Periodista.
La aprobación de la Ley Corta que guste o no, favorece a las Isapres aunque sea por poco tiempo, fue un verdadero termómetro respecto del liderazgo del gobierno y particularmente del Presidente Gabriel Boric. No fueron pocos los parlamentarios oficialistas que pusieron el grito en el cielo calificando la nueva ley, como un “perdonazo” a las odiadas por unos y queridas por los menos, Isapres. En tiempos pre electorales, este tipo de problemas sirve con mucho para lograr pantalla. Y allí estaban los detractores descalificando la propuesta gubernamental cuya aprobación se logró con grandes dificultades .Definitivamente, el gobierno no tenía salida con este problema.
La Ley Corta –como se la bautizó- se aprobó y no dejó contento a nadie. Ni siquiera a las verdaderas responsables del peligro que vivió el 17 por ciento de chilenos y chilenas de ingresos más altos (3,3 millones) afiliados a esas aseguradoras de quedarse sin prestaciones de salud: las Isapres, que durante años cobraron por encima de toda norma a sus clientes. De ello dio cuenta la Justicia. La Corte Suprema reaccionó a la masiva judicialización por las alzas de los valores de las aseguradoras. A través de un fallo dictado el año 2022, obligó a las Isapres a ajustar el valor de sus planes y devolver millones de dólares por cobros excesivos a sus afiliados. De cumplir el fallo, quedaban al borde del colapso financiero. La deuda supera -según la Superintendencia de Salud- los US$1.500 millones. Para las Isapres y sus defensores en el Parlamento, era algo «impagable».
El lunes era el día D. Si no se aprobaba la Ley Corta, podía ocurrir una catástrofe de proporciones para los afiliados al sistema. Y también para el sistema público. El punto era que un potencial quiebre de las Isapres, dejaría en el descampado a chilenos y chilenas usuarios habituales de esos planes de salud, y lo peor, el impedimento objetivo de continuar con procesos médicos en pleno desarrollo, como un cáncer por ejemplo. El éxodo hacia Fonasa hubiera sido masivo. Y el Estado no tenía la capacidad de acogida que se requiere. Por ahora.
La cuestión es que se conjuró la crisis. La iniciativa aprobada por la mayoría de los parlamentarios fue un verdadero dolor de cabeza para el Ejecutivo. No es menor tragarse el alza de los precios en los planes de salud de sus afiliados. Será inevitable. Y aunque el oficialismo se tragó ese sapo entre otras lindezas, lo cierto es que la derecha tampoco quedó contenta con la aprobación de la modalidad de una cobertura complementaria en Fonasa, y menos, con la prohibición de retirar utilidades a los dueños, hasta que no paguen hasta el último peso de la deuda con los afiliados. Para disgusto de muchos, Fonasa resultó muy fortalecido.
Y quienes sintieron que el vellocino de oro estaba a un tris de salir de su control fueron las Isapres. Así lo evidenciaron Banmédica y Vida Tres, que emitieron un comunicado expresando su descontento ante el proyecto de ley aprobado. Señalaron que este “no consideró ninguna de las múltiples soluciones técnicas presentadas por diversos expertos que permitían mitigar el impacto que genera sobre las personas el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores”.
Y por supuesto, señalando que su preocupación era la suerte de sus afiliados, deslizaron cuál era su miedo real: “la ley aprobada, aun cuando permitiría alcanzar un equilibrio en el corto plazo, no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo. Por el contrario, genera importantes distorsiones en los precios de los planes de salud”.
Esta ley corta establece un plazo máximo de 13 años para que la deuda sea devuelta a los afiliados menores de 65 años. En el caso de los mayores de 65, el lapso se reduce a cinco años, mientras que para los mayores de 80 años este plazo baja a dos años.
Las responsabilidades
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, finalmente lograron imponer la propuesta del gobierno, aunque –y lo han dicho en todos los tonos- no quedaron felices con ello.
Fue un trabajo arduo el de ambos secretarios de Estado. Se aprobó la ley que curiosamente dependía más del oficialismo que de la oposición. Es que los díscolos abundaron en algún momento. Ejemplo de ellos fue la posición asumida, por ejemplo, por dos senadores socialistas: Alfonso de Urresti y Juan Luis Castro. Este último llegó a decir que con la aprobación de estas normas “se estaría volviendo a castigar a la gente”. De Urresti, por su parte señaló que no quiere “ser cómplice en avalar una situación que no beneficia a los ciudadanos y, peor aún, consolida una situación dolosa”.
Por ello es que entre ires y venires, y previo a la votación, la ministra denunció que se había llegado a esta situación “por responsabilidad de la industria y la inacción legislativa». Dijo que «el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad» creando un proyecto para cumplir la sentencia «dando estabilidad al sistema»
Añadió que de no aprobarse la propuesta, “se arriesga seriamente que las seguradoras puedan continuar con su función y continuar con el financiamiento de las prestaciones a los afiliados». Advirtió que la situación de insolvencia en la que entrarían las Isapres sin esta ley, «arrastraría a prestadores privados, quienes son fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población».
La defensa del Presidente
El Presidente Boric salió a defender su propuesta. “Para nuestro gobierno la posición fue siempre clara. Había algunos que señalaban que nosotros no teníamos interés en resolver este problema. Sin embargo, nosotros señalamos que nuestra posición desde un principio era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazo. El proyecto aprobado logra esto, además, otorgando estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante”.
No evitó repasar la irresponsabilidad de las Isapres: “…durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos como ha establecido la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios. Hay una irresponsabilidad allí que provocó este complejo escenario. Los montos cobrados en exceso deben devolverse y las Isapres van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad”, dijo Boric.
Y por supuesto, destacó lo logrado para Fonasa: “Existirá un fortalecimiento histórico a Fonasa que hoy atiende al 84% de la población. Estos usuarios de Fonasa ahora podrán contar con seguros complementarios que les darán mejores condiciones económicas para también tener sus atenciones en prestadores privados, lo que se suma además a todo lo que hemos avanzado en materia de Copago Cero que ya ha beneficiado a más de un millón de personas”.
