A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri presentó este miércoles, junto a dirigentas de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus), un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para corregir falencias críticas en la implementación de esta norma en el sector público.
La iniciativa busca enfrentar los nudos que hoy impiden una aplicación efectiva de la Ley N.º 21.643 en servicios públicos y municipios, entre ellos, la falta de fiscales, la ausencia de protocolos estandarizados, la demora en investigaciones y la carencia de apoyo real a las víctimas.
“Sabemos que la Ley Karin —su nombre en honor a Karin Salgado— fue sin duda un paso histórico en materia de derechos laborales. Costó mucho sacarla adelante. Detrás hubo el esfuerzo valiente de muchas mujeres, funcionarias y funcionarios que no bajaron los brazos frente al abuso. Esta ley fue una conquista necesaria para comenzar a erradicar el acoso laboral y sexual en nuestros espacios de trabajo”, señaló la diputada Ana María Gazmuri.
“Pero a casi un año de su entrada en vigencia, nos enfrentamos a una dura realidad: una violencia más extendida e invisibilizada de lo que imaginamos, y un sector público donde la ley no se cumple como corresponde. Las víctimas siguen sin ser escuchadas, los procedimientos se entrampan, no hay fiscales suficientes y muchos servicios aún no cuentan con protocolos claros. Esta reforma busca justamente eso: garantizar que nadie quede desprotegido al momento de denunciar, que las investigaciones sean serias, rápidas y con respaldo real para las víctimas. El Estado tiene que dejar de ser cómplice por omisión”, agregó la parlamentaria.
El proyecto incorpora cambios al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a las leyes de base de la administración pública, estableciendo nuevas obligaciones para los servicios del Estado, permitiendo la designación de fiscales ad hoc, asegurando atención médica y psicológica para víctimas, y reconociendo el tiempo con licencia como efectivamente trabajado. Además, promueve la participación obligatoria de asociaciones de funcionarios en la elaboración de protocolos y abre la posibilidad de crear oficinas encargadas de velar por los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, encargada de la unidad de género y diversidad, valoró la iniciativa y la necesidad de avanzar en una implementación real de la ley: “desde la Confederación de Profesionales de la Salud compartimos este proyecto porque creemos que la Ley Karin debe dejar de ser solo letra en el papel. Hoy somos el segundo sector más afectado por acoso laboral y sexual, y venimos a exigir que se incorpore de forma obligatoria a los gremios en la elaboración de los protocolos, además de acompañar a quienes denuncian”, indicó Iturriaga.
“También pedimos que existan oficinas de seguimiento que protejan los derechos fundamentales de las y los trabajadores, y que se reincorpore la inhabilidad de cinco años para quienes hayan sido destituidos por acoso o agresión sexual. A las autoridades y a los medios, les pedimos visibilizar esta lucha, porque también sufrimos violencia externa, y somos miles quienes día a día servimos a la función pública con compromiso y respeto”, finalizó.