El Sindicato Nacional de Honorarios MINSAL – SEREMIS – FONASA Sindicato de Honorarios y Honorarias de Subsecretaría de Redes se pronunciaron sobre el fallecimiento de Mía aportando nuevos antecedentes sobre el caso.
“Nuevamente queremos entregar información respecto al caso de Mía Olivares, tratando de atenuar la campaña mediática que en torno a su lamentable muerte se ha construido”, parten señalando en un extenso comunicado.
Sostiene que trasladar pacientes de una región a otra, a veces de extremo a extremo del país, “es una práctica normal y frecuente en nuestro sistema de salud, usada, por ejemplo, durante la pandemia, y que seguirá siendo utilizada. Quienes manifiestan sorpresa y asombro ante esta práctica evidencian que desconocen el funcionamiento del sistema de salud”.
Agregan que “la paciente tenía cama asignada y el nivel local ya había gestionado su transporte. Pero, inesperadamente se agravó, lo que hizo imposible su traslado a Arica, incluso a clínica Las Condes, en la eventualidad de haber sido contactada. El desenlace es conocido; fallece el martes 6 de junio”.
Sostiene que “un sumario técnico, y no político, determinará si su muerte era evitable o no. Esa investigación también debería considerar si ella habría contado con más posibilidades de sobrevivencia si el nivel local hubiese resuelto el domingo 4 de junio trasladarla en ambulancia a su centro de referencia: el Hospital Carlos van Buren, de Valparaíso. Quienes hoy disparan contra el nivel central, con esa misma energía también deberían observar la actuación del nivel local”.
Relatan que cada año existe un número inevitable de fallecimiento de lactantes, pese a los esfuerzos que se realicen. “Por supuesto que todos esperamos que esa cifra disminuya año a año. De modo que quienes aparecen hoy exigiendo a la autoridad una reducción radical de esa cifra incurren en demagogía y en reprochable utilización política del dolor ajeno”.
“No se contactó a clínica Las Condes en cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional, en ejecución desde noviembre del año pasado y vigente por dos años. Esa sentencia prohíbe al sistema público suscribir contratos administrativos de suministro y prestación de servicios con dicha clínica. La UGCC, por tanto, ni pudo ni puede contactarla sin autorización legal”, informan.
Y los sindicatos que suscriben el comunicado entregan el contexto de la situación sanitaria actual: “Es oportuno recordar la causa de ese veto. Durante la pandemia clínica Las Condes incurrió en trato abusivo con sus trabajadores, incluyendo despidos y prácticas antisindicales. El movimiento sindical logró obtener indemnizaciones para los afectados, y el señalado dictamen del Tribunal Constitucional. Esto último implicó un fuerte castigo económico para esa clínica, por lo que interpuso diversas apelaciones, perdiéndolas todas. No deja de ser sorprendente que ahora algunas organizaciones sindicales, por acción u omisión, aparezcan casi defendiendo a esa clínica, que tanto daño provocó a sus trabajadores”.
Finalmente, reiteran que, en este triste caso, “la UGCC (en calidad de intermediaria, e interviniendo sólo los dos últimos días: lunes 5 y martes 6, cuando ya poco quedaba por hacer), se ciñó correctamente a sus protocolos de funcionamiento y al cumplimiento de la ley”.
