Diplomático Saharaui.
Casi dos siglos después de que los pueblos latinoamericanos iniciaran sus luchas por la independencia, una cuestión fundamental sigue interpelando la conciencia política de la región: ¿puede América Latina permanecer indiferente ante un pueblo que aún espera ejercer el mismo derecho a la libertad y a la autodeterminación que inspiró las gestas emancipadoras del continente?
La respuesta debería ser evidente. La causa del pueblo saharaui no es una cuestión distante ni ajena a la historia latinoamericana. Por el contrario, constituye uno de los casos contemporáneos que mejor refleja los principios que dieron origen a las repúblicas de la región: el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, la oposición al colonialismo y la defensa de la soberanía nacional.
Para América Latina, esta realidad no debería ser ajena. La historia de los pueblos latinoamericanos está profundamente marcada por las luchas contra el colonialismo, la dominación extranjera y la negación de la soberanía popular. Desde las guerras de independencia lideradas por figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O’Higgins, Miguel Hidalgo, José Gervasio Artigas y José Martí, hasta los movimientos de liberación y justicia social del siglo XX, América Latina ha construido una identidad política basada en la defensa del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino.
Durante más de medio siglo, el pueblo saharaui ha protagonizado una de las luchas de liberación nacional más prolongadas y menos visibilizadas del mundo contemporáneo. Mientras numerosos procesos de descolonización culminaron durante el siglo XX, el Sáhara Occidental continúa siendo considerado por las Naciones Unidas un territorio pendiente de descolonización, cuyo pueblo aún no ha podido ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación.
La causa saharaui comparte muchos de los principios que inspiraron las luchas emancipadoras latinoamericanas. El pueblo saharaui fue colonizado por España durante casi un siglo y, tras la retirada española en 1976, no pudo ejercer el referéndum de autodeterminación que había sido promovido por las Naciones Unidas. En su lugar, el territorio fue ocupado por Marruecos, dando inicio a un conflicto que continúa hasta nuestros días.
Desde entonces, miles de saharauis han vivido entre el exilio, los campamentos de refugiados y la resistencia política y diplomática. La proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976 representó la afirmación de un proyecto nacional basado en el derecho internacional y en la voluntad de un pueblo de constituirse como Estado independiente.
Vínculos históricos entre el Sáhara Occidental y América Latina
La solidaridad latinoamericana con el pueblo saharaui no es un fenómeno reciente. Desde la década de 1970, numerosos gobiernos, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y partidos políticos de la región han identificado paralelismos entre la experiencia saharaui y las propias luchas latinoamericanas contra el colonialismo y la dependencia.
Países latinoamericanos desempeñaron un papel fundamental en el reconocimiento internacional de la República Árabe Saharaui Democrática. A lo largo de las últimas décadas, varias naciones de la región establecieron relaciones diplomáticas con la RASD, contribuyendo a fortalecer su presencia internacional y a respaldar el principio de autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas y la Unión Africana.
Además, miles de latinoamericanos han participado en campañas de solidaridad, programas de cooperación educativa y misiones humanitarias destinadas a apoyar a los refugiados saharauis. Universidades, municipios y organizaciones civiles de distintos países han promovido intercambios académicos y culturales que han acercado a ambos pueblos.
Esta relación se sustenta en valores compartidos: la defensa de la soberanía, la oposición al colonialismo, el respeto al derecho internacional y la convicción de que ningún pueblo debe ser privado de decidir libremente su futuro.
¿Por qué América Latina debe apoyar la autodeterminación saharaui?
La defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui no responde únicamente a una cuestión de solidaridad política. Constituye también una obligación moral y jurídica para aquellos Estados que han construido su legitimidad histórica sobre la base de ese mismo principio.
La propia Organización de las Naciones Unidas continúa considerando al Sáhara Occidental un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización. Cada año, la cuestión saharaui es examinada por la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargada de los asuntos políticos especiales y de la descolonización, lo que confirma que el proceso de descolonización del territorio permanece inconcluso.
Uno de los hitos jurídicos más relevantes fue el dictamen consultivo emitido en el 16 de octubre de 1975 por la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar la aplicación del principio de autodeterminación. En consecuencia, correspondía al pueblo saharaui decidir libremente su futuro político.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 34/37 de 1979, un texto de enorme importancia jurídica y política. En dicha resolución, la Asamblea deploró la continuación de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos e instó a este país a poner fin a dicha ocupación. Asimismo, reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental y reafirmó el derecho inalienable de los saharauis a la autodeterminación y a la independencia.
Lejos de tratarse de una posición aislada o superada por los acontecimientos, este enfoque ha sido reafirmado por múltiples resoluciones posteriores de las Naciones Unidas y por la práctica constante de los órganos internacionales encargados del proceso de descolonización.
En los últimos años, incluso la justicia europea ha contribuido a clarificar aún más el estatuto jurídico del territorio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido reiteradamente que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados desde la perspectiva del derecho internacional. Como consecuencia, los acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Estas decisiones judiciales no constituyen meras consideraciones técnicas. Representan el reconocimiento de un principio fundamental: el Sáhara Occidental posee un estatuto jurídico propio y diferenciado, cuyo futuro debe ser decidido por sus habitantes y no por terceros.
Los gobiernos latinoamericanos han defendido tradicionalmente el respeto a la soberanía de los Estados, la solución pacífica de controversias y la vigencia del derecho internacional. Mantener una posición coherente frente al caso saharaui implica respaldar el cumplimiento de las resoluciones internacionales que reconocen el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a determinar libremente su estatus político.
Asimismo, el apoyo a la causa saharaui representa una defensa del sistema internacional basado en normas y no en hechos consumados. Si la comunidad internacional acepta que un territorio pendiente de descolonización pueda ser incorporado sin el consentimiento libre y democrático de su población, se debilitan los principios fundamentales que sustentan el orden jurídico internacional.
Para América Latina, una región históricamente afectada por intervenciones externas y disputas territoriales, la defensa de estos principios reviste una importancia estratégica y ética.
El reconocimiento de la República Saharaui: un acto de coherencia histórica
Reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática no significa adoptar una posición hostil hacia ningún otro Estado. Significa, ante todo, reconocer la existencia de un pueblo con identidad propia, instituciones políticas representativas y un derecho reconocido internacionalmente a la autodeterminación.
La experiencia latinoamericana demuestra que el reconocimiento diplomático puede desempeñar un papel relevante en la protección de los derechos de los pueblos que luchan por su independencia y libertad. En numerosas ocasiones, los países de la región reclamaron para sí mismos la solidaridad internacional durante sus procesos emancipadores. Hoy tienen la oportunidad de extender esa misma solidaridad al pueblo saharaui.
El reconocimiento de la RASD fortalecería además la posición de América Latina como una región comprometida con la descolonización, los derechos humanos y el multilateralismo. También contribuiría a mantener viva una tradición diplomática basada en la defensa de los pueblos y no únicamente de los intereses coyunturales.
Una causa latinoamericana por vocación universal
La cuestión saharaui no es un problema lejano ni exclusivamente africano. Es una cuestión de principios universales que interpela directamente a todas las naciones que han conocido el colonialismo y han luchado por la libertad.
América Latina sabe, por experiencia propia, que la independencia, la soberanía y la autodeterminación no son concesiones graciosas de las potencias, sino derechos irrenunciables de los pueblos. Precisamente por ello, la región tiene una responsabilidad histórica especial frente al Sáhara Occidental.
Apoyar la autodeterminación del pueblo saharaui y reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática no es únicamente un gesto diplomático. Es una afirmación de los valores que dieron origen a las repúblicas latinoamericanas y una contribución concreta a la construcción de un orden internacional más justo, basado en el respeto al derecho, la dignidad humana y la libertad de los pueblos.
