Cuando quedan pocas semanas para el Plebiscito del 25 de octubre, organizaciones de mujeres y feministas insisten en lemas como “Sin mujeres no hay Constitución”, “No sin mujeres” o “Nada sin nosotras”, para dejar en claro que todo el proceso de creación de la Constitución debe contar con la participación de todas, todos y todes y que la nueva Carta Fundamental tiene que incluir un enfoque de género, ausente en la Constitución de 1980 que fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Sobre este tema, en Página 19 conversamos con Bárbara Sepúlveda Hales, directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, magister en Derecho con mención en Derecho Público en la Universidad de Chile y magister en Género de la London School of Economics and Political Science.

La abogada resaltó la importancia de garantizar que en el Proceso Constituyente participen las mujeres, disidencias y la diversidad de la ciudadanía y explicó los contenidos que no pueden faltar en una Constitución con enfoque de género.

¿Por qué es vital esta participación ciudadana en el Proceso Constituyente?

 Es muy importante que durante todo el Proceso Constituyente esté considerada la participación ciudadana efectiva y vinculante, porque en Chile existe una grave desafección política y la ciudadanía se ha distanciado del quehacer político, desconfía de la institucionalidad. Al crear una nueva Constitución, estamos tratando de crear además nuevas relaciones sociales, donde se pueda construir una forma distinta de Democracia y eso implica necesariamente no solo un órgano constituyente altamente representativo de la diversidad de Chile, sino que esto quede reflejado en el texto de la nueva Constitución.

¿Una Constitución feminista, con enfoque de género o cómo llamamos a una futura Constitución?

 Como le decimos no me parece tan relevante como el contenido, porque si es un enfoque transversal, desde la primera a la última página, la Constitución debe tener enfoque de género. Si revisamos la institucionalidad, incorporamos derechos, transformamos los derechos que actualmente están reconocidos -que por supuesto la mayoría van a permanecer, quizás recaracterizados pero van a permanecer-, además entendiendo que incorporar género a la Constitución también requiere un esfuerzo en la institucionalidad vigente, una coordinación entre órganos del Estado. Si nosotras pensamos que en todos estos aspectos va a entrar una perspectiva de género, entonces personalmente, si se llama Constitución feminista o Constitución con género no me parece lo importante, si lo es que el contenido quede ahí.

 En ese sentido, ¿cuáles son los contenidos que no podrían quedar fuera de una Constitución con enfoque de género?

 Para pensar una Constitución con una perspectiva de género transversal, necesitamos incorporarla en cuatro ejes. Primero, hay que escribir dentro de la Constitución mandatos específicos a los poderes del Estado para que actúen en la promoción de la igualdad de género, al mismo tiempo que actúan para erradicar la discriminación, la desigualdad y la violencia. En ese sentido, tanto el Poder Judicial, como el Ejecutivo y el Poder Legislativo, debiesen saber cómo actuar para lograr estos fines. Si hay una Constitución que dice en términos amplios y abstractos que el Estado tiene algunos deberes, difícilmente podemos realizar estos deberes si es que no se sabe específicamente a quiénes les estoy hablando y qué es lo que tienen que hacer.

 Derechos de las niñas y las mujeres en su diversidad

La especialista en Género y Derecho Público, señala que un segundo eje es incorporar los derechos específicos de las niñas y de todas las mujeres. “Eso indica reconocer las diferentes necesidades de las mujeres en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas, adultas mayores, de la diversidad, etc.”, dice.

¿Cómo se incorporan estos derechos de niñas y mujeres en su diversidad?

Estos derechos específicos tienen que ir acompañados no solo con esta idea individual de los derechos, sino también de los derechos colectivos y sociales, porque precisamente los derechos sociales -que no son realmente tales los que hoy día la Constitución establece- le faltan a toda la población, pero las mujeres lo sufren de mayor manera.

La falta de un derecho bien concedido, de un derecho robusto en materia social, afecta mayoritariamente a ese sector de la población que es más vulnerable, que está más empobrecido, más precarizado, como lo muestran las cifras oficiales chilenas. Además la pandemia ha agudizado esta desigualdad. Sabemos que en materia de equidad salarial y de incorporación al mercado del trabajo formal, ya retrocedimos a propósito de la pandemia y se han acrecentado las brechas entre hombres y mujeres, entonces el desafío es mucho mayor y tiene que ver también con pensar los derechos sociales: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, con una perspectiva de género.

Después, como un tercer eje, tenemos que pensar en cómo vamos a resolver la incorporación de los derechos humanos que han sido ratificados por Chile en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, cómo se van a entender incorporados dentro de la legislación chilena, del ordenamiento jurídico. Si van a estar dentro de la Constitución, sobre esta, por debajo de la Constitución. Eso hay que responderlo porque hoy no está claro y por lo tanto está sujeto a mucha interpretación el cómo estos tratados se aplican en la práctica y cómo pueden ser exigibles, porque cuando las personas no tenemos nuestros derechos en el texto constitucional, como pasa con las mujeres o los pueblos originarios, los tenemos que ir a buscar a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lo que hace muy difícil que yo pueda exigir el cumplimiento de estos derechos, mucho más, por ejemplo, que alguien que se ve vulnerado en su derecho a la propiedad, que si está consagrado y muy protegido en la Constitución del 80.

¿De qué forma es posible responder a demandas históricas de las mujeres como los Derechos Sexuales y Reproductivos o la injusta distribución de los cuidados? por mencionar algunas.

 Hoy existe un catálogo de derechos en el artículo 19 de la Constitución, lo que hay que hacer es revisarlo, reformular los derechos que haya que reformular, siempre con una perspectiva de género, e incorporar los que faltan, porque los derechos de las mujeres faltan y  tienen que ser parte de este catálogo. Sin embargo para que se puedan cumplir y no solo sean un catálogo de derechos muy bonito y muy completo, es importante que tengamos garantías para realizar los derechos, que me permitan a mi como ciudadana poder exigirle el cumplimiento de estos derechos al Estado, al mismo tiempo que tengo herramientas para exigirlo mediante mecanismos judiciales, como el recurso de protección o algún otro recurso que se vaya a consagrar en la próxima Constitución.

Distribución del Poder y Paridad

Además de los derechos, también es importante hablar del poder. Una de las grandes demandas es tener una Constitución Paritaria ¿Cómo avanzamos hacia este objetivo?

Ese es el cuarto eje en una Constitución con perspectiva de género, la idea sobre la redistribución del poder y cómo vamos a incorporar la paridad de género en la nueva institucionalidad, al mismo tiempo que democratizamos el ejercicio del poder, incorporando no solo a las mujeres, sino que también a la diversidad de personas que hoy día, mayoritariamente en Chile, no se sienten partícipes ni representadas por quienes ejercen los poderes políticos.

Yo creo que ahí es relevante incorporar otros mecanismos de participación ciudadana vinculante y directa como el Referéndum Revocatorio o la Iniciativa Popular de Ley, a la vez que pensamos que todos los órganos colegiados del Estado estén compuestos de forma paritaria, para ir redistribuyendo el poder y poder avanzar en una Democracia que solucione el problema de la desafección política, porque ya va a ser la ciudadanía la que no solo se va a ver reflejada en la institucionalidad y en el Estado, en el poder y en la política, sino que además va a tener los mecanismos para participar de forma activa en la política y en las decisiones importantes, los plebiscitos por ejemplo, o el mismo hecho que se pueda incorporar la Asamblea Constituyente como el mecanismo que va a reformar la próxima Constitución, porque todas las constituciones debiesen incorporar normas sobre su reforma, la actual lo hace pero no permite la Asamblea Constituyente. Entonces, la reforma que se tuvo que hacer incorporó la posibilidad de hacerlo con una Convención Constitucional o una Convención Mixta, pero la Asamblea Constituyente no es una posibilidad y me parece que es importante que la próxima constitución la consagre.

 Apelando a la demanda de una Constitución inclusiva ¿Es importante revisar el lenguaje que se utilice al redactar una nueva Constitución?

 Uno de los aspectos formales que hay que tener en consideración es el lenguaje, para que sea inclusivo y aquí hay distintas fórmulas. Hay algunas constituciones a nivel internacional que han hecho el esfuerzo de usar tanto el masculino como el femenino, figuras como el Presidente a la Presidenta de la República, jueces y juezas, pero hay otras formas también que pueden ser inclusivas, que no necesariamente remarquen el sentido binario del género, como en vez de decir ciudadanos y ciudadanas, se podría decir la ciudadanía o el pueblo. En el fondo son términos realmente neutros porque si incluyen a la generalidad sin establecer un masculino como si fuera lo equivalente a lo universal, lo que es una imposición lingüística y por lo tanto se puede remediar.

Hay que avanzar de todas maneras en lenguaje inclusivo en la Constitución, pero además hay otras cosas del lenguaje que son importantes, como las fórmulas que se utilizan si se dice “El Estado podrá”, “El Estado deberá” o “El Estado promoverá”. Debemos pensar en una fórmula que diga quién en el Estado, cuál va a ser el órgano del Estado o es un poder unipersonal el que va a llevar a cabo cierta tarea. Esto es importante puesto que lo que pasa cuando tú tienes ese tipo de terminología es que nadie finalmente se hace cargo ya que es demasiado amplio. No se puede abusar de esas cláusulas, de hecho hay que reducirlas al mínimo y lo que habría que establecer son cláusulas que garanticen la igualdad sustantiva y material, a propósito de un quehacer especifico de los órganos del Estado, un mandato específico como lo señalé antes, por ejemplo, al Poder Judicial o al Poder Legislativo, para avanzar en la erradicación de las discriminaciones, significa que voy a apelar directamente a esa institución para que haga ciertas cosas que otras no van a hacer, pero cuando tú dices el Estado, “cualquiera del Estado”, ahí se crean los problemas y las dificultades porque la ciudadanía no sabe a quién exigirle y en el Estado tampoco queda muy claro quién se hace cargo de la labor.

En ese sentido también el lenguaje nos puede ayudar a tener un Estado más activo e involucrado en la erradicación de las desigualdades, de la violencia de género o de la discriminación, que se producen no solo por factores socioculturales, sino que también por desigualdades estructurales y ahí la configuración del nuevo Estado.

 Ante la actual arremetida de grupos antiderechos, al incremento de discursos de odio y negacionistas ¿puede ser la Constitución un mecanismo para hacerles frente?

 Lo que debiese existir es una prohibición activa de la discriminación, en el sentido de que no solo sea una prohibición respecto del quehacer del Estado, sino que también sea algo que se horizontalice a la ciudadanía. Hoy día tenemos un sistema en materia de discriminación que legalmente no funciona muy bien, la ley Zamudio por ejemplo tiene muchas deficiencias, ahora se está discutiendo en el Congreso precisamente su reforma y hay mucho que avanzar.

Hay que establecer la prohibición de discriminar, al mismo tiempo que promover la igualdad. No es lo mismo proponer derechos, igualdades y libertades que prohibiciones de discriminación. Hay que incorporar ambos, porque es cierto que existe una arremetida ultra conservadora en el continente y en el mundo y especialmente en aquellos lugares donde el feminismo ha avanzado y ha tenido conquistas importantes es donde más fuerte golpea esta arremetida ultraconservadora que es una articulación internacional y por lo tanto además no hay que mirarla en menos. Es importante reconocer que esto es una realidad y que existe hoy día también en Latinoamérica en diversos países y me parece que es peligroso tratar de ignorarlo, en especial por algunos grupos que llegan a formas muy extremas de violencia, es mucho más que un discurso, se articulan en formas paramilitares. En Chile hemos visto ataques de grupos de ultra derecha que marchan libremente en las calles, armados con escudos y por el daño que le producen a las personas sin titubear, me parece que es bastante peligroso y que de todas maneras eso debería ser sancionado duramente por las leyes, más allá de su discurso, porque la diferencia es que ellos toman acciones sobre su odio y esas acciones cobran vidas, por lo tanto no es algo que la ley ni la Constitución debiesen ignorar.

 ¿Qué le pareció el Decálogo que presentó el presidente Piñera con los diez contenidos claves para una nueva Constitución?

Pienso que es bastante escueto y conservador, que no propone nada nuevo. Ese catálogo obedece a una concepción liberal que promueven la idea de constituciones muy pequeñas, que consagren muy pocos derechos, que son solo los derechos que le interesan a los liberales tradicionales y en ese sentido incluso reduce los derechos que hoy día están en la Constitución del 80.

A mí me parece que, especialmente en materia de derechos fundamentales, no debiésemos delegar su consagración ni su caracterización, ni la protección de ellos a las leyes. Lo que nosotros necesitamos es mantener la fórmula de que los derechos fundamentales estén dentro de la Constitución y eso es algo que yo creo que el sector oficialista no quiere que suceda, sino que se disminuyan los derechos, especialmente, si te fijas, hay una disminución de los derechos sociales porque lo que repite son las mismas fórmulas que ya están, por ejemplo en educación y en salud, que son fórmulas que plantean opciones más que derechos y que por lo tanto además se alejan de los estándares internacionales sobre derechos sociales y sobre derechos fundamentales, entonces no me parece para nada una buena propuesta, sin embargo entiendo que obedece a su propia ideología política.

Actualmente, ABOFEM desarrolla en redes sociales la campaña “10 razones para votar Apruebo”, a través de la cual enfatizan que solo la opción de la Convención Constitucional asegura que sea compuesta por un 50% de mujeres entre las personas que la integran y abogan, entre otros aspectos, por una constitución que recoja el enfoque feminista, teniendo como puntos esenciales: el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una vida libre de violencia, en particular, de la violencia de género; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados; y reconocer la diversidad de las mujeres que habitan nuestro territorio.