Superar el nivel de deshumanización que generó el neoliberalismo en las relaciones sociales, hasta llevar a partes importantes de la sociedad a un punto de agotamiento implica, desde esta visión, avanzar en profundidad democrática, redistribuyendo  el poder en el ámbito de la economía, la política y el mismo Estado. A continuación, cinco pilares básicos estructurantes hacia un nuevo tipo de convivencia:

 1.-Derechos Universales

El horizonte es  avanzar hacia una sociedad construida sobre la base de Derechos Universales, también llamado Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar sobre el que se fundan las libertades individuales. Lo sustantivo de las sociedades bajo estos modelos  es que a  partir del Estado mantienen el control de los bienes esenciales para el desarrollo de un tipo de sociedad más humana, decente y pacífica. Desde este punto de vista, las políticas de focalización han sido un completo fracaso y quedan descartadas.

Los países con Estados de Bienestar cuentan, por el contrario, con una mejor institucionalidad democrática, las leyes en general se respetan, la codicia está acotada, la corrupción es sancionada y la distribución del ingreso es más justa. El juego de la política democrática, sin las trampas de nuestro ordenamiento jurídico, ha permitido que subsistan en el tiempo.

Al respecto, si bien estos modelos de sociedad marcaron la organización de la  vida en comunidad de la Europa post Segunda Guerra Mundial, y de hecho permitieron su desarrollo e integración, tampoco hay que idealizarlas. Si así fuera, no podríamos explicarnos por cuales motivos gobiernos y partidos políticos socialdemócratas dieron paso a la irrupción de gobiernos de ultraderecha, racistas y xenófobos, hoy en pleno ejercicio del poder en varios de estos países.

Para mayor ampliación, el economista e investigador francés, Thomas Piketty, en su libro Capital e Ideología, proporciona una visión y propuestas innovadoras basadas en la investigación y el estudio de varios países europeos y de otros continentes. Recomendable. 

  1. –  Rol del Estado

Una sociedad moderna busca la integración de sus miembros, distribuyendo poder y riqueza.

En efecto, derechos políticos sin derechos sociales asociados que garanticen a todos los habitantes de la nación un piso básico para poder crecer y desarrollarse, no serán suficientes para construir una sociedad civilizada. Pero tampoco lo será si es que la riqueza no es distribuida justa y equitativamente entre sus miembros, la codicia acotada y los abusos ejemplarmente sancionados.

La evidencia nos señala que el mercado por sí solo se pervierte como lo indican las colusiones empresariales, ahonda en las desigualdades, no agrega valor a los procesos productivos y por sobre todo no construye país, por lo menos en los términos que acá lo concebimos, es decir, con un mínimo de decencia en las relaciones sociales y económicas e integrando a sus miembros a los frutos del desarrollo, rol esencial de todo Estado democrático.

 3.-Libertades versus derechos

La “libertad de elegir”, además de ser mentirosa, porque no todos tienen recursos para “elegir”, es profundamente individualista, puesto que genera condiciones para debilitar todo aquello asociativo y comunitario, y es lo que debilita la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En un contexto de darwinismo social como el nuestro, los depredadores ganan.

Por eso, para superar positivamente la limitación de la concepción neoliberal que antepone la “libertad de elegir” a todas las demás libertades, es decir restringe la libertad a la capacidad individual a quien pueda comprar salud, educación, pensiones, entre otros, el país requiere avanzar decididamente hacia un modelo de sociedad basado en  derechos universales, que permita emparejar la cancha como ocurre en la mayoría de los países con democracias avanzadas.

4.-Derechos Políticos Individuales y Régimen Político  

Una democracia plena debe permitirle  a toda persona ejercerlos en total libertad, elegir y ser elegido en los sistemas de representación a cualquier nivel en el que existan, en un contexto de respeto a lo distinto, a las minorías, a la diversidad sexual y de género, a los pueblos originarios otorgándoles rango constitucional en el marco de un Estado plurinacional, y teniendo a la democracia y al pluralismo como el sustento que amalgama la convivencia de la sociedad.

Así, es función básica de la política institucional crear los canales que hagan efectiva la participación ciudadana en los asuntos públicos. Es preciso reiterar, que en la sociedad digital de nuestros días, la política institucional es otra forma más, no la única.

Si ello aún no ha quedado lo suficientemente claro, solo bástenos con mencionar que en los principales episodios de descontento social de los últimos 15 años (Revolución pinguina, 2006, movimientos estudiantiles y otros, 2011; estallido social, 2019) la política institucional estuvo crónicamente ensimismada, literalmente conviviendo al margen de la sociedad y, en los casos más groseros, en oposición a ella. En el intertanto, los movimientos sociales se conectaban y coordinaban a través de  modernos medios digitales.

Por eso, para avanzar en el resguardo de la convivencia democrática,  es necesario incorporar en la Nueva Constitución, formas de democracia directa en la que la ciudadanía tenga la opción de participar del proceso político, en complemento a los procesos electorales que ocurren cada cuatro años en la mayoría de los niveles del Estado: los plebiscitos vinculantes, son herramientas concretas y prácticas, que permiten corregir la marcha del país cuando el proceso político presenta visos de descomposición o estancamiento como el que vivimos.

De este modo,  formas de control de la ciudadanía sobre sus representantes, que hoy solo existen en las elecciones cada cuatro años, son necesarias aunque no suficientes. La Nueva Constitución debe considerar mandato revocatorio a mitad del Mandato de los representantes populares, cuando existan evidencias fundadas de prácticas reñidas con los propósitos para los cuales dichos representantes fueron electos. Así también, es necesario incorporar iniciativa popular de ley con cierto quórum.

La convivencia de la sociedad es demasiado importante como para dejarla solo en manos de “expertos” en política. En rigor, la crisis actual del país, con otro elevado costo humano, sugiere que las experticias sean puestas en cuestión. De cualquier modo, la crisis de los sistemas convencionales de representación tiene solución por la vía de transferirle parte de su poder a la sociedad, a menos que la sociedad decida en este proceso constituyente renovar su confianza íntegramente  en la política institucional. Lo que dejó  de ser  mi caso.

5.-Economía pujante y solidaria

Dicho todo lo anterior, al Estado le cabe un importante rol en los procesos productivos a que ha dado lugar la economía del conocimiento.

En tal sentido, el Estado deberá asumir un rol de fomento productivo en sintonía con el medio ambiente, con fuerte acento en ciencia y tecnología, que le permita al país desarrollar nuevas capacidades de cara a los desafíos del siglo XXI y asegurarle a las nuevas generaciones los recursos necesarios para su sobrevivencia digna. Una política industrial que, basada en la investigación y desarrollo, tendrá que superar el modelo imperante basado en la extracción de materias primas y la agro-exportación.

Lo mismo que la necesaria diversificación de nuestra matriz productiva, al Estado le cupe por su parte un rol central en la articulación de la sociedad. En medio de una sociedad más compleja, un mundo globalizado afectado por el calentamiento global y la emergencia climática, la pandemia en curso y el ramillete de crisis en pleno desarrollo,  plantean la doble  necesidad de modernizarlo y descentralizarlo.

Al respecto, la descentralización acá planteada concibe dos dimensiones. Por una parte, aquella tradicional como lo es la descentralización hacia las regiones y  los municipios, y la aún pendiente necesidad de dotar a estos niveles subnacionales del territorio de mayores competencias y recursos de modo tal que sean efectivamente la ventana de ingreso al Estado.

También, y como parte de una misma concepción de descentralización moderna y efectiva, el Estado promoverá políticas y programas de fomento de cooperativismo productivo en alianza con organizaciones intermedias de la sociedad y las municipalidades y desarrollará otras formas intensivas en asociativismo y colaboración con las comunidades locales, como por ejemplo, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumidores y otras similares que contribuyan a ponerle fin a la deshumanización que ha introducido el neoliberalismo en el alma de Chile, fomentando la competencia en lugar de la colaboración, un individualismo exacerbado por la búsqueda sin límites del éxito, a costa muchas veces de un sentido básico de comunidad.

Pero también  empezar a dejar atrás la traumática relación del Estado con la sociedad civil, que ante su incapacidad de absorber sus demandas, las reprime, violando sus derechos humanos. Esa es la historia de nuestro país, agravada hasta lo indecible durante la dictadura cívico- militar de Pinochet y retomada como práctica de Estado por el actual Gobierno.

Chile, pese a todo, tiene salida.