Esta Bióloga Marina, nacida en Santiago pero que ha desarrollado su carrera profesional en el sur y norte del país, asesorando organizaciones de pescadores artesanales, trabajando en proyectos de investigación sobre conservación de Áreas Marinas protegidasa y fue profesional de apoyo de la Secretaria Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Atacama, señala que tenemos una deuda como país en materia medio ambiental.  Asegura que el principal problema en materia de medio ambiente en el país radica en la aplicación, fiscalización y sanción de la normativa ambiental existente que deriva en una judicialización lenta y costosa para las partes, además de impactos ambientales severos que resultan en la pérdida de biodiversidad a lo largo y ancho de nuestro país.

“Hoy existen diversas falencias en nuestra relación con la biodiversidad y los bienes comunes en Chile, desde normativas que han mercantilizado el uso del agua generando una distribución desigual y uso indiscriminado por algunos sectores productivos y la intensificación de actividades contaminantes en algunos sectores del país, que han dado origen a las llamadas zonas de sacrificio. Es por eso que debemos participar activamente en el Proceso Constituyente para que se deje de hablar de medio ambiente, creo que el enfoque de nuestra relación con los seres no humanos debe volver a la ecología, somos un entramado de relaciones, ecodependientes y cada una de nuestras acciones tiene consecuencias para el planeta y para nosotros como sociedades”, dice.

Esta candidata a Magíster en Ciencias del Mar y Manejo de Recursos Costeros (Universidad  Católica del Norte-Núcleo Milenio ESMOI), integrante de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología (SOSOET),  de la Red de Conservación del Norte y parte de la Red de Mujeres en Conservación Latinoamérica y el Caribe y Red Mujeres en Conservación Chile, conversó con Página 19 sobre medio ambiente y proceso constituyente.

¿Cree que hubo un cambio de conciencia con respecto al cuidado y conservación del medio ambiente después del 18 de octubre?

La conciencia ya existía, tanto por la movilización mundial respecto a la crisis climática (Fridays for future, entre otros), recordemos que ya IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) en marzo de 2019 entrega un informe lapidario sobre el estado de la biodiversidad mundial, advirtiendo la extinción de 1 millón de especies y una tendencia a la baja de 14 de 18 categorías analizadas. Además, muchos territorios se encuentran movilizados hace décadas por conflictos socioambientales derivados de lo que mencionaba anteriormente y existe una masa crítica a la que le preocupa mucho nuestra relación con la naturaleza, principalmente por generaciones jóvenes. El estallido social hizo que se encontraran en espacios colectivos mayores y en un discurso común.

¿Por qué resulta importante que el mundo del medio ambiente participe del proceso constituyente?

 Primero, para que se deje de hablar de medio ambiente. Creo que el enfoque de nuestra relación con los seres no humanos debe volver a la ecología: somos un entramado de relaciones, ecodependientes y cada una de nuestras acciones tiene consecuencias para el planeta y para nosotros como sociedades. Refundar esta relación desde una perspectiva holística que permita el desarrollo de nuestra sociedad poniendo en valor el patrimonio natural y cultural de nuestro país para el bienestar o buen vivir es esencial. Somos un país de Latinoamérica, que como nuestros vecinos ha jugado un papel crucial, a través del modelo económico extractivista (de commodities, en especial recursos naturales), en el enriquecimiento de unos pocos a costa de la biodiversidad y de los derechos de nuestros habitantes.

A su juicio, ¿qué aspectos se deben reformar para ser considerados en la redacción de la nueva constitución y así asegurar la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad de los territorios?

La nueva relación con la biodiversidad debiese cambiar paradigmas que se han instaurado con la Constitución actual. Por ejemplo, un Estado subsidiario que sólo define derechos pero no los garantiza al externalizar y privatizar el uso de bienes comunes. El artículo 19 en su inciso 8, establece nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece como deber del Estado asegurar este derecho y tutelar la preservación de la naturaleza; es decir, es una mirada absolutamente utilitarista y antropocéntrica que debiese ser cambiada.

Por otra parte, este derecho se ha visto sostenidamente vulnerado a través de los conflictos socioambientales derivado de proyectos extractivistas. En la actual constitución (art. 19, inciso 24), la propiedad privada se extiende a bienes corporales e incorporales; define la supremacía de los bienes del subsuelo y otorga propiedad sobre el agua. En base a este artículo se deriva el Código de Aguas y el Código Minero; por lo que en definitiva se trata a la naturaleza como componentes por separado, sin asegurar derechos colectivos de uso ni la implicancia de su extracción tanto en la biodiversidad como en la sostenibilidad de los propios sistemas socio-ecológicos de los territorios. Además, los incisos 21 y 22 son recurrentemente utilizados por los titulares de estos proyectos conflictivos para defender las actividades económicas; y el inciso 23 define la posibilidad de adquirir propiedad sobre cualquier tipo de bienes a menos que se declare como común. En definitiva, la constitución actual no permitirá cambiar realmente la tensión a la que nos enfrentamos como país entre extractivismo y sustentabilidad ambiental y social.

¿Qué normativa debe incorporarse en la nueva constitución para asegurar el derecho de los bienes comunes?

Se deben revisar conceptos como función social, bienes comunes y derechos de propiedad; especialmente en tiempos de crisis ambiental profunda que nos hace aún más vulnerables y en donde debemos “correr” hacia transiciones económicas ecológicas. Elinor Ostrom. politóloga estadounidense y Nobel de Economía, hace 3 décadas nos mostró que existen otras formas de administración colectiva, que bajo ciertas condiciones cumplen dicha función social de manera sustentable y sostenible. Pero para pensar fuera de la matrix, las reglas del juego debiesen cambiar, y las cifras avalan que el modelo económico extractivista sustentado en la actual constitución, no nos permite otro tipo de gobernanza ambiental, sino que exacerba la concentración de la propiedad de los bienes comunes y su uso desmedido sin considerar una función social ni menos ecosistémica. Por ejemplo, el caso del agua en Chile, emblemático a nivel mundial, no sólo no se asegura el consumo humano, sino tampoco se gestiona pensando en la sostenibilidad ecosistémica.

¿Qué proyectos amenazan actualmente la biodiversidad y conservación de las áreas naturales de la Región de Coquimbo?

En un estudio que publicamos junto a investigadoras e investigadores de la Universidad de La Serena y Universidad Católica del Norte, en mayo de este año (Carranza et al-, 2020), recopilamos antecedentes de los proyectos relacionados a conflictos socioambientales en Chile y las relacionamos con las amenazas a la biodiversidad. Identificamos 283 proyectos a lo largo del país, en su gran mayoría (59%) del sector minero y energético que, además, están íntimamente relacionados. Entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo se ubican casi un tercio de los proyectos extractivistas asociados a estos sectores, que generan impactos como la destrucción y/o fragmentación de hábitats, contaminación de los ecosistemas y pérdida de servicios ecosistémicos. En Antofagasta, Atacama y Coquimbo dichos proyectos están ubicados en áreas de alto valor para la conservación, incluyendo zonas donde existen áreas protegidas en que el Estado ya ha invertido por décadas. Sumado a lo anterior, y que no fue recogido por este estudio, una presión subevaluada se evidencia con la parcelación indiscriminada en sectores rurales, debido a la ausencia de ordenamiento territorial que respete continuidades ecosistémicas o que reserve para protección zonas que inclusive han sido definidos como sitios prioritarios para la conservación. Las regiones de Atacama y Coquimbo reúnen la mayor cantidad de especies endémicas del país, que están desapareciendo en este mismo momento.

¿Crees que existe interés de participar de ambientalistas como constituyentes en caso que gane el Apruebo y la Convención Constituyente?

Absolutamente. Permíteme un alcance, porque creo que toda y todo constituyente debiese ser ambientalista, o sea entender nuestra imbricada interacción con la naturaleza es la base para construir una sociedad que camine hacia una economía del bienestar. No hay otra forma, el ambientalismo no es una moda, ni un grupo, ni un concepto; nuestros pueblos originarios de toda América, hablan en sus cosmovisiones sobre la horizontalidad con los seres no humanos. Bajarse del podio antropocentrista que nos tiene en esta crisis global y entender nuestro humilde pero preponderante papel en cambiar el curso de las cosas es urgente. IPBES nos señala como los principales impulsores de esta crisis, a través de nuestra forma de vivir y relacionarnos como sistemas socio-ecológicos (demografía, aspectos socioculturales, tecnología, economía, institucionalidad, gobernanza, conflictos y epidemia).

Y efectivamente durante este último año se han hecho esfuerzos enormes individuales y colectivos, desde movimientos sociales, ONG, colectivos, estudiantes y academia para que se considere avanzar en un proceso constituyente socio-ecológico. Esperemos que el proceso esté a la altura para una participación democrática, amplia e independiente para asegurar un futuro próspero para las nuevas generaciones.

¿Existe o no una medio ambientalista feminista y cuál es su mayor contribución? 

Los ecofeminismos, que funden el feminismo y la ecología, llevan ya medio siglo contribuyendo a la discusión sobre los paradigmas que nos tienen en esta situación de crisis socio-ecológica. Cuestiones como la dualidad patriarcal jerárquica que posiciona al hombre por sobre la naturaleza, así como por sobre lo femenino y la cultura; dan cuenta de la forma en que hemos construido nuestra relación con la biodiversidad, entre nosotros y el planeta. Por lo que, para saltar a una ética del cuidado y pro-vida, entender el valor de lo diverso, de la ecología, de la otredad, de la ecodependencia desde una visión no patriarcal ni binaria, es una de las mayores contribuciones de las corrientes ecofeministas. Tenemos referentes mundiales tremendas desde el norte global (Rachel Carson, Mary Mellor, Yayo Herrero), o como Vandana Shiva representando la visión del sur. Además, una mirada local se ha ido construyendo desde Latinoamérica; no sólo desde teóricas como Ivone Gebara, Maristella Svampa o Brigitte Baptiste, sino también desde la praxis de la mano de defensoras que pusieron su cuerpo, como Berta Cáceres en Honduras, tristemente asesinada como muchas otras. En Chile, si bien el feminismo tiene una larga data (Julieta Kirkwood, entre otras), el ecofeminismo no está presente hace tanto, pero podemos reconocer liderazgos desde defensoras de territorios catalogados como “zonas de sacrificio”: recuerdo a Francisca Fernández Droget (MAT y coordinadora 8M) o a Carolina Orellana de Quintero-Puchuncaví, que no sólo colocan discurso sino también propuestas de soluciones territoriales a los extractivismos.

También, Sara Larraín, desde la ecología política tiene una trayectoria notable en la defensa del patrimonio natural en Chile. Y hay muchas mujeres ecofeministas desde el mundo académico y desde el activismo; Violeta Rabi, Pamela Poo, sólo por mencionar algunas. Finalmente, no puedo dejar de mencionar a defensoras mapuches como Macarena Valdés y las hermanas Quintremán. Pero lo más importante es hanlar de liderazgos colectivos.