A un paso de consagrar derechos humanos en materia de comunicación

Rocío Alorda Zelada

Vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile y co-coordinadora de la Comisión de Derecho a la Comunicación de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas.

Chile está a pocos meses de avanzar hacia un nuevo modelo de Estado. El próximo 4 de septiembre el país definirá si continuará rigiéndose bajo un Estado subsidiario o transitará hacia un Estado garante de derechos.

Esta posibilidad de cambiar las bases del sistema social y político chileno se da a partir de la experiencia de mayor participación ocurrida desde el retorno a la democracia, con el desarrollo de una Convención Constitucional paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios y con una amplia representación social. El borrador de la nueva Constitución se redactó bajo los estándares más altos de participación y a partir de criterios definidos previamente por el Congreso Nacional.

En el ámbito de las comunicaciones, la propuesta de Nueva Constitución entrega una posibilidad histórica al establecer una serie de derechos que permitan garantizar la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la comunicación.

Recordemos que la Constitución del 80 garantiza vagamente derechos en materia de libertad de expresión, destacando el artículo 19– N°12 que establece “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio…”, desconociendo el derecho de la población a recibir información oportuna, diversa y veraz, ya que omite, sin más, a la sociedad receptora. Además, se encarga de prohibir el “monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”.

Distintos sectores preocupados por avanzar hacia mayores garantías en materia de comunicación, y en la posibilidad de que Chile cuente con un ecosistema de medios más grande y diverso, se articularon bajo el Bloque por el Derecho a la Comunicación y presentaron ante la Convención Constitucional una serie de propuestas de articulados pensados en fortalecer la relación entre el Estado y los medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión.

Entre esas organizaciones destaca el trabajo realizado por el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, Fundación Datos Protegidos, entre otras que incidieron en el desarrollo de las normas que quedaron plasmadas en la propuesta de nueva Constitución.

Dentro de los articulados de la eventual Carta Magna en materia de comunicación destacan:

Artículo 82

1. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

2. No existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley.

Artículo 83

1. Toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información.

2. El Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información.

3. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. La ley regulará el ejercicio de este derecho, con respeto a la libertad de expresión.

Artículo 84

El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto.

Artículo 85

1. Existirán medios de comunicación e información públicos, en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población.

2. Estos medios serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del Gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios técnicos y de idoneidad.

A estos artículos se suma el número 86 que establece el derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, donde además se reconoce que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público. Le siguen los artículos 87, 88, 89 y 90 que entregan garantías en materia de derechos digitales como el derecho a la protección de datos y la promoción de seguridad informática, así como el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia y a la educación digital.

Son más de veinte los derechos que abordan materias de comunicación en la propuesta de Constitución y que entregan una robusta propuesta para transformar el ecosistema medial hacia estándares más democráticos y modernos. Esto, a través de garantías que reconocen a todas las personas como sujetos de la comunicación y no exclusivamente a quienes tienen los recursos económicos para hacerlo. A la vez, generan atribuciones al Estado para garantizar de manera concreta el pluralismo y el desarrollo de más medios de comunicación, en particular la creación de medios comunitarios y regionales.

Además, establece la creación de medios de comunicación públicos -en un país donde los medios son principalmente privados- lo que permitirá el desarrollo de medios de comunicación que no tengan que regirse bajo las reglas del “click” o de la venta de publicidad.

Por todo lo que representa para el mundo de las comunicaciones este borrador de nueva Constitución, aprobar este 4 de septiembre es una gran posibilidad para avanzar décadas en la amplitud del ecosistema de medios y en garantías reales para ejercer la libertad de expresión y de prensa con un Estado que garantice el pluralismo y la rica diversidad de expresiones que habitan en Chile.