Administrador Público
Prólogo: La hipótesis del «Juez Supremo»
Durante décadas creímos en una ficción reconfortante: que el derecho internacional era un escudo que protegía la soberanía de las naciones, sin importar cuán grandes o pequeñas fueran. Sin embargo, la operación del pasado 3 de enero contra Nicolás Maduro no debe leerse como un acto de justicia divina ni como el triunfo de la democracia sobre la tiranía. Al cruzar el marco jurídico de
E.E.U.U. y geopolítico, surge una hipótesis más oscura y contundente: estamos presenciando la consolidación de la «Doctrina del Reconocimiento Armado».
Esta doctrina postula que la inmunidad de un jefe de Estado ya no es un derecho inherente a su cargo, sino una concesión graciosa de la Casa Blanca. Si el Presidente de Estados Unidos decide políticamente «no reconocer a un mandatario”, el sistema judicial norteamericano «no lo escucha», y las fuerzas armadas tienen luz verde para actuar. No es el fin de la dictadura lo que está en juego, sino el fin de la igualdad ante la ley internacional, reemplazada por la jurisdicción del más fuerte.
Para entender este movimiento de ajedrez, primero hay que mirar el tablero completo. No se trata solo de Venezuela; se trata del miedo imperial a perder el control. Como bien apunta el análisis histórico, Estados Unidos se comporta hoy como un monopolio desesperado. Ante la irrupción de China —un «nuevo gerente» que ofrece negocios e infraestructura sin condiciones sobre su política interna y geopolítica—, Washington ha desempolvado el viejo garrote.
La invasión no ocurre porque Maduro sea un autócrata (a Estados Unidos jamás le han molestado los dictadores si son «sus» dictadores), sino porque cometió el pecado capital de la geopolítica: buscar autonomía fuera de la órbita del dólar. Es el regreso de la Doctrina Monroe, pero esta vez sin máscaras: América Latina no es vista como un vecindario de socios, sino como un patio trasero que se ha vuelto rebelde.
La trampa jurídica: El fantasma de Noriega
Pero, ¿cómo se justifica legalmente secuestrar a un presidente en ejercicio? Aquí es donde la astucia jurídica reemplaza a la diplomacia. El presidente Trump no actuó en un vacío legal; utilizó un «candado» forjado en 1990 durante la invasión a Panamá: el precedente Noriega.
La lógica es perversamente simple: los tribunales de Estados Unidos practican la «deferencia al Ejecutivo». Esto significa que los jueces no deciden quién es el presidente de un país; simplemente le preguntan a la Casa Blanca. Si el Despacho Oval dice: «No reconocemos a Maduro», automáticamente se le despoja de su inmunidad diplomática. Para el juez, ya no es un mandatario, es un ciudadano común. Es una ficción legal donde la realidad política de un país se subordina al capricho diplomático de otro.
Para blindar esta operación, se ha desplegado una arquitectura legal doméstica proyectada hacia el mundo. Al acusar en 2020 a la cúpula venezolana de «narcoterrorismo» y aplicar leyes internas de tráfico de drogas, Estados Unidos transformó un conflicto político en un expediente criminal.
Bajo la doctrina conocida como “Ker-Frisbie”, a la justicia norteamericana no le importa cómo llega el acusado a su silla. Puede ser extraditado, engañado o, como en este caso, extraído mediante una incursión militar. La ilegalidad del secuestro no anula el juicio. Al catalogar al Estado venezolano como una organización criminal (el Cártel de los Soles), se borra la frontera entre la guerra y la policía.
El lector agudo, crítico de los excesos del chavismo, pero observador de las formas, debería sentir un escalofrío. Porque lo que Estados Unidos ha legalizado es la ley de la selva. Al normalizar la captura extraterritorial de líderes basándose en leyes domésticas, se ha entregado un manual de instrucciones a sus rivales.
¿Qué impide ahora que China, bajo sus propias leyes de seguridad nacional, ordene la captura de un líder taiwanés o europeo acusándolo de «separatismo»? ¿Qué detiene a Rusia de procesar a funcionarios occidentales por «terrorismo» según sus propios códigos penales? Hemos inaugurado una era de reciprocidad peligrosa, donde la seguridad de un estadista no depende del derecho, sino de cuántos tanques tenga para evitar que se lo lleven.
No nos dejemos encandilar por los titulares de «liberación». Lo que ocurrió el 3 de enero es la confirmación de que el derecho internacional ha muerto a manos del Lawfare cinético. La justicia se ha convertido en un derivado de la fuerza.
Hoy, la víctima es un líder cuestionado y repudiado por muchos, lo que hace fácil el aplauso. Pero el precedente que queda es que la soberanía de nuestras naciones es una ilusión que dura exactamente lo que tarda el Presidente de Estados Unidos en firmar una orden ejecutiva. La historia nos enseña que cuando el imperio entra por la fuerza a «ordenar la casa», la cuenta siempre la pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie.
