Organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y colectivos migrantes de Perú se acercaron a la embajada de ese país a entregar una carta en la que llaman al gobierno peruano “a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad poner el alto a la represión”. Esto, al recrudecer los casos de violencia institucional y de atropello a los derechos humanos tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo a inicios del pasado mes de diciembre.
La organización humanitaria Amnistía Internacional lamentó el creciente número de muertes en Perú y, expresó en su comunicado que ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en estas protestas sociales que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura. Junto con demandar el cese de la violencia estatal y que se establezcan las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, han llevado adelante diversas acciones y peticiones online para apoyar esta iniciativa solidaria internacional.
La acción de protesta también contó con la presencia de representantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que asistieron a la entrega de la misiva dirigida a la presidenta en ejercicio de Perú, Dina Boluarte. En el lugar, el rector de la UAHC, Álvaro Ramis, destacó la importancia de defender los derechos humanos en todo lugar y contexto. Particularmente respecto a otras expresiones de apoyo regional en amparo de las víctimas del vecino país. “Los derechos humanos son una condición esencial en la vida democrática. Las graves violaciones a los derechos humanos registradas en Perú ameritan la solidaridad internacional”, declaró en la cita. También convocó a otras instituciones de educación superior a apoyar a sus pares del Perú recordando que esta crisis política y social ha afectado directamente a estudiantes y profesores universitarios. “Muchos integrantes de estas comunidades estudiantiles y docentes han sido vulnerados en sus derechos y han sido objeto de represión tanto por manifestarse como por la realización de estudios culturales o antropológicos con comunidades andinas del sur de Perú. Creemos que es muy importante expresar la solidaridad de manera activa por una sociedad que exige hoy el derecho a poder expresarse en un momento en que los derechos fundamentales han sido pisoteados”, señaló Ramis.
Otras instituciones presentes en la gestión fueron la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile, la Corporación 3 y 4 Álamos y Un Parque por la Paz y la Memoria.
