“Cada mañana, cuando una vecina de Cerro Navia paga el IVA al comprar un kilo de pan en el almacén de la esquina, una parte de su dinero inicia un recorrido silencioso hacia las arcas del Estado. El problema no es solo que ese impuesto al consumo golpee más a quienes menos tienen, sino dónde termina. Bajo el argumento de aliviar las contribuciones a los adultos mayores, la megarreforma del Gobierno repondrá los ingresos municipales usando las rentas generales de la nación. Sin embargo, como esa compensación reproduce exactamente lo que cada comuna recaudaba por bienes raíces, los impuestos generales pagados en las comunas más vulnerables terminarán financiando las mayores transferencias para los municipios de mayores ingresos del país, con cheques millonarios destinados a comunas como Las Condes o Vitacura”
Esta tensión no es un detalle reservado a especialistas. Se puede observar en la vida cotidiana. Cuando un municipio contrata a una empresa para retirar la basura, mantener una plaza o arrendar vehículos, ese gasto se convierte en ventas para una empresa, salarios para sus trabajadores y compras para otros proveedores. Cuando un consultorio adquiere insumos, una escuela repara su infraestructura o un ministerio encarga un servicio, el presupuesto público entra en la economía real y circula por los territorios.
Por eso, cuando el Estado reduce su gasto, no desaparece solamente una cifra de una planilla. Puede desaparecer una compra, una licitación, una obra, una jornada de trabajo o la oportunidad comercial que permitía a una pequeña empresa mantener a sus trabajadores. Esto no significa que cada peso recortado destruya automáticamente un peso de producción. Significa que el ajuste tiene efectos económicos que deben compararse con los beneficios prometidos por la reforma.
La pregunta central de este ensayo es, entonces, comprensible para cualquier ciudadano: ¿qué ocurre durante los años que separan el recorte inmediato del gasto público y la eventual llegada de nuevas inversiones privadas? En ese intervalo puede abrirse una brecha entre los costos que ya se pagan y los beneficios que todavía dependen de una expectativa. Ese es el hilo que conecta la rebaja de impuestos, el ajuste fiscal, las Mipymes, el Fondo Común Municipal y los servicios que los municipios entregan todos los días.
La promesa de crecimiento y el problema del tiempo
La megarreforma pretende recuperar el crecimiento mediante incentivos a la inversión. Su componente más visible fue inicialmente la reducción gradual del impuesto de primera categoría —el tributo que pagan las empresas por sus utilidades— desde el 27% hasta el 23%. Posteriormente, las indicaciones del Ejecutivo profundizaron la rebaja hasta una tasa terminal del 22%, aplicable, según el informe financiero complementario de julio de 2026, a las rentas obtenidas desde el año comercial 2029.
El razonamiento oficial sostiene que, si las empresas pagan menos impuestos, aumentará la rentabilidad esperada de los proyectos. Eso debería incentivar la inversión, elevar la producción, crear empleos y generar posteriormente nueva recaudación. El mecanismo es posible. Pero no es automático: una empresa puede usar el ahorro tributario para invertir, aunque también puede distribuir dividendos, reducir deuda, adquirir activos financieros, comprar una empresa ya existente o remesar utilidades al exterior.
La dificultad principal es el tiempo. La rebaja tributaria reduce los ingresos públicos desde que comienza a operar, pero una inversión necesita ser decidida, financiada, autorizada, construida y puesta en marcha antes de producir y pagar impuestos. La propia Dirección de Presupuestos estima que una parte de las inversiones vinculadas a la invariabilidad tributaria se materializaría entre 2029 y 2037, y que podrían transcurrir hasta ocho años entre la ejecución de una inversión y la generación de las rentas esperadas.
Dicho de manera sencilla: el Estado comienza a recibir menos antes de saber si la empresa invertirá más. Los costos fiscales llegan primero; una parte importante de los beneficios, si efectivamente ocurre, llega después.
El Fondo Monetario Internacional examinó una versión anterior de la reforma, que contemplaba una tasa empresarial terminal del 23%, y concluyó que las rebajas tributarias no alcanzarían a financiarse completamente por sí mismas hacia 2031. Según sus proyecciones, el costo directo aumentaba gradualmente hasta superar el 0,7% del PIB, mientras la recaudación atribuida al mayor crecimiento compensaba solo una parte. Como el proyecto fue modificado posteriormente, esas cifras no pueden trasladarse mecánicamente a la versión final; pero sí permiten descartar la idea de que la rebaja se pagará sola de manera rápida y segura.
El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado una incertidumbre semejante. Para que el mecanismo funcione deben cumplirse varios pasos: la rebaja tributaria debe inducir inversión verdaderamente nueva; esa inversión debe generar producción y empleo; el crecimiento debe traducirse en mayor recaudación; y esa recaudación debe ser suficiente para cubrir tanto los menores impuestos como las nuevas necesidades de gasto de una economía mayor. Si un eslabón responde menos o más tarde de lo supuesto, el resultado fiscal cambia.
La crítica, por tanto, no consiste en negar que una menor tributación pueda influir sobre la inversión. Consiste en rechazar que esa posibilidad sea presentada como una certeza mientras sus costos son tratados como si no tuvieran efectos sobre el presente.
El ajuste fiscal ocurre ahora
Mientras la inversión adicional se proyecta hacia los próximos años, el ajuste del gasto comenzó en 2026. La Circular N.º 12 del Ministerio de Hacienda, del 13 de marzo, instruyó una reducción transversal equivalente al 3% del gasto bruto de los ministerios. El Gobierno vinculó esta decisión con una meta cercana a US$3.000 millones en recortes y otros US$1.000 millones en medidas de eficiencia. También estableció que las rebajas debían incorporarse a la base presupuestaria de 2027 y de los años siguientes. No se trata, entonces, de una pausa excepcional, sino de una disminución que pretende permanecer.
La contabilidad oficial, sin embargo, es más acotada que el anuncio político. La Dipres identificó aproximadamente $1,308 billones de reducción efectiva del gasto presupuestario y unos $455.000 millones adicionales en operaciones financieras. En conjunto, el ajuste reconocido alcanza cerca de $1,762 billones, aproximadamente medio punto del PIB.
Estas cifras pueden parecer lejanas, pero su composición permite comprenderlas. Cerca del 48,9% del ajuste se concentra en gasto corriente: remuneraciones, transferencias, programas y compras necesarias para que los servicios funcionen. Otro 25,3% corresponde a gasto de capital: obras, infraestructura, equipamiento e inversiones. El 25,8% restante se relaciona con operaciones financieras. No todo recorte se convierte en una menor compra al mercado, pero una parte importante sí puede hacerlo.
Para dimensionar esa exposición se construyó un escenario prudente. El consumo de bienes y servicios del Gobierno Central durante 2026 bordea los $7,1 billones. Si se aplicara mecánicamente el 3% sobre esa base, quedarían expuestos aproximadamente $213.000 millones. Al agregar cerca de $446.000 millones identificados como menor gasto de capital, las compras e inversiones potencialmente afectadas se aproximarían a $659.000 millones anuales.
Esta cifra exige una advertencia fundamental: no es un registro oficial de compras eliminadas ni una predicción de caída del producto. Es una estimación de la parte de la demanda pública que podría quedar expuesta, porque cada institución puede distribuir el ajuste de manera diferente. Algunas protegerán inversiones prioritarias; otras reducirán contratos, transferencias o proyectos. Su valor no reside en anunciar una pérdida inevitable, sino en mostrar la escala económica del problema que debe observarse.
El desafío continúa después de 2026. La Dipres incorporó aproximadamente $1,308 billones de recorte permanente en las bases presupuestarias posteriores y, aun así, proyectó espacios fiscales negativos: alrededor de $1,246 billones en 2027; $2,022 billones en 2028; $1,694 billones en 2029; y $608.000 millones en 2030.
Un espacio fiscal negativo significa que, si el Estado desea cumplir sus metas y mantener los compromisos proyectados, le faltan recursos. Esa brecha no se convierte obligatoriamente en otro recorte: puede cubrirse mediante mayores ingresos, reasignaciones, mejor gestión o cambios en la trayectoria fiscal. Pero si el Gobierno opta principalmente por reducir el gasto, la presión sobre programas, inversión y compras será mayor que la ya reconocida.
Aquí aparece la paradoja que sostiene este ensayo: para financiar una estrategia que promete reactivar la economía, el Gobierno puede terminar debilitando durante varios años una parte de la actividad económica que ya existe.
La Mipyme no vive de expectativas
Esta contradicción golpea de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una gran compañía puede acceder al mercado financiero, reorganizar inversiones, exportar o soportar durante más tiempo una disminución de ventas. Una microempresa suele trabajar con contratos acotados, poco capital de reserva, créditos de corto plazo y una demanda local de la que depende para pagar el mes siguiente.
Las cifras de empleo Mipyme varían según la definición utilizada. El Ministerio de Economía, empleando criterios tributarios y considerando el conjunto del empleo nacional, ha estimado una participación cercana al 48%. Otros estudios, basados en el número de trabajadores de cada empresa y utilizando como referencia el empleo privado, sitúan la proporción entre el 62% y el 66%.
Sercotec, sobre la base de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre marzo-mayo de 2024, calculó que las empresas de menor tamaño representaban el 65,8% del empleo, equivalente a más de 5,7 millones de puestos de trabajo. Por eso, la formulación más segura es afirmar que concentran aproximadamente dos tercios del empleo privado, aclarando siempre el universo utilizado.
ChileCompra permite observar su vínculo con el Estado. Durante 2024, las empresas de menor tamaño representaron cerca del 72% de los proveedores de Mercado Público, recibieron el 54% de las órdenes de compra y concentraron aproximadamente el 35% del valor total transado. En Compra Ágil, utilizada para adquisiciones de menor monto, su participación llegó a cerca del 69% del valor adjudicado.
Si se aplicara ese 35% al escenario de $659.000 millones, alrededor de $231.000 millones en ventas Mipyme podrían quedar potencialmente involucrados. Tampoco esta cifra representa una pérdida asegurada. Algunas compras serán protegidas, otras se postergarán y ciertos proveedores encontrarán nuevos clientes. El cálculo sirve para identificar la dimensión de la actividad expuesta, no para anunciar cuántas empresas quebrarán.
Los efectos, además, rara vez comienzan con un cierre inmediato. Una pequeña empresa puede dejar de contratar, no reemplazar a quien se retira, reducir horas extraordinarias, postergar la compra de una máquina, informalizar una parte del trabajo o endeudarse para mantener el contrato laboral. Repetidas en miles de empresas, estas decisiones terminan afectando el consumo de los hogares, la recaudación y el comercio de los barrios.
El informe conjunto del PNUD y la OIT ayuda a comprender quiénes soportan primero ese deterioro. La informalidad afecta con mayor intensidad a las mujeres; persisten amplias diferencias de participación y ocupación; y las responsabilidades de cuidado continúan limitando el acceso a empleos protegidos. CASEN 2024 muestra, además, que la informalidad es mayor en los hogares de menores ingresos.
Por eso, la reducción de la demanda estatal no recae sobre un mercado laboral abstracto. Se distribuye dentro de una sociedad desigual, donde las personas con menos ahorro, contratos más frágiles y mayores responsabilidades familiares tienen menos capacidad para esperar la recuperación prometida.
Los municipios también mueven la economía
La relación se vuelve más visible al descender desde el presupuesto nacional hacia los municipios. Una municipalidad no es solamente una oficina que entrega permisos. Es también un comprador permanente dentro de la economía local.
Los municipios contratan aseo, retiro de residuos, mantención de plazas y áreas verdes, reparación del alumbrado, arriendo de vehículos, seguridad, transporte, alimentación, tecnología, obras menores, servicios profesionales y programas comunitarios. La empresa que mantiene una plaza paga remuneraciones; sus trabajadores compran en el comercio local; la empresa adquiere herramientas, combustible y repuestos. Una sola licitación puede sostener una cadena económica que no aparece completa en la primera línea del presupuesto.
La propia Ley de Compras Públicas reconoce esta función. Para licitaciones inferiores a 500 UTM, las municipalidades, los gobiernos regionales y determinados organismos públicos pueden incorporar criterios que favorezcan a proveedores locales. La compra pública puede ser, por tanto, una herramienta de desarrollo territorial y no solo una forma administrativa de adquirir bienes.
En este contexto debe analizarse la controversia por la exención de contribuciones a la vivienda principal de las personas mayores de 65 años. El punto no es únicamente tributario. También involucra la forma en que se financian los municipios y la manera en que el Gobierno Central decide usar recursos que son escasos.
Una exención que cambia quién paga la cuenta
La megarreforma amplía el beneficio asociado al impuesto territorial hasta eliminar las contribuciones de la vivienda principal de las personas mayores de 65 años, sin un límite general de ingresos ni de avalúo fiscal.
Actualmente ya existe una protección focalizada. El Servicio de Impuestos Internos concede una rebaja del 100% a adultos mayores con ingresos anuales iguales o inferiores a 13,5 UTA y una rebaja del 50% a quienes se ubican entre 13,5 y 30 UTA, junto con requisitos patrimoniales. El principio es razonable: una persona puede vivir en una vivienda valorizada y, al mismo tiempo, tener una pensión insuficiente para pagar las contribuciones.
La nueva propuesta cambia esa lógica, porque la edad y la propiedad de la vivienda principal pasan a tener un peso mucho mayor que la capacidad económica. Según antecedentes entregados durante la tramitación, Las Condes, Providencia y Vitacura concentran cerca de un tercio de los aproximadamente 303.000 inmuebles potencialmente beneficiados.
La exención genera una pérdida estimada de alrededor de $190.000 millones anuales para el sistema municipal. La fórmula aprobada por la Comisión Mixta y ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados —todavía pendiente de resolución final en el Senado al 24 de julio de 2026— contempla dos formas de reposición.
La primera entrega aproximadamente $110.000 millones anuales al Fondo Común Municipal, el mecanismo que reúne recursos y los distribuye con criterios solidarios entre las comunas. La segunda destina cerca de $80.000 millones a reponer directamente la parte del impuesto territorial que cada municipalidad habría conservado como ingreso propio.
Esta división explica la comparación que se hizo pública entre Las Condes y Cerro Navia. Las Condes dejaría de recibir directamente alrededor de $13.061 millones y obtendría una compensación semejante. Lo Barnechea perdería cerca de $8.209 millones y Vitacura alrededor de $7.578 millones. Cerro Navia, Lo Espejo y otras comunas recibirían compensaciones directas cercanas a $4 millones, porque en sus territorios existen pocos inmuebles afectos pertenecientes a personas beneficiadas.
Pero decir que Las Condes recibirá $13.000 millones mientras Cerro Navia obtendrá solamente $4 millones entrega una imagen incompleta. Los $4 millones corresponden solo a la reposición de ingresos directos. Cerro Navia también participaría en la distribución de los $110.000 millones destinados al Fondo Común Municipal.
Las Condes y Cerro Navia: la desigualdad detrás de la fórmula
Los datos de 2025 del Sistema Nacional de Información Municipal muestran dos realidades fiscales difíciles de comparar. Cerro Navia registró aproximadamente $33.113 millones de ingresos municipales totales. De ellos, solo $4.204 millones correspondieron a ingresos propios permanentes, mientras cerca de $22.733 millones provinieron del Fondo Común Municipal. El FCM representó el 72,8% de todos sus ingresos.
Las Condes registró aproximadamente $461.663 millones de ingresos totales y $234.140 millones de ingresos propios permanentes. Recibió alrededor de $5.333 millones del FCM, equivalentes apenas al 1,16% de su ingreso total.
Cerro Navia obtuvo durante 2025 aproximadamente el 0,84% del Fondo Común distribuido en el país. Si mantuviera una participación semejante sobre los nuevos $110.000 millones, podría recibir alrededor de $923 millones, además de los cerca de $4 millones de reposición directa. Es un ejercicio ilustrativo, no una cifra definitiva: los coeficientes pueden cambiar y el cálculo final corresponderá al SII, la Subdere y la Tesorería.
La crítica más sólida no consiste, entonces, en afirmar que el Gobierno entregará $13.000 millones a Las Condes y abandonará a Cerro Navia con $4 millones. La fórmula intenta reponer tanto los ingresos directos como el dinero que alimentaba el Fondo Común.
El problema distributivo es más profundo: el Gobierno Central usará aproximadamente $190.000 millones anuales de recursos generales para reemplazar un impuesto vinculado a la propiedad, después de establecer una exención cuyos beneficios se concentran en una proporción importante en comunas de altos ingresos.
No puede afirmarse técnicamente que cada peso de la compensación provendrá del IVA, porque los impuestos generales entran a un fondo común y no quedan etiquetados para un gasto específico. Pero sí puede sostenerse que una exención patrimonial será financiada mediante una estructura tributaria en la que los impuestos al consumo tienen un peso considerable.
Existe, además, un costo de oportunidad. Cinco años de compensación equivalen a unos $950.000 millones, sin considerar reajustes. En un escenario de estrechez fiscal, esos recursos deberán provenir de mayores ingresos, deuda, reasignaciones o menor gasto en otras áreas. El Gobierno podría reponer contablemente el FCM y, al mismo tiempo, reducir inversiones de la Subdere, programas ministeriales o transferencias destinadas a las mismas comunas. Compensar una pérdida no significa que la operación sea neutral para el conjunto del presupuesto.
¿Qué podría ocurrir con los servicios comunales?
Si la compensación se paga completa, a tiempo y se actualiza según la pérdida efectiva, la exención no debería provocar por sí sola una reducción inmediata de las compras municipales. Reconocerlo es indispensable para no transformar una preocupación válida en una consecuencia presentada como inevitable.
Aun así, existen cuatro riesgos concretos. El primero es la subestimación: el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el costo puede aumentar por el envejecimiento de la población o por cambios de conducta, como inscribir propiedades a nombre de personas mayores. Si el número de beneficiarios crece más rápido que la compensación, se abre una diferencia.
El segundo riesgo es el retraso. Un municipio debe pagar salarios, cuentas y contratos en fechas determinadas. Una reposición tardía puede producir problemas de caja incluso si posteriormente se realiza una reliquidación.
El tercero está en las condiciones asociadas a la compensación directa. La fórmula ha relacionado su recepción con la entrega periódica de información sobre personal a la Dipres y con la reducción de al menos un 30% de los tiempos de determinados permisos municipales. Condicionar la devolución de ingresos perdidos por una decisión del Gobierno Central al cumplimiento de otras metas administrativas crea una incertidumbre adicional.
El cuarto riesgo proviene del ajuste fiscal general. Aunque se reponga el Fondo Común, otras transferencias, inversiones y convenios pueden disminuir como parte de los esfuerzos de consolidación fiscal.
El caso de Cerro Navia permite dimensionar la exposición. Durante 2025 gastó aproximadamente $13.308 millones en bienes y servicios de consumo. Dentro de esa cifra hubo cerca de $4.764 millones en aseo, retiro de basura y vertederos, y alrededor de $1.579 millones en mantención del alumbrado público, además de agua, electricidad y otros servicios.
No es posible convertir anticipadamente esos montos en un número de empleos perdidos. Habría que conocer cada contrato, su cantidad de trabajadores, masa salarial, duración y capacidad de sustituir clientes. Lo que sí puede establecerse es el mecanismo de riesgo: si disminuye una compra municipal, baja la facturación del proveedor; si esa empresa no reemplaza la venta, ajusta contratación, inversión o capital de trabajo; y esa decisión puede transmitirse al consumo local.
Salud y educación: precisar para no exagerar
La misma cautela debe aplicarse a los CESFAM y a los servicios de urgencia. Los SAPU se financian principalmente mediante convenios entre los Servicios de Salud y las entidades administradoras de salud municipal. En algunas comunas, el municipio complementa esos recursos con aportes propios.
Por ello, una reducción del ingreso municipal no implica automáticamente que un SAPU deba abrir más tarde o cerrar antes. El riesgo existe cuando el financiamiento ministerial no cubre todo el servicio y la municipalidad aporta recursos para personal, extensión horaria, transporte, insumos o seguridad. Para afirmarlo respecto de una comuna determinada habría que revisar sus convenios, presupuesto sanitario y aporte municipal efectivo.
Algo semejante sucede con la educación. Muchas comunas ya traspasaron sus escuelas a Servicios Locales de Educación Pública. Cerro Navia, por ejemplo, ya no administra directamente el sistema escolar. En otros municipios que todavía conservan esa responsabilidad, una disminución de recursos propios sí puede afectar compras, mantenciones o aportes complementarios.
Estas precisiones no debilitan la crítica. La hacen más resistente. Permiten separar lo que ya se encuentra demostrado de aquello que constituye un riesgo razonable y evitan convertir el análisis en una profecía.
Lo que podría amortiguar el impacto
La hipótesis de este ensayo tampoco sostiene que cada peso recortado se transforme automática y proporcionalmente en menor producción o empleo. Existen mecanismos que podrían amortiguar el efecto.
Algunos proveedores pueden reemplazar al Estado por clientes privados. Un ajuste fiscal creíble podría disminuir el riesgo soberano —la desconfianza con que los mercados prestan dinero al país—, reducir las tasas de interés y adelantar inversiones. Además, un recorte bien diseñado puede eliminar duplicidades, compras sobrevaloradas o programas de baja efectividad, liberando recursos para actividades más productivas.
Pero estas respuestas posibles no deben confundirse con resultados garantizados. Una empresa que vende productos estandarizados puede encontrar nuevos clientes con relativa facilidad; otra especializada en contratos municipales puede tardar meses o años. La reducción del riesgo soberano no siempre se transmite completamente a las tasas que pagan las pequeñas empresas. Y un recorte horizontal del 3% no distingue por sí mismo entre un gasto prescindible y otro que sostiene una prestación necesaria.
Para las Mipymes, el tiempo vuelve a ser decisivo. Buscar clientes, adaptar la producción y obtener crédito requiere recursos que muchas empresas no poseen. Algunas pueden cerrar, informalizar empleo o perder trabajadores especializados antes de completar la reconversión. En economía, ese daño persistente se denomina histéresis; en lenguaje cotidiano, puede entenderse como una cicatriz productiva: aunque la demanda se recupere después, las empresas, capacidades y relaciones comerciales que desaparecieron no regresan automáticamente.
Por eso, los $659.000 millones representan una exposición potencial y no una pérdida predeterminada. Resguardada esa limitación, subsiste el núcleo de la hipótesis: existe un descalce temporal entre una contracción fiscal que comienza ahora y unos beneficios privados que pueden tardar años en materializarse.
La pregunta decisiva no es si la reforma puede generar inversión. Puede hacerlo. La pregunta es si esa inversión será verdaderamente adicional, suficientemente rápida y territorialmente extendida para reemplazar la demanda, el empleo y la actividad que el ajuste puede retirar durante la transición.
Una política que socializa el costo y privatiza la expectativa
Considerada en conjunto, la megarreforma revela una arquitectura coherente, pero profundamente asimétrica.
Los beneficios dirigidos al capital son permanentes o de larga duración: menor impuesto empresarial, invariabilidad tributaria, reducción de permisos y mayores garantías regulatorias. Sus resultados, sin embargo, se expresan como expectativas: inversión futura, crecimiento potencial y empleos proyectados.
Los costos fiscales son más inmediatos: menor recaudación, compensaciones al sistema municipal, presión sobre el déficit y necesidad de ajustar el gasto. Para enfrentar esas presiones pueden reducirse programas, inversiones, compras y capacidades públicas que existen en el presente.
La reforma busca proteger al inversionista frente a la incertidumbre, pero puede trasladar una parte de esa incertidumbre hacia trabajadores, pequeñas empresas, municipios y servicios. La gran empresa recibe una tasa conocida y garantías de largo plazo. La Pyme no sabe si conservará su próxima licitación. El inversionista recibe invariabilidad; el trabajador enfrenta el riesgo de una jornada reducida, informalidad o menor contratación. El propietario beneficiado deja de pagar contribuciones; el Tesoro Público debe encontrar los recursos para reemplazar ese ingreso.
La discusión no consiste en negar que Chile necesita inversión privada ni en defender todo gasto público por el solo hecho de existir. Consiste en rechazar dos simplificaciones: que toda rebaja tributaria produce crecimiento y que todo recorte representa eficiencia.
El gasto público puede contener burocracia, duplicidades o programas que merecen ser reformados. Pero también es demanda, infraestructura, cuidado, seguridad y capacidad productiva. Un ajuste responsable debería distinguir entre gasto improductivo y gasto que sostiene servicios, inversión y economías locales. Una reducción horizontal corre el riesgo de tratar de la misma manera realidades radicalmente distintas.
El Gobierno que rema hacia atrás
La imagen de una embarcación cuyos tripulantes reman en direcciones contrarias permite reunir todos estos elementos.La megarreforma espera que la inversión privada empuje la economía hacia adelante. Al mismo tiempo, el recorte fiscal puede retirar demanda, detener proyectos y debilitar proveedores. La rebaja de impuestos busca crear empleos futuros, mientras una reducción de las compras públicas puede amenazar empleos presentes. El Gobierno compensa la exención de contribuciones con recursos generales, pero esa obligación disminuye el espacio disponible para otras políticas territoriales. Se promete eficiencia a los municipios, mientras la reposición de una parte de sus ingresos queda vinculada al cumplimiento de metas administrativas distintas.
No puede asegurarse que el resultado será una recesión ni atribuir anticipadamente cada despido a la reforma. También pueden materializarse inversiones, aumentar exportaciones y mejorar determinadas variables. Pero tampoco es razonable presentar esos beneficios como si estuvieran asegurados, mientras el ajuste del gasto y la menor recaudación ya comienzan a operar.
La crítica más sólida no afirma que Cerro Navia recibirá únicamente $4 millones ni que los SAPU necesariamente cerrarán más temprano. Afirma algo más profundo: el Gobierno reemplaza una fuente de financiamiento vinculada a la propiedad por recursos generales; compromete cerca de $190.000 millones anuales para compensar una exención que beneficia de manera importante a comunas de altos ingresos; reduce simultáneamente el gasto público; y confía en que una inversión futura compensará la demanda, la actividad y el empleo que pueden debilitarse durante el ajuste.
La economía interna no se sostiene solamente con expectativas dirigidas a los grandes inversionistas. Necesita salarios, consumo, compras públicas, municipios solventes, servicios locales y pequeñas empresas capaces de mantenerse en funcionamiento hasta que llegue el crecimiento anunciado.
Si el Estado retrocede antes de que la inversión privada avance, el país queda atrapado entre una demanda presente que se contrae y una prosperidad futura que todavía no existe. Ese es el verdadero riesgo de la megarreforma: no solamente que sus proyecciones fallen, sino que, mientras espera que se cumplan, debilite la estructura económica y territorial que sostiene una parte sustantiva del empleo, de la vida cotidiana y de la cohesión social en Chile.
