Periodista feminista.
La violencia contra niñas, jóvenes y mujeres es una violación a los derechos humanos. Es por ello, que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria al asesinato de las hermanas Mirabal ocurrida en 1960. Patria, Minerva y María Teresa se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y de ahí es más el movimiento feminista latinoamericano se organizó para que Naciones Unidas hiciera un llamado a los gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a sensibilizar y generar políticas públicas que se orienten a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo al registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres durante este año se han contabilizan 47 femicidios muchos de los cuales no son consignados por la actual legislación nacional (Ley de Femicidio) sólo considera el asesinato de mujeres cometidos por sus cónyuges o convivientes, dejaron fuera, entre otros, los casos que se dan en las relaciones de pololeo o ex parejas. Es por eso, que desde las organizaciones feministas persiste la demanda por avanzar en una legislación que ponga en el centro la vida de las mujeres. Más aún, cuando observamos que poco avanza el debate del Proyecto de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia que busca mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las víctimas de violencia intrafamiliar; regular nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres y generar un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación.
Basta revisar que en marzo de este año El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado expandir la definición de femicidio para incluir todos los asesinatos motivados por género. El grupo también instó a Chile a tomar medidas efectivas para prevenir, investigar y procesar a los responsables de todos los casos de violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo los casos de violencia contra niñas en instituciones estatales, contra mujeres indígenas y contra defensoras de derechos humanos.
Campañas #NoLoDejesPasar
Como feministas, hemos sostenido que nuestro país debería promover campañas permanentes en el tiempo para prevenir la violencia contra las mujeres y no solo disponer de ellas en fechas emblemáticas como el 25 de noviembre. La vida de las mujeres no puede valer menos que la propiedad privada.
En esa línea, Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad advierte que las campañas de violencia contra las mujeres tienen que considerar aspectos reeducativos y transformacionales de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres. En ese sentido, la actual campaña del Gobierno no puede hacer un llamado a las mujeres a terminar con la violencia porque no podemos responsabilizarlas a ellas. Y sí tenemos la violencia que tenemos es producto de un Estado que les falla. La violencia contra las mujeres no es un tema de salud que las mujeres pueden solucionar porque se requiere de una institucionalidad, de comunidad y de muchas y muchos otros actores de la sociedad.
¿Y el rol de los medios de comunicación?
Si bien hemos visto algunos cambios, los medios de comunicación siguen reproduciendo y naturalizando la violencia de género. Los medios de comunicación siguen sentando como realidad incontrarrestable la desigualdad y el detrimento de las mujeres en relación a los hombres.
Un artículo de las académicas y periodistas de la Universidad de Chile, Lorena Antezana y Claudia Lagos, publicado en la revista «Comunicación y Medios» llamado «El Noticiero Televisivo como Dispositivo de Disciplinamiento Social: un Análisis de la Cobertura de Femicidios en Chile» versa al respecto del tratamiento de los femicidios en la televisión abierta, que no se informa meramente como un hecho, sino que, según lo que reconocen en tal publicación, se transforman en una historia, en una narración que contiene criterios de obra dramática, tal como cuando a un femicidio se le llama “crimen pasional”.
La experiencia internacional nos muestra como se han ido comportado los medios de comunicación y cómo algunos países han ido cambiando su legislación a partir de casos de alta connotación pública. El asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997 en España marcó un antes y un después en este compromiso de los medios. Ella intervino en un programa de Canal Sur explicando los malos tratos que había sufrido por parte de su marido y que tuvo que aguantar debido a su dependencia económica y a los once hijos que habían nacido de su matrimonio. Pocos días después, José Parejo, su exmarido, la apaleó y la quemó viva. Por decisión judicial, compartían la misma casa después de la separación legal: ella vivía en una planta y su exmarido en la otra, por lo que estaba en riesgo permanente. La necesidad de cambios legales y de protección a las víctimas fue un clamor. La imagen de Ana Orantes, una mujer normal y corriente, se difundió por todo el país. Era un ser humano y no sólo una cifra estadística. La brutalidad del caso conmocionó a la opinión pública, creó un intenso debate social, político y académico, e interpeló a los propios medios sobre su papel y responsabilidad social.
A partir de este momento se introducen cambios en la manera de informar sobre la violencia de género, de manera que las noticias van más allá de ser una crónica de sucesos, y pasan a enfocarse como un problema social. Con esto no estamos diciendo que los casos de violencia o los índices de femicidios hayan disminuido en el país, pero sí que este caso, como otros como La Manada, han puesto en cuestión el rol de los medios de comunicación.
El actual proyecto de ley de violencia integral que se discute el Congreso Nacional no asigna un rol o responsabilidad relevante a los medios de comunicación, que son un actor clave a la hora de lograr el cambio cultural para avanzar en una sociedad más igualitaria y menos discriminadora.
Recordemos el tratamiento que se le dio a Nabila Rifo victima de femicidio frustrado donde los matinales de la televisión chilena hiciera festín con su vida sexual y se puso en cuestión permanente su testimonio. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) recibió cientos de denuncia que acusaban la violencia mediática con la que era tratada, incluso la ‘televisión pública’ en un reportaje del programa Informe Especial titulado “Las dudas en el caso Nabila Rifo” quiso poner de manifiesto errores periciales y procedimientos policiales, pero por qué con este caso y no, por ejemplo, con el Viviana Haeger.
En el acta del CNTV se consignó que la nota “contiene elementos sensacionalistas, truculentos y, por tanto, vulneratorios de la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima del delito reseñado en la nota”. Además, se señaló que “a todas luces, tal despliegue mediático lesiona la dignidad de la víctima, y, por ende, su integridad psíquica, pues la revictimiza”.
Y volviendo a los matinales -que tanto desinforman a la ciudadanía- la invitación es a revisar sus líneas editoriales y que dejen de ser reproductores de la violencia y dejen de justificar que los celos y el amor asesinan a las mujeres. Eso no es así.
Diversos tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, advierten que la invisibilización, la promoción de estereotipos y la cosificación de las mujeres constituyen formas de discriminación y violencia que deben ser combatidas por las y los periodistas.
Como bien señala el Observatorio Virtual de Mujeres y Medios no enfrentamos a un escenario donde la reproducción de estereotipos, sea en piezas publicitarias o informativas, la banalización en la construcción de noticias relativas a casos de violencia, la objetivación y el fraccionamiento del cuerpo de las mujeres, siguen siendo prácticas cotidianas.
El llamado es a los medos de comunicación y a quienes son responsables de su línea editorial, a sentirse interpelados y corresponsables de un problema social como es la discriminación y la violencia contra las mujeres. La producción de informaciones y contenido en los medios deben ajustarse a marcos éticos fundamentados en los derechos humanos y en los acuerdos suscritos por el Estado de Chile en la materia.
Por todo lo anteror, la Comisión de Género del Colegio de Periodistas convoca a marchar este 22 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en Portugal con la Alameda para seguir juntas y juntos por #MediosNoSexistas.
