada Ramona Parra había matado gente, y que la parlamentaria Carmen Hertz, conocida luchadora por los derechos Humanos había «llamado a la lucha armada» durante la dictadura, cuestionando su proyecto que busca que en los colegios se hagan clases de Memoria y Derechos Humanos, no se puede, sin embargo, pasar por alto el requerimiento que la UDI hará ¡de nuevo! al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que el organismo revise el reglamento sobre objeción de conciencia respecto de la ley de aborto en tres causales.
La bancada gremialista busca objetar el texto apuntando a la autonomía, diversidad y pluralismo de las instituciones, principios que -a juicio de ese partido- se verían vulnerados por este reglamento. Pero, la UDI no ha encontrado mucho eco en sus compañeros de Chile Vamos. El jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, explicó que “estamos todavía en un momento de análisis, pero de momento nuestra posición es no requerir al TC, pero hacer, sin embargo, un ‘téngase presente’ muy firme respecto de la autonomía de los cuerpos intermedios una vez que se hayan presentado los requerimientos por parte de Chile Vamos”.
Por su parte, Renovación Nacional decidió dejar en libertad de acción a sus diputados para que pudieran definir de manera autónoma si se sumarán o no al requerimiento que sus pares de la UDI. La diputada Marcela Sabat explicó que “el nuevo protocolo entregado por el Ministerio de Salud ya no deja espacio a incertidumbres, de las cuales tuvo sus reparos Contraloría. Hoy estamos en presencia de un protocolo mucho más flexibles, y que enmienda algunas restricciones y exigencias en cuanto a la objeción. En ese sentido, creemos que la avanzada de la UDI en recurrir al TC por este nuevo texto hila muy fino, y no le vemos mayor piso ni técnico, ni político”.
¿Y la economía?
Pese a que el Ministro de Hacienda trata de aparecer entusiasmado y tranquilo, lo cierto es que hay datos que son de suyo preocupantes para el gobierno. Hasta sus propias encuestas se lo dicen. Plaza Pública de Cadem señaló esta semana que el 60 por ciento de las personas en Chile califica de «mala/muy mala» la situación actual del empleo en el país y 31 por ciento «muy buena/buena». Esta perspectiva negativa subió ocho puntos porcentuales desde la semana pasada, cuando se ubicó en un 52 por ciento. Con respecto a la percepción del progreso económico chileno, el 61 por ciento cree que está «estancado + retrocediendo», seis puntos porcentuales más que la publicación anterior. En tanto, quienes piensan que la economía progresará alcanzan sólo un 36 por ciento.
El 22 por ciento califica de «mala/muy mala» la situación actual familiar y el 63 por ciento la califica de «muy buena/buena» y el 24 por ciento se siente «pesimista/muy pesimista» acerca del futuro del país (subiendo 6 puntos porcentuales), mientras que el 50 por ciento «muy optimista/optimista» (bajó un punto porcentual).
Por otra parte, las expectativas sobre la situación económica del país muestran caídas significativas en la última Encuesta de Percepciones y Expectativas Económicas del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esta medición que se realiza hace 63 años en el Gran Santiago, muestra que pese a las alzas registradas en el segundo trimestre del año, las cifras a septiembre tuvieron un claro retroceso. Esto, en línea con diversos estudios que muestran similares resultados como Cadem o el Ipeco de la Universidad Del Desarrollo.
En este contexto, el índice general de confianza de los consumidores muestra una variación negativa de 3,9 puntos porcentuales (pp) respecto al trimestre anterior (junio de 2018) y una caída de 4,6 puntos en doce meses. Esto, pese a que, en junio de este año, este indicador había generado avances en comparación a marzo.
Y otra noticia desalentadora es el presupuesto 2019 para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A pesar de un reajuste del 4 por ciento, algunas instituciones del área recibirían un 30% menos de los recursos que el Estado les aportaba. Entre ellas, Matucana 100; Museo de Arte Precolombino; Teatro Regional del Biobío; Museo Violeta Parra; Fundación Teatro a Mill; y Balmaceda 1215.
