Abogado.
Fue promesa de campaña de autoridades locales y regionales. Se replicó también en el resto del país por diferentes candidatos e incluso fue carta de triunfo para muchos. La disminución de la dieta parlamentaria representa un anhelo largamente demandado por la ciudadanía y pareciera que, ad portas de concretarse, abre expectativas de caminar hacia un sistema de igualdad marcado por la proporcionalidad salarial para los distintos cargos públicos.
Recordemos que el 30 de mayo, por 41 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el Senado aprobó la moción presentada por una comisión mixta de parlamentarios para que la discusión sobre la dieta parlamentaria se trasladara desde el Congreso Nacional al Consejo de Alta Dirección Pública, ADP, del Servicio Civil. Los afectados no sólo serían los diputados y senadores, sino que también ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores regionales y delegados presidenciales, entre otros. Incluso el proyecto plantea rebajar la remuneración del Presidente de la República.
De esta manera, uno de los símbolos más evidentes de la desigualdad que existe en nuestro país y que, además, representa una de las demandas más compartidas y apoyadas por la opinión pública desde el 18 de Octubre y las movilizaciones sociales, finalmente será regulado.
La excesiva diferencia entre las dietas parlamentarias y el promedio de los sueldos chileno es abismante, y su regulación lleva cerca de seis años discutiéndose en el Congreso Nacional. De hecho, los diputados y senadores chilenos son los mejores pagados en Latinoamérica ( según investigación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clapes UC, en 2018); reciben un 21% más que el promedio de los sueldos mensuales de la Unión Inter Parlamentaria Mundial (según estudio de 2013); superan en 4.7 veces el promedio mundial de dietas parlamentarias (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2016); y es la más alta dentro de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
Ante este escenario y considerando que la responsabilidad de regular la dieta parlamentaria que recayó en la ADP ya está tomada, resulta indispensable un activo control ciudadano y, también, de los medios de comunicación sobre el proceso que permitirá determinar las remuneraciones de las altas autoridades y parlamentarios en Chile.
No podemos perder de vista que lo que estamos pagando es un servicio, por ende, más importante que la renta es lo que se obtiene a cambio en compromiso y gestión de los parlamentarios y parlamentarias. Ni más ni menos dinero volverán eficiente a quien no tiene aptitudes ni capacidades, ni más puntual al que llega siempre tarde a sus sesiones. Los niveles de legitimidad y aprobación de nuestros representantes en el Congreso no mejorarán ni cambiarán sólo por la rebaja de sus sueldos, sino que por la forma en que están enfrentando su trabajo, especialmente en sus territorios distritales, más aún en el actual contexto de Pandemia.
La transparencia de las remuneraciones de nuestras autoridades legislativas es fundamental para disminuir los escandalosos niveles de desigualdad que se han enclavado en Chile en los últimos 30 años. El cargo al que acceden no les da patente de corso a quienes pretenden que sus electores sean borregos y su circunscripción electoral el “lejano oeste” donde actúen como dueños y Sheriffs.
