Economista, Instituto Igualdad
El sistema económico en nuestro país no ha logrado estabilizar su capacidad productiva con un crecimiento sostenible que permita asegurar una constante y rápida adaptación a la economía mundial y a la vez incrementar la capacidad interna de la economía para lograr un desarrollo que utilice al máximo y más eficientemente los recursos del país.
El PIB potencial de Chile ha quedado sujeto al comportamiento y ajuste libre de los mercados con una intervención más bien indirecta y reactiva de la política monetaria y fiscal, lo que dificulta la aplicación de políticas contra cíclicas para influir sobre la DD agregada y más difícil aún, implementar políticas de oferta que impliquen reformas estructurales.
El Estado para la élite económica no se concibe participando en la producción ni menos compitiendo con la empresa privada. El Estado se ha ido convirtiendo fundamentalmente en un garante de la libertad económica y de la propiedad privada individuales de los agentes económicos y en menor medida en un instrumento de aseguramiento de los derechos sociales y del desarrollo sostenible con equidad.
El sector privado en nuestro país controla el 80% de la economía dominando todos los mercados. No obstante, el PIB potencial no crece para asegurar un desarrollo sostenible ni la productividad en la economía ayuda a su crecimiento. A la vez, el Estado controla el 20% restante vía recaudación de impuestos, utilidades de empresas estatales y manejo de las finanzas públicas
La carga tributaria representa en Chile aproximadamente un 20% del PIB, la mitad de varios países de la OECD, predominando los impuestos indirectos con una oposición permanente de la derecha por subir el impuesto a la renta y al patrimonio de los más ricos.
Esa carga tributaria se ha mantenido constante como porcentaje del PIB, aunque crece la demanda social por más y mejores bienes públicos lo que requiere más inversión y mejoramiento de la productividad.
El Estado para invertir ha debido recurrir al modelo de concesiones para asegurar la infraestructura general que necesita el país dejando un amplio espacio para ganancias extraordinarias a las empresas participantes.
Por otro lado, el Gobierno queda restringido al manejo de la política fiscal frente a una política monetaria a cargo del Banco Central cuyo objetivo se concentra fundamentalmente en la inflación, quedando el empleo y el crecimiento en un área donde ni el Banco Central ni el Gobierno tienen capacidad de influir dado el peso del sector privado en la economía y dada la limitada recaudación tributaria del fisco.
Las rentas del capital, sea por una baja tasa impositiva, a la comprobada evasión y elusión que llega al 7,5 del PIB, como a las múltiples exenciones del sistema tributario, ha conducido a una alta concentración de la riqueza y a una mala distribución del ingreso reflejada en el peor índice de Gini en la OCDE.
La élite empresarial ha logrado penetrar el sistema político, generar reglas inamovibles en la gobernanza y mantener la administración del modelo neoliberal en todos los gobiernos democráticos desde el término de la dictadura militar que lo dejó instalado.
Las premisas del modelo neoliberal quedaron instaladas y preservadas en Chile desde la dictadura. La reducción del Estado se ha logrado aplicando bajos impuestos a las rentas del capital y de los más ricos a expensas de impuestos indirectos regresivos al consumo que afectan fuertemente a los más pobres, como el IVA, inhabilitando al Fisco para recaudar los recursos mínimos que implica asegurar el funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho.
El sistema tributario es la herramienta básica y única de la que dispone el Estado en democracia para neutralizar la fagocitosis del sistema neoliberal. No es posible migrar a un nuevo modelo económico-social sin un nuevo sistema tributario que permita con más recursos y bien utilizados tener un Estado proactivo, emprendedor, articulador de un desarrollo económico sostenible, justo, inclusivo y que enfrente un incierto y complejo futuro que estará determinado por la crisis climática, la destrucción del planeta, los cambios geopolíticos, la amenaza de nueva guerra a gran escala, las migraciones y la pobreza de miles de millones de seres humanos.
La evidencia histórica que hemos experimentado en nuestro país ha dejado claro que ha sido el Estado el que ha debido enfrentar las crisis y asumir sus costos, no solo para apoyar a los más débiles y víctimas de catástrofes y pandemias, sino también para salvar la continuidad del dominio del capital en la economía asistiendo en su momento a una banca quebrada, recientemente, para evitar el colapso de las AFP por los retiros, como también hoy lo estamos viendo, la presión de las Isapre para impedir su eventual quiebra.
El país no puede desaprovechar la oportunidad de hacer los cambios en su constitución política para dotarlo de una mejor institucionalidad y de un Estado capaz de asegurar bienestar, iguales oportunidades, progreso y seguridad a todos sus habitantes a través de un modelo de sociedad que efectivamente capture, distribuya y utilice de la mejor forma sus recursos. Lo que no pueda hacer el sector privado lo tendrá que hacer el Estado y si hay algo en que el Estado no puede dejar de actuar en los plazos más breves posible es en una mejor y más justa distribución de la riqueza y en conseguir la mejor calidad de vida posible para todos sus habitantes.
